Dipu cuenca pleno

El Pleno ha dado el visto bueno, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de IU, a la modificación de las funciones de los cincuenta gerocultores de la Residencia Sagrado Corazón de Jesús, el incremento de nivel del 16 al 18 y la correspondiente subida salarial de 666,54 euros al año

Por unanimidad, la Diputación ha acordado atender la petición del Ayuntamiento de Cuenca, a instancias del grupo ‘Viva el fútbol’ representado por Antonio J. Taravilla, para poner el nombre de ‘Joaquín Caparrós Camino’ al campo de fútbol conocido popularmente como ‘La bene’

Con el respaldo de populares y socialistas y la abstención de la única diputada de Izquierda Unida, la Diputación de Cuenca ha aprobado en el Pleno ordinario de este martes la mejora de las condiciones laborales del medio centenar de gerocultores de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Un asunto importante que ha querido resaltar Benjamín Prieto, presidente de la institución provincial, porque, de esta manera, se da respuesta a una reivindicación histórica de este colectivo, que viene demandando desde hace 23 años y que finalmente han visto cumplida.

Como consecuencia de este acuerdo plenario, el medio centenar de gerocultores —49 de ellos funcionarios y uno laboral— han visto incrementado su nivel de 16 a 18, lo que se ha traducido en un incremento salarial de 666,54 euros anuales y que conllevará para las arcas provinciales un aumento total en el gasto de personal de 33.327 euros. Pero para ello ha sido necesario acometer una modificación de las funciones del puesto de trabajo de gerocultor que viniera a sustentar dicha subida de nivel y salarial.

Cambio que se ha materializado en la incorporación de funciones tales como participar de manera plena y obligada en las reuniones del equipo multiprofesional, asumir el rol de profesional de referencia velando por hacer efectivo un apoyo personalizado al residente, mantener relaciones de manera habitual con las familias del residente en aspectos de su competencia y asistir en terapias no farmacológicas, principalmente aunque no solo, fisioterapia y rehabilitación, así como acompañar al residente al lugar donde se realiza la terapia y participar en la ejecución de la misma siempre que sea necesario.

Aunque esta vez con el apoyo del Grupo Popular, el rechazo de Izquierda Unida y la abstención de los socialistas, el Pleno también ha dado el visto bueno a la primera modificación de créditos de este año por un importe de 120.000 euros, que permitirá que el Patronato de Desarrollo Provincial pueda gestionar estos fondos y así apoyar con 70.000 euros el proyecto de CEOE CEPYME Cuenca ‘Invierte en Cuenca’ para la atracción de inversiones y empresas a nuestra provincia y con otros 50.000 para ayudar a los Ayuntamientos de la provincia en la contratación de informadores turísticos. Dos asuntos de relevancia, a juicio de Prieto, que, sin duda, vienen a contribuir al desarrollo del territorio.

Unanimidad

La unanimidad, sin embargo, sí se ha dado en la sesión plenaria de este martes a la hora de abordar la solicitud del Ayuntamiento de la capital, a instancias del grupo ‘Viva el fútbol’ representado por Antonio J. Taravilla, de poner el nombre de ‘Joaquín Caparrós Camino’ al campo de fútbol de ‘La Bene’, propiedad de la Diputación. Una cuestión que ha suscitado el respaldo unánime del plenario por considerarla “justa y más que merecida” a tenor de la estrecha relación del actual entrenador del Sevilla FC no solo con la ciudad de Cuenca, sino también con la provincia, y, además, desde hace muchos años.

Unanimidad que igualmente se ha mantenido cuando se ha abordado la revisión y actualización anual del inventario de bienes de la Diputación a fecha de 31 de diciembre de 2018, cuyo valor estimado se eleva a casi 69 millones de euros y en el que ya se incluyen las últimas adquisiciones de la institución, como es el Convento de Padres Franciscanos de San Clemente o el Poblado de Uña, así como, por ejemplo, la adquisición de una acción de la empresa TRAGSA o la cesión de uso a la Diputación de la antigua iglesia de la Trinidad de Moya, ahora acondicionada como alojamiento turístico de singular interés.

También con el respaldo unánime del plenario, se ha aprobado la petición de compatibilidad de una trabajadora de la Diputación para ejercer una segunda actividad laboral como orientadora en un curso de 560 horas de manera no permanente, a tiempo parcial y fuera de su horario habitual de trabajo en la institución provincial.

Pero, sin embargo, la unanimidad se ha roto a la hora de abordar una solicitud similar de otra trabajadora, en su caso, para impartir un certificado de profesionalidad de 290 horas, que, en esta ocasión, no contó con el beneplácito de la Comisión de Personal al ir en contra normativa vigente, por lo que el Pleno ha ratificado dicha negativa con el respaldo de populares y socialistas y la abstención de IU.

Idéntica suerte ha corrido el acuerdo sobre corrección de errores materiales en las bases de ejecución del presupuesto de este año de la institución provincial en relación a una serie de subvenciones, que, sin embargo, están correctamente dotadas en el presupuesto. Un punto que ha recibido el respaldo de PP y PSOE, mientras que Izquierda Unida ha optado por votar en contra.

Mociones

La unanimidad del Pleno, no obstante, ha regresado en el capítulo de mociones, cuando ha llegado el momento de aprobar la presentada por IU para la retirada progresiva de las tuberías de fibrocemento en la provincia de Cuenca por la presencia de amianto en su composición. En consecuencia, se ha acordado realizar una auditoría-informe sobre la calidad y situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de abastecimiento de los municipios de la provincia, así como de aquellas infraestructuras públicas de competencia municipal que puedan contener amianto o alguno de sus derivados.

Con el visto bueno a esta moción también se ha dado luz verde a la elaboración y puesta en marcha para los diferentes municipios de la provincia de un plan de eliminación de amianto y derivados, sobre todo, de la red de suministro de agua potable, la introducción de un elemento diferenciador en el Plan de Obras y Servicios (POS) aumentando el porcentaje de aportación de la Diputación al coste de este tipo de actuaciones y la solicitud a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar convenios de colaboración entre los Ayuntamientos que puedan contar con este material en sus respectivas redes de agua con las Comunidades Autónomas para hacer posible la eliminación total de estos materiales.

