La entidad confía en que la Administración escuche las reivindicaciones del colectivo cinegético y modifique un texto lleno de contradicciones y que excede el marco de la propia ley autonómica
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha considera muy negativa la propuesta de reglamento de la Ley de Caza que ha puesto sobre la mesa la Consejería de Desarrollo sostenible. Y es que se trata de una propuesta que supone un ataque directo al sector cinegético, amenazando su viabilidad y con algunas medidas que dañan e incluso criminalizan al colectivo cazador más allá de lo que establecen las actuales legislaciones regional, nacional y europea.
En este sentido, la Federación lamenta que en el caso de la munición de plomo se planteen en Castilla-La Mancha limitaciones que superan ampliamente el marco europeo, al tiempo que se contempla una definición de humedal muy alejada de la realidad del mundo rural y que en la práctica haría inviable el uso del plomo para la caza. Todo ello sin establecer periodos transitorios, sin llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias económicas de la medida, sin valorar la falta de alternativas y sin tener en cuenta que el marco general normativo -la propia ley autonómica- no hace referencia alguna a este asunto.
Por otra parte, el reglamento propuesto por la Junta, criminaliza a los cazadores, ya que considera a los titulares de cotos responsables de delitos cometidos en sus terrenos, aunque no se haya identificado al autor, e incluso apunta a que las sociedades de cazadores deberían poder obligar a los agricultores a realizar determinadas siembras según las necesidades de la fauna.
Estos son solo algunos ejemplos de un borrador de reglamento que sobrepasa claramente sus límites normativos y que de salir adelante tendría un impacto muy negativo en un sector esencial económica y socialmente en Castilla-La Mancha.
A ello se une la propuesta de Orden de Vedas para la próxima temporada, que prohíbe la caza de la tórtola, a pesar de los enormes esfuerzos que viene haciendo el sector cinegético desde hace años y estando pendiente todavía de analizar la situación en el conjunto de España. Esto sin duda supondría graves consecuencias para el futuro de la especie, ya que no se adopta ninguna medida que garantice la continuidad de una gestión que actualmente únicamente desarrollan los propios cazadores.
Los servicios jurídicos de la Federación de Castilla-La Mancha ya trabajan para presentar las correspondientes alegaciones, y la entidad confía en poder trabajar con la Administración para corregir un texto muy mejorable.
