En cinco de las ocho provincias andaluzas, 118 municipios ya sufren cortes de agua y, en Cataluña, 24 municipios han alcanzado el “estado de emergencia”, el más grave recogido en su plan de sequía
La situación podría empeorar y afectar a varios millones de personas
Tenemos agua escasa, contaminada y mal gestionada. Una temeridad por parte de nuestros responsables políticos que podría llevar al colapso al país
Más de 600 municipios andaluces y catalanes padecen ya restricciones en el uso del agua. Éstas van desde los casos más severos, como cortes totales en el abastecimiento, o cortes nocturnos, hasta limitaciones en usos agrícolas, industriales, lúdicos, prohibición de riegos en zonas verdes (públicas y privadas), limpieza de calles con agua potable y reducción en las dotaciones de agua por habitante y día.
El año 2023 está siendo especialmente seco, las reservas de agua embalsada a nivel estatal están en el 42% y las previsiones, al menos hasta finales de septiembre, no son demasiado optimistas en cuanto a lluvias que sirvan para paliar esta grave situación. Sin duda, el cambio climático y la mala gestión del agua están haciendo estragos, no solo en los campos y los ecosistemas del país, sino también entre las personas. Recientemente Greenpeace ha publicado un informe donde se advierte de cómo España experimentará sequías diez veces peores que las actuales, y de que los períodos secos y el calor reducirán la disponibilidad de agua dulce y amenazando las actividades humanas.
La Península Ibérica ha sufrido múltiples sequías, ya que es un fenómeno meteorológico habitual por nuestra situación geográfica. Sin embargo, la emergencia climática y la mala gestión del agua están agravando este proceso. Esto hace que los períodos sin precipitaciones sean cada vez más intensos y duraderos. Consumimos una cantidad de agua muy superior a lo que podemos permitirnos. Un consumo desmedido que se produce principalmente por el cambio hacia una agricultura y ganadería intensivas e industriales que se llevan el 80% del agua. Esto en un país con el 75% de su territorio en grave riesgo de desertificación y donde más de un millón de pozos ilegales extraen sin control un recurso fundamental para la vida. Una temeridad por parte de nuestros responsables políticos que podría llevar al colapso al país.
“Nuestro país está condenado a sufrir sequías cada vez peores, y los datos científicos así lo corroboran desgraciadamente. Tenemos que hacer frente a la emergencia climática y tomar medidas. Es importante gestionar mejor la escasez de agua, reduciendo el regadío intensivo e industrial y adaptarnos a la nueva situación”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace.
En este momento, las zonas más afectadas son Andalucía, con 118 municipios afectados por los cortes y limitaciones en el uso del agua, que se distribuyen por las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla, y Cataluña, donde han entrado en “estado de emergencia” (el más grave) 24 municipios de los 495 que ya estaban en fase de “excepcionalidad”.
En Andalucía la cuenca del Guadalquivir, con un nivel de agua embalsada del 21,1%, se encuentra en graves dificultades. La situación más dramática se está viviendo en el norte de Córdoba en el área servidas por los embalses de Puente Nuevo (11,74 %) y Sierra Boyera (0 %). También, el área metropolitana de Sevilla (gestión de EMASESA) tiene restricciones.
Toda la parte alta de la cuenca del Tinto, Odiel, Piedras, que se abastece de manantiales y acuíferos, está sufriendo cortes de agua. El campo de Gibraltar, perteneciente a la cuenca del Guadalete Barbate, tiene restricciones en el uso de duchas en playas, llenado de piscinas y baldeos de calles. En las cuencas internas de Andalucía, el embalse de la Viñuela está al 8,48%. Vélez Málaga, con más de ochenta mil habitantes, es el municipio con más población que tiene restricciones de agua. También otros municipios turísticos como Nerja y el Rincón de la Victoria tienen ya restricciones.
En el caso de Cataluña, el pasado 2 de agosto se ha llegado, por primera vez en su historia, a elevar la situación a “estado de emergencia”, el más grave contemplado en el vigente Plan Especial de Sequía de 2020, por la falta de agua. Estos municipios se reparten principalmente en el área del acuífero del Fluvià Muga (22 municipios), en el Alt Empordà, y en el embalse de Riudecanyes (2 municipios), en el Baix Camp. Se establece así un uso de agua de 200 litros por habitante y día de media por municipio. En el mes de mayo el Gobierno catalán ya decretó la fase de “excepcionalidad” en 495 municipios catalanes a raíz de la sequía, lo que ya suponía restricciones en el uso del agua a una población de más de 6 millones de habitantes, con un límite de agua de 230 litros por habitante y día.
Y la situación podría empeorar aún más, ya que los municipios y ciudades servidas por los ríos Llobregat y Ter (la región central de Barcelona) podrían también entrar en esta situación de emergencia en breve. La fecha prevista podría ser, si continúa sin llover, a finales del mes de noviembre.
