El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que los montes y su gestión forestal sostenible se han convertido en una herramienta fundamental del Ejecutivo autonómico para “vertebrar y dinamizar las áreas rurales”. La nueva Ley de Montes promueve los aprovechamientos conjuntos, simplifica trámites, potencia los servicios ecosistémicos e incluye novedades en materia de prevención de incendios y certificación forestal.
El Ejecutivo autonómico ha movilizado durante la actual legislatura 31,6 millones de euros tanto para tratamientos silvícolas, como para incentivar a las empresas forestales y, en este recién 2023, son 13,9 millones de euros los que pone a disposición del sector para tal fin.
El Gobierno regional ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes el proyecto de modificación de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha con el que va a actualizar la Ley 3/2008, de 12 de junio. Como ha señalado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, “hemos decidido mejorar la regulación de la normativa forestal regional, que tenía más de 14 años de antigüedad, para fortalecer el papel de los bosques en el desarrollo sostenible de la región”.
En este sentido, ha recalcado que los montes y su gestión se han convertido en una herramienta fundamental del Ejecutivo autonómico para vertebrar y dinamizar las áreas rurales. “No sólo buscamos generar riqueza en sus entornos, sino que impulsando su gestión sostenible potenciamos los trabajos de prevención de incendios forestales y contribuimos a mitigar los efectos del cambio climático por su capacidad natural como sumideros de carbono”, ha insistido.
Al respecto, ha puesto en valor que “una región con más de 3,5 millones de hectáreas de superficie forestal (un 44 por ciento de su territorio), necesitaba revisar la legislación, conscientes del rol que juegan los montes en la calidad de vida de nuestra sociedad, en su ciclo hidrológico, la protección de nuestros suelos o la conservación de la biodiversidad”, ha recalcado.
Escudero ha subrayado que estos cambios normativos han venido acompañados a lo largo de los últimos años de importantes inversiones en el sector recordando que, en lo que llevamos de legislatura y desde el año 2019, “hemos movilizado 31,6 millones de euros tanto para tratamientos silvícolas, como para incentivar a las empresas forestales”. Y en este recién estrenado 2023, “son 13,9 millones de euros los que estamos poniendo a disposición del sector a tal fin”.
Novedades: gestión de incendios, aprovechamientos conjuntos, trámites y fondos
El titular de Desarrollo Sostenible ha repasado los aspectos más novedosos de la ley. Entre los mismos, ha destacado que facilita que los ayuntamientos, mancomunidades y otros propietarios se agrupen para sacar al mercado aprovechamientos conjuntos y “simplifica los aprovechamientos domésticos (menos de 20 estéreos o cinco metros cúbicos de maderas/leñas) de nuestros vecinos para calefacción por leñas en invierno, ya que sólo necesitarán para las mismas una declaración jurada y el visto bueno de los agentes medioambientales, en vez de tener que tramitar una autorización y abonar una tasa en una entidad bancaria como sucedía hasta ahora”.
También, ha subrayado que, a través de la ley, “se consolida el fondo de externalidades de los ecosistemas forestales, una iniciativa pionera a nivel nacional y europeo que nos convierte en referencia en el sector y que nos coloca a la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible en nuestros montes”, ha dicho, en referencia a la recién creada ‘Alianza por los servicios de los ecosistemas’ que ya ha “movilizado más de 2,5 millones de euros de fondos procedentes de municipios y empresas que se van a revertir en la gestión de los propios bosques”. Así, ha recordado que “el pasado mes de octubre celebramos el I Foro Internacional de esta Alianza y ya estamos trabajando en el segundo foro, que se celebrará en octubre de 2023”.
En materia de prevención y gestión de incendios forestales, Escudero ha indicado que esta actualización de la legislación de montes declara de interés general los trabajos recogidos en los planes de defensa y de emergencia por causa de incendios; la obligatoriedad de permitir labores preventivas y la creación de un seguro de responsabilidad penal para personal responsable de la extinción.
En definitiva, según ha recalcado, “es una ley que se merece el sector forestal de Castilla-La Mancha para generar riqueza en las comarcas rurales gracias al aprovechamiento adecuado y óptimo de sus recursos”.
Novedades de la certificación de productos forestales
El consejero ha anunciado otra iniciativa novedosa que va a llevar a cabo el Ejecutivo de García-Page. En línea con el compromiso del Gobierno regional por la gestión sostenible de los montes, reflejado a través del avance en la certificación de los productos forestales, (madera, corcho, resina), así como en la gestión de los montes de los cotos sociales de caza, demostrando la práctica cinegética como herramienta sostenible de gestión, “vamos a iniciar la certificación ecológica de los pastos de los montes patrimoniales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los Montes de Utilidad Pública de la región, como herramienta de impulso a la ganadería extensiva en la región”, ha afirmado.
“La ganadería extensiva juega un papel fundamental en la economía rural y en la gestión de la vegetación, por lo tanto, garantizar que nuestros productores y, en este caso nuestros ganaderos en extensivo, puedan acceder a los mercados más exigentes por pastar en zonas con certificación forestal y certificación ecológica de los pastos forestales les aportará un valor añadido a sus productos, a la vez que nuestra región avanza con los objetivos de la Comisión Europea”.
En esta línea, ha remarcado la apuesta firme de este Gobierno por seguir avanzando en la implantación paulatina de los sistemas de certificación en nuestros bosques que “acreditan la correcta gestión de los montes de los cuales obtienen sus bienes y servicios. A día de hoy, ya hemos logrando la certificación de casi 100.000 ha a nivel regional (98.734), y seguimos avanzando para alcanzar las 200.000 a lo largo de 2023”.
Cinco leyes en materia de desarrollo sostenible en la presente legislatura
Por último, el consejero se ha mostrado muy satisfecho porque, a expensas de completar su tramitación y aprobación en las Cortes regionales, la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, “va a representar la cuarta norma que el Gobierno regional va a aprobar en esta legislatura a través de una Consejería de reciente creación, como es la nuestra, para impulsar el desarrollo sostenible de la región”.
Así se refería, por orden cronológico, a la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha aprobada el 29 de noviembre de 2019, “primera en España en esta materia y actualmente una referencia nacional y europea”; la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental regional, “una garantía para la protección del medioambiente y una apuesta por el desarrollo económico sostenible”; y la Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables, “que aprobamos con la finalidad de acelerar el despliegue de renovables de cara a paliar los efectos económicos y sociales derivados de la invasión rusa de Ucrania”.
A éstas se unirá en quinto lugar, la nueva Ley de Vías Pecuarias, pendiente de su aprobación en las Cortes regionales, “con la que protegeremos nuestro dominio público pecuario de forma compatible con las expectativas de la sociedad actual y con respeto a su función original de tránsito ganadero”, ha concluido el consejero.