Las otras tres mociones presentadas, dos de ellas por IU y otra por el Grupo Socialista, no han corrido la misma suerte e, incluso, no se han llegado a abordar al no aprobarse la urgencia de su debate con los votos del Grupo Popular y a pesar del apoyo de PSOE e IU. En esta situación se han encontrado dos mociones de Izquierda Unida, una para reivindicar el derecho al voto de las personas migrantes y otra para apoyar una Ley de Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, y una de la bancada socialista, presentada por cuarta sesión plenaria consecutiva, sobre la recuperación por el Pleno de la Diputación de la competencia delegada a la Junta de Gobierno de aprobar los reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Con esta medida aprobada por unanimidad en el Pleno de hoy, se posibilita que los fondos sobrantes en una de las dos líneas de ayudas de este plan puedan destinarse a la otra modalidad permitiendo, por ejemplo, que en la última convocatoria se vayan a invertir los 2,6 millones de euros previstos e incrementar los municipios beneficiados

El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado por unanimidad la modificación de las bases de la convocatoria del Plan de Instalaciones Municipales con el objeto de permitir que pueda ser utilizada la totalidad del presupuesto asignado inicialmente, evitando, de esta manera, que se queden fondos sin invertir. Y es que, tal y como ha explicado Javier Parrilla, diputado de Fomento, con la modificación introducida en estas bases se posibilita que los fondos sobrantes en una de las dos líneas de ayudas de este plan puedan destinarse a la otra modalidad; algo que no se contemplaba en un principio en esta convocatoria al no esperar que se produjera dicha situación.

Un Plan, según ha recordado el diputado, dirigido a apoyar obras para la creación, dotación, mejora y modernización de espacios productivos o instalaciones, como polígonos industriales, viveros de empresas, recintos feriales y otros espacios y edificios que contribuyan a mejorar la actividad económica local o comarcal en cualquier ámbito, ya sea cultural, social, deportivo, sociosanitario, etc; en definitiva, generar desarrollo y empleo en nuestros pueblos.

Es por ello que, gracias a esta modificación, van a poder invertirse en su totalidad los 2,6 millones de euros asignados al Plan de Instalaciones Municipales de 2018 y, por lo tanto, se verá incrementado el número final de municipios beneficiados con estas subvenciones, que, según la resolución provisional publicada a principios de este mes, se elevaban a 36.

En concreto, en la modalidad de creación, mejora y dotación de espacios productivos que vayan a contribuir a mejorar la actividad económica local o comarcal en cualquier ámbito del municipio resultaron beneficiadas un total de 22 localidades que no fueron otras que Villalba de la Sierra, Chillarón, Villamayor de Santiago, Villanueva de la Jara, El Pedernoso, Villaverde y Pasaconsol, Casasimarro, Gascueña, Ledaña, San Lorenzo de la Parrilla, Pozorrubio de Santiago, Las Mesas, Ribatajada, Graja de Campalbo, San Clemente, Cañamares, Cañete, Villarejo-Periesteban, Horcajo de Santiago, Valdemoro de la Sierra, Salvacañete y Belmonte.

Mientras, en la otra modalidad destinada a subvencionar la rehabilitación y mejora de los edificios dedicados a la gestión administrativa del municipio y la prestación de atención a las personas que promuevan iniciativas empresariales, como son las casas consistoriales, así como el apoyo económico a Ayuntamientos de hasta 500 habitantes para cofinanciar su aportación a proyectos europeos con cargo al Plan Operativo 2014-2020 destinados a espacios o infraestructuras para albergar ferias, muestras, eventos y exposiciones que permitan una mejor valorarización de los recursos locales y comarcales, las 14 localidades beneficiadas fueron Mariana, Villar de Domingo García, Villar de la Encina, Villas de la Ventosa, Buciegas, Cañaveruelas, Buendía, Carboneras de Guadazaón, La Frontera, Fresneda de Altarejos, La Parra de las Vegas, La Pesquera, Yémeda y El Acebrón.

Pero las modificaciones introducidas en las bases de este plan no se han reducido exclusivamente a este detalle de la norma novena, sino que también se han visto afectadas las normas décima y undécima; la primera ampliando el periodo de ejecución de las obras del 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020 y la segunda haciendo lo propio con el periodo de justificación, que pasa de expirar el 31 de marzo de 2020 a hacerlo el 30 de septiembre del mismo año.

En definitiva, una medida que está seguro va a tener una excelente acogida entre los municipios solicitantes de estas ayudas, puesto que se podrán ver beneficiados no solo más municipios, sino también más ciudadanos, a la vez que contarán con más tiempo para ejecutar sus proyectos.

A iniciativa del Grupo Popular, esta declaración se ha incorporado al Pleno como moción, en la que, entre otras cuestiones, se insiste en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas hacia la igualdad de oportunidades de la mujer, sin olvidar, por supuesto, a las mujeres del medio rural

La Diputación Provincial de Cuenca ha asumido como propia la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y lo ha hecho en el Pleno ordinario de este miércoles y a iniciativa del Grupo Popular, que la ha incorporado como moción.

En consecuencia, la institución provincial se suma a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Asimismo, reafirma su compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.

En esta declaración, también se reconoce, por un lado, importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, y, por otro, la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

Es por ello que reclama la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.

Pero éste no ha sido el único momento en el que el Pleno ha abordado el tema de la mujer y es que tanto el Grupo Socialista como la única diputada de IU ha presentado sendas mociones al respecto, que finalmente no se han debatido al no prosperar la urgencia de su debate por los votos en contra de la bancada popular. Si bien, con anterioridad, el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha propuesto a ambos grupos la retirada de sus mociones por considerar que era suficiente con la asunción de la Declaración Institucional de la FEMP, pero han optado por declinar la oferta. Mociones que coincidían en su apoyo a la huelga y los paros convocados para el próximo 8 de marzo por los sindicatos UGT y CCOO y el movimiento feminista, aunque en el caso de la socialista iba más allá y, entre otras cuestiones, pedía instar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral.

