Por Elena Solís Yáñez. Campaña Minería de Ecologistas en Acción
El proyecto minero ha sido paralizado por la justicia hasta en dos ocasiones
Todo indica que es un producto financiero con el que especular
El proyecto de la mina El Moto, en Abenójar, Ciudad Real, promovido por un ex alto cargo de la Junta y por un entramado de empresas especulativas, y apoyado por responsables políticos en el poder, sigue dando mucho que hablar en la comarca y en múltiples organizaciones ecologistas. La mina de wolframio y oro tiene serios indicios de ser solamente un producto financiero con el que especular y obtener altas rentas para los especuladores y, en contraprestación, en virtud de lo que se puede deducir de un análisis del deficiente e incompleto proyecto presentado, tanto en el ámbito minero como medioambiental, comportará graves impactos en la salud y medioambiente.
Uno de los indicios de que puede tratarse de un proyecto especulativo es la premura con que la Diputación de Ciudad Real reclamó acelerar las expropiaciones de tierras de los vecinos que se oponen a la mina; estas empresas siempre actúan igual, ocupan y luego pagan cuando el procedimiento normal es pagar por un suelo y luego ocuparlo.
Precisamente, la justicia paralizó en dos ocasiones el proyecto minero; la primera porque la empresa y el gobierno de Castilla la Mancha argumentaban que era una expropiación forzosa urgente, pero el Tribunal Supremo lo paralizó porque no se explican los motivos de esa urgencia, ni se cumple ningún punto para que esa solicitud prospere, pues también se deben considerar los intereses económicos de las personas y las actividades agrícolas, cinegéticas y demás actividades que se desempeñan, desarrollando una economía sostenible en la comarca. De hecho, la última sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, denegando nuevamente en apelación la urgencia de la ocupación, recuerda esas características de las actuaciones especulativas en el ámbito minero, utilizando la vía de urgencia en la expropiación para evitar el pago en primer lugar a los propietarios y, de esta forma, ocupar las tierras, comenzar las actuaciones y luego, después de haber realizado la operación, pagar después de mucho tiempo al expropiado.
El otro revés judicial que paralizó el proyecto de mina El Moto se produjo tras numerosas advertencias y denuncias previas en la vía administrativa de asociaciones como Ecologistas en Acción, SEO y otros colectivos que alertaron en varias ocasiones sobre las gravísimas e invalidantes posibles irregularidades administrativas y ambientales que rodearon a este proyecto desde su inicio, irregularidades estas que podrían determinar la nulidad del procedimiento, cuando no otras consecuencias jurídicas mas graves.
Concretamente, Ecologistas en Acción-Ciudad Real presentó alegaciones al detectar deficiencias en el expediente ya que no se había presentado el estudio hídrico integral que exige la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho estudio analiza las filtraciones y expulsión de agua de las galerías de la mina y planifica el tratamiento de los fluidos tóxicos. La carencia de dicho documento pone en riesgo la seguridad de la población puesto que metales pesados de alta toxicidad como son el arsénico o el mercurio podrían pasar al agua de los acuíferos, arroyos y embalses.
Otro indicio que denota poca transparencia es que nada se dice de la ‘riqueza’ que se quedará en la comarca, de los paupérrimos sueldos de los trabajadores de baja cualificación en las subcontratas, ni de que tan solo se pagará en impuestos el 1 % de los beneficios de las esperadas 500.000 toneladas anuales de concentrado de wolframio y oro, cantidad esta en absoluto justificada ni probada en el expediente, dada la falta de catas y análisis respecto a las reservas de material. Añadir que este proyecto se fomenta con la excusa de crear 175 puestos de trabajo directos declarados, cifra que será obscenamente inferior como se ha demostrado en las demás minas, al final se emplea poca mano de obra y muy especializada, la mayoría de fuera de la zona en subcontratas específicas. Igual ocurre con la duración estimada de la explotación, 15 años, mientras que en la DIA figuran 18.
Es irrelevante el poco empleo que se creará como para poner en riesgo la salud de la población y del medio ambiente. Tras quince años de explotación (de llevarse realmente a cabo la explotación y de cumplirse al expectativa de existencia de material que, como hemos dicho, no está justificada) solo quedará la balsa de lixiviados tóxicos, cancerígenos en su mayoría, enturbiando el sueño de la población y el nivel de empleo volverá a la situación actual, habiendo dejado un siniestro solar tóxico e irrecuperable e imposibilitando el desarrollo de las buenas expectativas sobre otras fuentes de empleo medioambientalmente sostenible, tradicionales y no invasivas y que si llegarían a la inmensa mayoría de la población.
