El Pleno ha dado luz verde a la revisión de una quincena de puntos y cinco disposiciones adicionales de ambos textos, entre los que destaca la implantación de la jornada de 35 horas semanas a partir del 1 de enero de 2019
Con la unanimidad como nota predominante a la hora de abordar el orden del día de la sesión, la Diputación Provincial de Cuenca ha celebrado este miércoles el Pleno de carácter ordinario correspondiente al presente mes de noviembre, que se ha iniciado con la lectura de una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la celebración el pasado día 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que la institución provincial ha hecho suya con el respaldo de los tres grupos políticos.
Una declaración leída por Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, en la que la institución se reafirma en su compromiso de seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo. Es por ello que se exige la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la necesidad de educar en igualdad con el fin de erradicar de la actual sociedad los roles sexuales y aquellos comportamientos que lleven implícita la desigualdad —origen de la violencia de género—, el compromiso con los derechos fundamentales de la infancia, la repulsa por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y poder sobre las mujeres y el compromiso de implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.
Pero si importante ha sido esta declaración institucional no lo ha sido menos la aprobación, también por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en el Pleno, de la modificación parcial del Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo de la Diputación conquense.
Cambios que han afectado a una quincena de artículos y cinco disposiciones adicionales de ambos textos, entre los que destacan la implantación a partir del 1 de enero de 2019 de la jornada laboral de 35 horas semanales, la revisión de remuneraciones por incapacidad temporal, la adaptación de las vacaciones, licencias y permisos no retributivos, la actualización del fondo de pensiones y la mejora de las garantías personales.
La unanimidad también se ha producido a la hora de dar luz verde a la solicitud de Ayuntamiento de Buciegas para sustituir la obra del POS 2018 denominada ‘Pavimentación de calles’ por ‘Renovación del alumbrado’, lo que ha conllevado un cambio del régimen financiero, de tal manera que la Diputación se hacer cargo de la totalidad del coste de la obra al tratarse de un proyecto de eficiencia energética. Apoyo unánime que se ha mantenido igualmente cuando se ha abordado la petición de un trabajador de la Diputación para compatibilizar sus tareas en la institución provincial con la de profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de Castilla-La Mancha; eso sí, fuera de su horario laboral.
Mociones
Una unanimidad que, sin embargo, se ha roto cuando ha llegado el capítulo de las mociones. No en vano, ninguna de las tres presentadas, dos por IU y una por la bancada socialista, han llegado a tratarse al no haber haberse aprobado su urgencia de debate con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de los diputados de IU y PSOE.
Tal ha sido el caso de la moción de Izquierda Unida en la que ha propuesto una batería de medidas con motivo de la conmemoración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. Si bien, aunque no ha sido apoyada por el Grupo Popular, sí se ha propuesto al plenario, por parte del propio Prieto, la confección de una declaración institucional conjunta al respecto con el fin de aprobarla en la próxima sesión plenaria del mes de diciembre.
Idéntica suerte ha corrido la otra moción de Izquierda Unida solicitando la modificación de los criterios de aplicación de la regla del gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puesto que, a juicio de los populares, no es la Diputación la competente en esta cuestión, además, de que en la actualidad se está tratando el asunto en el Congreso de los Diputados.
Y el mismo resultado, por último, ha experimentado la moción del Grupo Socialista demandando una mejora del Servicio de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) de la Diputación, en este caso, tal y como se ha manifestado desde la bancada del Grupo Popular, porque en ningún momento se ha dejado de trabajar para continuar mejorando la prestación de este servicio e ir adaptándolo a la realidad y las necesidades actuales de los Ayuntamientos de la provincia.