Apoyo a la actividad cinegética

La caza también ha tenido su hueco en este debate plenario. Y es que tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista han presentado sendas mociones, que finalmente han sido aprobadas, en el caso del texto socialista con el apoyo de los populares, mientras que la de éstos solo ha logrado la abstención del PSOE, que no ha votado a favor por no estar totalmente de acuerdo con uno de los puntos; eso sí, ambas mociones han tenido en frente a la diputada de Izquierda Unida, que ha votado en contra.

Con la moción popular, la Diputación ha acordado reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural.

Asimismo, se reconoce el alto grado de compromiso de todos aquellos que practican la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad  en su más amplio sentido, además de instar al Gobierno de la Nación, por un lado, a que finalice los trabajos y publique de manera urgente la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética y, por otro, a la elaboración de un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta actividad.

Y, de la misma manera, también se pide al Gobierno central que compense a los propietarios forestales por su contribución a la mitigación del cambio climático como consecuencia de la fijación permanente de dióxido de carbono en los montes donde se albergan las especies cinegéticas, las especies protegidas y la ganadería, entre la que se incluye el toro; eso sí, poniendo en marcha proyectos que fomente la biodiversidad, la mejora de las especies asociadas a los espacios naturales, la conservación de los ecosistemas y su desarrollo económico y social.

Con la aprobación de la moción socialista, por su parte, la Diputación insta al Gobierno regional a continuar con el fomento de la caza social y promocionar y ampliar la figura de los cotos sociales y zonas colectivas de caza para facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades, en especial para los cazadores locales.

También le pide que asegure la sanidad animal y pureza genética de las poblaciones cinegéticas, con especial atención a la perdiz roja, y realizar campañas de difusión y educación ambiental de la actividad  entre la ciudadanía informando sobre los beneficios que produce para la conservación de los recursos naturales, de los distintos hábitats y especies y como prevención de enfermedades y daños mediante campañas de difusión y de educación ambiental.

Además, reclama a la Junta que exonere a los cazadores y pescadores de las tasas para obtener la licencia para poder realizar la actividad.

Y, por último, no han corrido la misma suerte otras dos mociones presentadas por PSOE e IU, que al final no se han debatido al no aprobarse la urgencia de su debate por el voto en contra de la bancada popular; en concreto, la socialista para demandar que el Pleno recupere la competencia de aprobar los reconocimientos extrajudiciales de créditos, que ya presentó en el anterior Pleno del mes de enero, y la de Izquierda Unida para reclamar la eliminación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El Pleno de la institución provincial ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE e IU, la moción del Grupo Popular, con la que acuerda iniciar el correspondiente expediente para la puesta en marcha de este novedoso recurso, que se ubicaría en la Casa Curato de la capital

Diputación de Cuenca va a crear el Instituto de Documentación sobre la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural (PHC), que se ubicará en la Casa Curato, junto a la iglesia parroquial de San Pedro, en pleno Casco Histórico de la capital. Para ello, el Pleno de la institución provincial ha dado hoy el primer paso con la aprobación de una moción presentada por el Grupo Popular en este sentido, que, sin embargo, no ha contado con el respaldo de socialistas e Izquierda Unida, que han preferido abstenerse por considerar que el proyecto no estaba lo suficientemente fundamentado.

Una moción con la que la Diputación acuerda iniciar el correspondiente expediente para la creación de este recurso, que, según el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, se sustenta en tres grandes pilares, como son la inexistencia de un instituto de estas características en el país, la colaboración y apoyo de la Asociación Nacional de Historiadores de Arte y el hecho de que se va a dar un uso excepcional a un edificio de la Diputación, como es la Casa Curato, que, sin duda, convertirá a Cuenca en referente en esta materia; todo ello, sin olvidar, tal y como ha subrayado, que esta iniciativa viene a complementar el firme compromiso demostrado por este equipo de Gobierno con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico como herramienta dinamizadora y diversificadora de nuestra economía, invirtiendo más de 20 millones de euros en más de ochenta intervenciones en los últimos ocho años.

Es por ello que en dicha moción se encomienda al Departamento de Cultura de la Diputación la instrucción del expediente, en coordinación con la Vicepresidencia económica, con el fin de emitir y recabar todos los informes que sean precisos, además de instar a la colaboración y apoyos de otras instituciones, como por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuenca, el Consorcio Ciudad de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad Regional, el Instituto nacional de Patrimonio Cultural, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Comité Española de Historia del Arte.

Y es que, según ha dado cuenta durante el Pleno Julián Huete, vicepresidente de la Diputación, este instituto tendrá entre sus funciones y servicios el preservar la literatura escrita, documentos y material gráfico depositados bajo su custodia y ponerlo a disposición de investigadores, profesionales, estudiantes de doctorado que estén interesados en su consulta, el fomentar la investigación en la preservación del patrimonio en las diferentes áreas y especialidades, el facilitar y apoyar a los investigadores, gracias a la concentración de los fondos y su facilidad de acceso o la creación de un repositorio de expertos que puedan asesorar y realizar informes para las instituciones públicas o a los particulares sobre temas relacionados con la conservación del Patrimonio.

No en vano, inicialmente, se contempla que los fondos de este instituto sean bibliográficos y documentales (desde proyectos de restauración hasta planos y cartografías, pasando por proyectos de investigación), que se formen a partir de donaciones de libros y documentos de personas e instituciones, constituyendo una biblioteca y archivos especializados en la conservación de patrimonio cultural y la investigación en historia del arte y patrimonio artístico.