Otro indicio es que vayan de la mano en este proyecto políticos y promotores siendo uno de ellos Pedro Aránguez Ruiz, exdelegado provincial, director general y exviceconsejero de Industria de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono, actualmente catedrático de la Escuela de Minas de Almadén. Aránguez Ruiz está vinculado con la Administración autonómica de múltiples maneras y durante las últimas décadas, siendo también representante y asesor de la Asociación de ITV ante la Junta, y figuró, al igual que ahora el actual director general de Industria y Minas, José Luis Cabezas Delgado, en el consejo de administración de Gas Natural Castilla-La Mancha S.A. Las relaciones societarias de miembros políticos en activo de la Junta con grandes empresas parece ser, más que puertas giratorias, despachos compartidos. José Luis Cabezas fue vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y es, en la actualidad, consejero en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y en la empresa de la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco Jiménez, presidenta del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha S.A. José Luis Cabezas salió a la luz pública por sus charlas informativas defendiendo los proyectos de minería de tierras raras en los pueblos del Campo de Montiel, Ciudad Real, junto a uno de los promotores.
La empresa titular del proyecto de la mina de Abenójar, Mining Hill’s S.L., fue promovida por José Manuel Fidalgo Alonso, un antiguo socio de Pedro Aránguez, profesor de la Escuela de Minas de Madrid, pero está presidida por el hijo de Fidalgo. A esta empresa vendió Aránguez los derechos del proyecto de Abenójar (adquiridos antes de que se produjera la liberación de las antiguas reservas estatales de Almadén y sus ampliaciones y se creara el Concurso de Registros Mineros Caducados de Ciudad Real en 2011) y Fidalgo Alonso le vendió los de Fontanarejo, manteniéndose Aránguez como director facultativo de ambas minas.
Varios de los cargos que están en el consejo de administración de Mining Hill’s están vinculados a Valoriza Minería S.A. (filial del grupo Sacyr) y a un entramado de empresas mineras relacionadas como Promotora de Minas de Carbón S.A., Inversiones Rio S.L. o European Tungsten Company SL, entre otras, tal y como han expresado los grupos ecologistas durante mucho tiempo en diferentes medios. Entre los consejeros destacan Eligio Carlos Blanco Fernández, representante de Mining Hill’s ante la Junta, Gonzalo García San Miguel y Vicente Martín Abad, implicados individualmente o por sus empresas, según Ecologistas en Acción de Madrid, en el caso de Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama junto a otros altos directivos de Sacyr.
Seguimos sumando indicios pues Mining Hill’s S.L., con domicilio en Guadarrama (Madrid), posee un capital social de tan solo 8.000 euros, capital totalmente insuficiente y ridículo para la inversión en El Moto. Esta empresa no cotiza ni en Toronto, ni en Londres ni en Sidney y no tiene ninguna experiencia minera; todo apunta que, en la mejor de las costumbres del sector, especulen con la mina “colocándosela” a una empresa “real” que si tenga capacidad de desarrollarla una vez creada la apariencia de realidad y operatividad de la explotación, o bien sacándola a alguno de los mercados alternativos o secundarios propios del sector. Mining Hill’s o sus socios también han intentando retomar proyectos abandonados como el de la antigua mina de San Quintín o el mismo de fosfatos de Fontanarejo, que no llegó a explotarse por falta de rentabilidad entre los años 80 y 90.
Estamos ante una oleada de minería, diseñada en despachos muy cercanos a la especulación bursátil e ideada para la continua compraventa de derechos, proyectos y autorizaciones. Esto, en España, al amparo de la Ley de Minas de 1973, es muy rentable pues la actividad minera solo tributa en impuestos el 1 % de sus beneficios.
El caso de la mina de Abenójar no se escapa a esta estrategia. Los poderes públicos están facilitando y apoyando la labor de empresas mineras como piezas de un entramado, que tal y como mantenemos, está esencialmente al servicio del lucro especulativo y contra los derechos de seguridad, salud y medioambiente.