De hecho, entre sus servicios, se baraja la lectura en sala, la reproducción de documentos solo en casos excepcionales, la organización de actividades relacionadas, como exposiciones, conferencias, jornadas, congresos, etc. y ser el repositorio de los catálogos de obras del patrimonio cultural de Cuenca.

Retorno digno y dignidad de la geriatría

Pero ésta no ha sido la única moción abordada en el Pleno ordinario de este miércoles. Izquierda Unida ha presentado tres y el Grupo Socialista dos, que, por cierto, han corrido una suerte dispar. Así, por ejemplo, se ha aprobado la moción de IU por un retorno digno con el respaldo del Grupo Popular y la abstención del PSOE.

En concreto, la Diputación ha acordado instar al Gobierno regional a que cuantifique la cifra real de personas emigradas y se tenga en cuenta en los presupuestos autonómicos con el fin de que los servicios públicos puedan absorber la demanda y necesidades de la población.  Asimismo, entre otras cuestiones, se habla de la creación de una oficina de atención a las personas emigradas y retornadas, así como de un registro de tierras improductivas, viviendas vacías y patrimonio rural por repoblar como medios para garantizar la dinamización económica.

También con el apoyo de los populares y la abstención de los socialistas, otra moción de Izquierda Unida de defensa de la dignidad de la geriatría ha salido adelante. Como consecuencia, se ha decidido instar al Gobierno central a la aprobación de una ley marco nacional con los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben de reunir los centros residenciales de mayores, a la vez que se exige que las administraciones nacional y autonómica velen por el cumplimiento de estos requisitos.

De la misma manera, se pide el refuerzo de las inspecciones de la Junta de Comunidades sobre las residencias de mayores, además de apoyar las justas reivindicaciones laborales del personal de las residencias privadas.

Otras mociones

No ha corrido la misma suerte la tercera y última moción de IU, en este caso en defensa de la autonomía de los municipios en lo relativo a la organización de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los servicios públicos básicos, puesto que no ha llegado ni a tratarse por el plenario al ser rechazada su urgencia de debate con los votos de la bancada popular y a pesar del respaldo de los diputados socialistas.

Idéntico final han tenido las dos mociones del Partido Socialista, una pidiendo a la Diputación que potencie, amplíe, complemente y mejore las prestaciones que da a los Ayuntamientos a través del Servicio de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) y otra solicitando que el Pleno de la institución provincial recupere la delegación hecha en la Junta de Gobierno sobre la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Tras rechazar el voto particular y las trece enmiendas parciales del Grupo Socialista y aprobar las presentadas por el Partido Popular, el Pleno ha dado luz verde a estos presupuestos con el apoyo de los diputados del PP y pese a los votos en contra de PSOE e IU

Cinco horas y media ha sido el tiempo que se ha dilatado el último Pleno ordinario del año en la Diputación Provincial de Cuenca, en el que se ha dado el visto bueno inicial a los presupuestos de la institución para el ejercicio 2019.

Pero hasta llegar a ese momento ha sido necesario abordar, por un lado,  las trece enmiendas parciales del Grupo Socialista al proyecto de Presupuestos, que finalmente han sido rechazadas con los votos del Grupo Popular y la abstención o voto en contra, dependiendo de la enmienda, de la única diputada de Izquierda Unida, y, por otro lado, una enmienda de los populares, que han salido adelante con el único apoyo de los diputados de su grupo y con la que se ha contrarrestado el argumento principal del voto particular presentado por el PSOE reclamando la retirada del orden del día del Pleno, tanto de los presupuestos de 2019 como de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la plantilla de la Diputación para el próximo ejercicio, en base a la nota de disconformidad de reparo no suspensivo del Departamento de Intervención a la creación de seis plazas de cabo de bomberos ante la próxima puesta en marcha del parque auxiliar de bomberos en la capital.

Y es que con dichas enmiendas, el equipo de Gobierno ha justificado la creación de estas seis plazas de cabo-bombero por un montante cercano a los 220.000 euros a través de la desdotación presupuestaria de otras siete plazas vacantes en otros servicios, que no iban a ser cubiertas en la anualidad de 2019, no incrementando, de esta manera, la masa salarial de la Diputación, que es lo que había generado las reticencias de la Intervención.

Así las cosas, con el respaldo del Grupo Popular y a pesar del rechazo de la oposición al completo, el Pleno de la Diputación conquense ha dado el visto bueno a sus presupuestos para 2019, que se ven incrementados en un 4,4 por ciento hasta llegar a los 82,4 millones de euros, de los que 76,6 corresponden al presupuesto ordinario de la institución —un 6,5% más que el actual—, 4,4 al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) y 3,8 al Patronato de Desarrollo Provincial.

Un proyecto de presupuestos que tanto Benjamín Prieto,  presidente como Julián Huete, vicepresidente de la institución provincial, no han dudado en calificar de “inversores y ajustados a las necesidades de la provincia”, atendiendo ante todo las inquietudes y demandas planteadas por Ayuntamientos y colectivos conquenses y culminando las líneas maestras trazadas a lo largo de los últimos años en torno a la puesta en valor de los recursos existentes para propiciar el desarrollo de esta tierra y combatir a su vez el fenómeno de la despoblación.

Inversiones en infraestructuras

No en vano, se contemplan 23,2 millones de euros en inversiones reales y transferencias de capital, lo que representa más de 30 por ciento del presupuesto ordinario de la institución, donde tienen un gran peso específico las infraestructuras de nuestros municipios. De hecho, se mantienen los cerca de 9 millones de euros del Plan de Obras y Servicios (POS), a los que se suman por segundo año consecutivo los 100.000 euros del Plan Especial de Pedanías, que vienen a complementar las necesidades más urgentes de estos núcleos de población no cubiertas con el anterior plan.

Y hablando de infraestructuras municipales no se pueden dejar a un lado los caminos rurales, como por ejemplo los cinco que se encuentran en plena ejecución por importe de un millón de euros y para los que se ha contemplado cerca de 600.000 euros en el presupuesto de 2019 con el fin de atender las certificaciones pendientes, o el acondicionamiento de otros 15 caminos más por importe de 3 millones de euros y que en la actualidad se encuentran en fase de redacción de proyecto.

Todo ello sin olvidar la segunda parte del convenio de arreglo de caminos suscrito con la Junta de Comunidades y que en 2019 supondrá para la Diputación una inversión de 2 millones de euros, completando de esta manera los 4,5 previstos inicialmente y con los que se cubre el 50 por ciento del importe total del convenio.

Pero si importantes son los caminos no solo menos las carreteras, a las que en el próximo ejercicio se van a destinar, además de los cerca de 14 millones de euros en mantenimiento, casi 3 millones a cuatro carreteras, ahora en ejecución; algo más de dos millones a la carretera San Clemente-Casas de los Pinos, que está a punto de contratarse; y otros 6,3 a trece carreteras más, ahora en fase de redacción de proyectos. En total, a lo largo de 2019 se van a completar actuaciones en carreteras por valor de 25 millones de euros.

Apoyo a Ayuntamientos y entidades

En este esfuerzo inversor dirigido a los Ayuntamientos de la provincia, tampoco se descuidan los sondeos, captaciones y mejora de redes de agua, a lo que se asignan un total de 600.000 euros, así como los algo más de 4,1 millones para la recogida, gestión y tratamiento de residuos y, sin olvidar, los casi 1,3 contemplados como transferencias corrientes a Ayuntamientos, entre los que destacan distintas convocatorias de subvenciones, desde el apoyo a la contratación de personal administrativo y el mantenimiento de diversas escuelas municipales y universidades populares hasta la organización de archivos municipales y programas de actividad cultural, teatral, etc.

En este sentido, también se ha llamado la atención sobre algunas de las novedades de este año, como son la línea de ayudas a Ayuntamientos por un montante de 18.000 euros para la adquisición de equipos de protección civil, otra de 50.000 para la formación de informadores turísticos y una tercera de 85.000 euros para la adquisición de desfibriladores.

Respaldo de la Diputación que también se hace extensible a las entidades sin ánimo de lucro con una asignación de más de 2,5 millones de euros para, por ejemplo, la Fundación Antonio Pérez, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, el Consorcio Ciudad de Cuenca, la Junta de Cofradías, clubes deportivos o entidades sociales como Cáritas, ADOCU o Cruz Roja.

Capítulo de los presupuestos de 2019 que no queda exento de novedades, puesto que se han contemplado por primera vez la concesión de 30.000 euros a la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha para un proyecto de embellecimiento de los pueblos de la provincia y de 70.000 a la Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME Cuenca, para el Plan Estratégico para la Promoción de Cuenca como Destino Empresarial ‘Cuenca Adelante II’.

Plan Operativo FEDER 2014-2020

Del mismo modo y ligadas a las distintas convocatorias de expresiones de interés del Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020, que gestiona el Gobierno regional y a las que ha concurrido la Diputación, hay contemplados una serie de proyectos de relevancia para la provincia, como es el caso de una red de hospederías con la que revitalizar la provincia como destino turístico e incrementar su atractivo para el visitante.

Proyecto que se iniciaba, en algunos casos, con la adquisición de algunos inmuebles y que va a tener su continuación este año con su rehabilitación como alojamientos turísticos en puntos como San Clemente, Yémeda, Huete y Uña, lo que va a suponer una inversión final cercana los 9 millones de euros, a la que hay que sumar los más de 600.000 destinados a la rehabilitación como alojamiento turístico singular de la antigua iglesia de la Trinidad de Moya, cuya gestión está ahora en fase de licitación. A estos se unen los casi 1,2 millones de euros a destinar a la puesta en marcha de puntos de inclusión digital en aquellos municipios que así lo soliciten, permitiendo a los ciudadanos conectarse gratuitamente a Internet.

Asimismo, se contemplan otros dos proyectos, la nueva planta de tratamiento de residuos domésticos y las nuevas instalaciones para el tratamiento de biorresiduos domésticos, para los que se han dejado abiertas las aplicaciones presupuestarias correspondientes, tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos, pendientes de si finalmente el Gobierno de Castilla-La Mancha decide o no conceder los fondos europeos para ambos proyectos.

No hay que olvidar, igualmente, el proyecto de recuperación de las antiguas estaciones de ferrocarril ‘Serranía en vía’. Y es que este programa cuenta con una dotación de 2,7 millones de euros y, en la actualidad, ya está redactado el proyecto del apeadero de La Melgosa y adjudicadas la redacción del proyecto y dirección de obra de los apeaderos de La Gramedosa y Enguídanos, mientras que se ha encargado a la empresa pública TRAGSA la redacción del proyecto y ejecución de las obras en los apeaderos de Arguisuelas, Yémeda-Cardenete y Mira.

Otros asuntos y mociones

Ligadas a los presupuestos para 2019, el Pleno también ha abordado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la plantilla del personal funcionario y laboral de la Diputación para el próximo ejercicio, que finalmente han sido aprobadas con el único respaldo del Grupo Popular y, eso sí, una vez se ha rechazado el voto particular del PSOE reclamando la retirada de ambos puntos del orden del día y se ha aprobado la enmienda del PP pidiendo todo lo contrario, en ambos casos con los votos a favor de los populares.

Posiciones encontradas que, sin embargo, se han acercado parcialmente a la hora de tratar la cesión gratuita del uso del pabellón número 12 del antiguo Instituto Provincial de Servicios Sociales de la Diputación (IPSS) al Servicio Público de Empleo Estatal por un periodo de cinco años con el fin de que lo destine a almacén de expedientes de desempleo de la provincia. Punto que ha contado con el respaldo de populares y socialistas, mientras que la diputada de Izquierda Unida ha preferido abstenerse.

De esta manera, se ha llegado al apartado de las mociones, que, en esta ocasión, han sido dos y ambas presentadas por IU, que, por cierto, no han llegado a debatirse al no aprobarse con el rechazo del Grupo Popular la urgencia de su debate: una instando a la Junta de Comunidades a una moratoria en la instalación de macrogranjas en la provincia de Cuenca y otra reclamando el 6 de diciembre, Día de la Constitución, como una jornada de reconocimiento y memoria antifranquista.

El Pleno ha dado luz verde a la revisión de una quincena de puntos y cinco disposiciones adicionales de ambos textos, entre los que destaca la implantación de la jornada de 35 horas semanas a partir del 1 de enero de 2019

Con la unanimidad como nota predominante a la hora de abordar el orden del día de la sesión, la Diputación Provincial de Cuenca ha celebrado este miércoles el Pleno de carácter ordinario correspondiente al presente mes de noviembre, que se ha iniciado con la lectura de una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la celebración el pasado día 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que la institución provincial ha hecho suya con el respaldo de los tres grupos políticos.

Una declaración leída por Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, en la que la institución se reafirma en su compromiso de seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo. Es por ello que se exige la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la necesidad de educar en igualdad con el fin de erradicar de la actual sociedad los roles sexuales y aquellos comportamientos que lleven implícita la desigualdad —origen de la violencia de género—, el compromiso con los derechos fundamentales de la infancia, la repulsa por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y poder sobre las mujeres y el compromiso de implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.

Pero si importante ha sido esta declaración institucional no lo ha sido menos la aprobación, también por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en el Pleno, de la modificación parcial del Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo de la Diputación conquense.

Cambios que han afectado a una quincena de artículos y cinco disposiciones adicionales de ambos textos, entre los que destacan la implantación a partir del 1 de enero de 2019 de la jornada laboral de 35 horas semanales, la revisión de remuneraciones por incapacidad temporal, la adaptación de las vacaciones, licencias y permisos no retributivos, la actualización del fondo de pensiones y la mejora de las garantías personales.

La unanimidad también se ha producido a la hora de dar luz verde a la solicitud de Ayuntamiento de Buciegas para sustituir la obra del POS 2018 denominada ‘Pavimentación de calles’ por ‘Renovación del alumbrado’, lo que ha conllevado un cambio del régimen financiero, de tal manera que la Diputación se hacer cargo de la totalidad del coste de la obra al tratarse de un proyecto de eficiencia energética. Apoyo unánime que se ha mantenido igualmente cuando se ha abordado la petición de un trabajador de la Diputación para compatibilizar sus tareas en la institución provincial con la de profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de Castilla-La Mancha; eso sí, fuera de su horario laboral.

Mociones

Una unanimidad que, sin embargo, se ha roto cuando ha llegado el capítulo de las mociones. No en vano, ninguna de las tres presentadas, dos por IU y una por la bancada socialista, han llegado a tratarse al no haber haberse aprobado su urgencia de debate con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de los diputados de IU y PSOE.

Tal ha sido el caso de la moción de Izquierda Unida en la que ha propuesto una batería de medidas con motivo de la conmemoración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. Si bien, aunque no ha sido apoyada por el Grupo Popular, sí se ha propuesto al plenario, por parte del propio Prieto, la confección de una declaración institucional conjunta al respecto con el fin de aprobarla en la próxima sesión plenaria del mes de diciembre.

Idéntica suerte ha corrido la otra moción de Izquierda Unida solicitando la modificación de los criterios de aplicación de la regla del gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puesto que, a juicio de los populares, no es la Diputación la competente en esta cuestión, además, de que en la actualidad se está tratando el asunto en el Congreso de los Diputados.

Y el mismo resultado, por último, ha experimentado la moción del Grupo Socialista demandando una mejora del Servicio de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) de la Diputación, en este caso, tal y como se ha manifestado desde la bancada del Grupo Popular, porque en ningún momento se ha dejado de trabajar para continuar mejorando la prestación de este servicio e ir adaptándolo a la realidad y las necesidades actuales de los Ayuntamientos de la provincia.

También se ha dado luz verde, esta vez con el apoyo de populares y socialistas y el voto en contra de IU, a una modificación de créditos de 540.291 euros, en la que se han incluido tres obras con las que se amplía el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio hasta las 40 actuaciones y los más de 6 millones de inversión

El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha dado el visto bueno este miércoles a las normas del Plan de Obras y Servicios (POS) correspondiente a la anualidad de 2019, que conllevará una inversión cercana a los 9 millones de euros. Y lo ha hecho con el único respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de socialistas e Izquierda Unida.

Unas normas con las que, tal y como ha remarcado Javier Parrilla, diputado de Fomento, se busca garantizar que todos los pueblos de la provincia dispongan de unas infraestructuras básicas adecuadas e invertir de una manera acorde a las necesidades de cada localidad. De ahí que haya manifestado no entender el rechazo de la oposición al reparto de los fondos en base a criterios poblacionales, sobre todo en las pedanías, cuando, precisamente, hace unos días una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha avalaba precisamente estas normas y desestimaba el recurso del Grupo Socialista contra ellas, condenándole, además, al pago de las costas procesales.

Y es que, según ha subrayado, estas normas del POS no han sufrido grandes cambios con respecto a ediciones anteriores, manteniéndose, por lo tanto, sus principales líneas estratégicas distribuyendo los fondos por tramos según la población y manteniendo el incremento en las asignaciones de inversiones a las pedanías de entre 11 y 15 habitantes de 9.000 a 12.000 euros y fijando los 9.000 euros para aquellos núcleos de población de 1 a 10 habitantes.

Asimismo, se apuesta de nuevo, por un lado, por continuar incentivando que los Ayuntamientos deleguen la adjudicación de las obras a la Diputación con el fin de reinvertir en esos municipios, a través de remanentes, las bajas obtenidas por la institución provincial en las contrataciones y, por otro lado, respaldando de manera especial aquellas obras encaminadas a la eficiencia energética y relativas al ciclo integral del agua rebajando en un 5% la aportación municipal, o las relativas a recuperación de patrimonio histórico y Bienes de Interés Cultural (BIC), donde la Diputación se hace cargo del 100% del coste de la obra.

Tan solo entre las pequeñas novedades introducidas este año, cabe destacar el hecho de que sea el órgano competente de cada Ayuntamiento y no exclusivamente el Pleno el que deba tomar el acuerdo de solicitud de obra u obras a incluir en el POS, así como el establecimiento de un periodo de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, como plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes por parte de los Ayuntamientos.

Otros asuntos

Pero este Pleno ordinario, que ha comenzado con el juramento del cargo como diputado provincial del Grupo Popular de Pedro Higinio Pradas en sustitución de Miriam Romeral, ha abordado otros muchos asuntos, como, por ejemplo, una modificación de créditos por importe de 540.291 euros, que ha recibido el visto bueno de populares y socialistas, mientras que la única diputada de IU ha optado por votar en contra.

Una modificación de créditos que ha incluido, entre otras cuestiones, tres obras por valor de 260.000 euros con las que se ha ampliado el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio hasta las 40 actuaciones y los más de 6 millones de euros de inversión. En concreto, se ha dado luz verde a una subvención de 200.000 para el Ayuntamiento de El Provencio con el fin de acometer la rehabilitación del Castillo de Santiago de la Torre, 30.000 para la recuperación de la Torre del Calabozo de Cervera del Llano y otros tantos para la rehabilitación y consolidación de la Torre de Valhermoso de la Fuente.

Intervenciones a las que se han sumado el arreglo y acondicionamiento del camino entre Arcas y Mohorte por un importe de 200.000 euros, incluido dentro del Plan de Especial de Caminos Vecinales y Enlaces Municipales, así como los algo más de 24.000 para complementar el Programa Talía.

Aparte de estos asuntos, el Pleno de la Diputación, además de ser informado de los cambios en la representación del Grupo Socialista en distintas comisiones con la incorporación de Santiago José Gómez en sustitución de Nieves Mohorte, ha aprobado, esta vez por unanimidad, la solicitud del Ayuntamiento de La Hinojosa para la modificación de una obra del POS 2017. En concreto, ha pedido que se sustituya el acondicionamiento de instalaciones culturales y deportivas municipales por la renovación de tubería del suministro y abastecimiento de agua, lo que lleva consigo un cambio en la financiación, de tal manera que de los 24.000 euros de inversión la Diputación se hará cargo de 23.520 euros y el Ayuntamiento de los 480 restantes.

Mociones

En el capítulo de mociones, el Pleno ha abordado un total de cuatro, tres presentadas por Izquierda Unida y una por el Grupo Socialista, de las que finalmente ha recibido luz verde una de ellas, y por unanimidad. Se trata de la moción de IU de apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas para garantizar sus derechos constitucionales y los servicios de atención a las personas mayores que favorecen la creación de puestos de trabajo y la fijación de la población en la provincia.

Aunque han reconocido que la mayoría de los puntos del texto están fuera de las competencias de la Diputación y corresponden a otras administraciones como la estatal y autonómica, los tres grupos políticos han acordado respaldar a este colectivo en sus demandas, como por ejemplo, la adopción de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la implantación de medidas eficaces contra la pobreza energética mediante bonos sociales que garanticen el suministro de energía, que con las pensiones tan bajas en Cuenca están afectando a gran número de pensionistas o el garantizar la mayor proximidad y cercanía en el acceso a la sanidad y a los servicios de salud pública para las personas mayores.

También ha salido adelante la moción de IU sobre la necesidad de tomar medidas ante el aumento de las salas de juego y apuestas en la provincia de Cuenca, esta vez con el respaldo de populares y la abstención de los socialistas; eso sí, partiendo de la base de que en muchos de los puntos de la moción están fuera del alcance de la institución provincial.

Así las cosas, se ha acordado, entre otras cuestiones, instar a los Ayuntamientos de la provincia a que limiten el aumento descontrolado de este tipo de negocios en sus respectivos municipios y a la Junta de Comunidades y al Gobierno central que asignen en sus presupuestos una partida para la prevención de las adicciones al juego y la ludopatía, máxime con el auge que viene experimentando en los últimos años, sobre todo, entre el público masculino y cada vez más entre los jóvenes.

No ha corrido la misma suerte la moción, también de Izquierda Unida, de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia sobre el impuesto de las hipotecas e impulsar una banca pública, que ni siquiera se ha debatido al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de la oposición. Rechazo sustentado, tal y como ha detallado Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, en el hecho de que “poco puede hacer la Diputación en este asunto, que depende directamente del alto tribunal”.

Idénticos apoyos ha recibido la cuarta y última moción, en este caso del Grupo Socialista,  sobre la instalación de desfibriladores en los municipios conquenses, que tampoco ha llegado a debatirse. Y es que, según ha subrayado Prieto, desde hace unas semanas la Diputación ha iniciado en colaboración con Cruz Roja un plan de formación en desfribilación externa automática dirigida al personal voluntarios de los Ayuntamientos de la provincia, por lo que esta moción deja de tener sentido.

Un plan, dotado con un presupuesto de 25.000 euros, que en su primera fase está llegando a un total de diez municipios, como son Tarancón, Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, San Clemente, Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Iniesta, Horcajo de Santiago, Casasimarro y Villamayor de Santiago. Un programa que tendrá su continuidad con otro plan para la instalación de equipos desfribiladores en instalaciones municipales, en el que está trabajando en la actualidad el Servicio Provincial de Deportes.

En la sesión plenaria de este miércoles, además de la toma de posesión del nuevo diputado socialista, Santiago José Gómez, en sustitución de Nieves Mohorte, ha presentado su renuncia del cargo por motivos personales la diputada popular, Miriam Romeral, que será sustituida por el concejal de El Pedernoso, Pedro Higinio Pradas

El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado este miércoles por unanimidad las bases y la convocatoria del Plan de Instalaciones Municipales de este año, que contempla un total de 2,6 millones de euros en ayudas para la creación, dotación, mejora y modernización de espacios productivos o instalaciones, como polígonos industriales, viveros de empresas, recintos feriales y otros espacios y edificios que contribuyan a mejorar la actividad económica local o comarcal en cualquier ámbito, ya sea cultural, social, deportivo, sociosanitario, etc…

Punto del orden del día que ha recibido el visto bueno general, una vez se ha admitido, también por unanimidad, una enmienda presentada por el Grupo Popular, con la que se ampliaba el plazo de justificación de las obras hasta el 31 de marzo de 2020 y el periodo subvencionable hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución del proyecto no podrá exceder, por lo tanto, esta última fecha.

Javier Parrilla, diputado de Fomento, ha recalcado el gran esfuerzo inversor realizado por la Diputación en la convocatoria de este año del Plan de Instalaciones Municipales al haber quintuplicado la inversión, que ha pasado de los 500.000 euros de las dos ediciones anteriores a los 2,6 millones de ésta.

Una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que está dirigida a todos los Ayuntamientos y EATIM de la provincia, que, según ha detallado Parrilla, dispondrán para presentar las correspondientes solicitudes un plazo de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las actuaciones a incluir en este Plan de Instalaciones Municipales van desde la construcción, modernización, reforma y mejora de bienes inmuebles que contribuyan a mejorar la actividad económica local o comarcal, la construcción de espacios de uso colectivo para empresarios o autónomos y la adquisición de terrenos necesarios para la implantación de este tipo de proyectos hasta la construcción o mejora interior de naves industriales a destinar como viveros de empresas o la creación de espacios físicos para albergar empresas de nueva creación.

En esta línea, Parrilla ha recalcado que este año se han ampliado las tipologías de actuaciones a subvencionar con este plan, incluyendo como novedad, por un lado, la rehabilitación y mejora de los edificios dedicados a la gestión administrativa del municipio y prestar atención a las personas que promuevan iniciativas empresariales, como son las casas consistoriales, y, por otro, el apoyo económico a Ayuntamientos de hasta 500 habitantes para cofinanciar su aportación a proyectos europeos con cargo al Plan Operativo 2014-2020 destinados a espacios o infraestructuras para albergar ferias, muestras, eventos y exposiciones que permitan una mejor valorarización de los recursos locales y comarcales. Intervenciones éstas a las que se ha reservado un montante total de 600.000 euros, mientras que los dos millones restantes se destinarán al resto de actuaciones.

Cambios en la Corporación Provincial

Pero éste no ha sido el único punto del orden del día del Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, puesto que ha comenzado con la toma de posesión del nuevo diputado del Grupo Socialista y alcalde de Palomera, Santiago José Gómez Gómez, en sustitución de Nieves Mohorte, y ha concluido con la presentación de su renuncia de la diputada del Grupo Popular, Miriam Romeral, que será sustituida en el cargo por el concejal de El Pedernoso, Pedro Higinio Pradas.

Antes de abandonar la sala, Romeral, ha querido dirigir unas palabras al plenario, agradeciendo la confianza depositada en ella para ocupar este cargo durante estos más de tres años de legislatura, a la vez que ha afirmado que “ha sido todo un honor y un aprendizaje continuo estar en esta institución”. En este sentido, ha explicado que por motivos personales se ha visto obligada a tomar esta decisión, que ha calificado de “leal, responsable y concienciada”. Por ello ha deseado a todos los compañeros de Corporación lo mejor para seguir vertebrando nuestra provincia y defender los intereses de los conquenses.

Otros asuntos del día

Dentro del orden del día también se ha aprobado de manera inicial el reglamento del Consejo de Centro de la Residencia Provincial de Mayores Sagrado Corazón de Jesús con los votos a favor de populares y socialistas y la abstención de la diputada de Izquierda Unida. Reglamento que rige este órgano de participación que, según Francisco Javier Doménech, diputado de Servicios Sociales, da voz a residentes, familiares y trabajadores con el fin de mejorar el funcionamiento de este recurso asistencial de la Diputación.

Con idéntico resultado en la votación, se ha ratificado igualmente el convenio de colaboración de gestión catastral con la Dirección General del Catastro, que afecta a los bienes inmuebles urbanos de aquellos municipios de la provincia que tienen delegada en la Diputación sus facultades de gestión tributaria del IBI y con el que se mantendrá actualizada la base de datos catastral, se ampliará la tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico a los bienes de naturaleza rústicos, incluidos los cambios de titularidad, además de su adecuación a la nueva legislación.

También ha salido adelante, esta vez con el voto a favor de los populares y a pesar del rechazo de socialistas e IU, una modificación de créditos por importe de 599.191,59 euros, en la que se han incluido por la vía de créditos extraordinarios 108.392,13 euros como pago de la certificación número 12 de las obras del estadio de La Fuensanta, otros 42.0000 para la musealización del futuro Museo de los Epígrafes del Parque Arqueológico de Segóbriga y un total de 240.000 euros para un programa de restauración de bienes muebles en la provincia, concretamente, de varios retablos, fruto de un acuerdo de cofinanciación con el Obispado de Cuenca.

Dentro de esta modificación de créditos se han contemplado, aunque por vía de suplemento de créditos, algo más de 21.000 euros para cubrir el incremento de retribuciones de un 0,25 por ciento del personal al servicio de la Diputación, otros cerca de 17.000 como reconocimiento de antigüedad, poco más de 33.000 con motivo del Plan de Modernización de la Administración y 137.607,11 como abono de los intereses de demora relativos a las obras del estadio de La Fuensanta.

Idéntica suerte ha corrido la cuenta general del ejercicio 2017 que también ha sido aprobada de manera definitiva para ser remitida al Tribunal de Cuentas con el respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de los dos grupos de la oposición. Un ejercicio que, por un lado, se cerraba con un resultado presupuestario positivo por valor de 25 millones de euros y, por otro, con un remanente de tesorería disponible de unos 21 millones de euros, que, según ha recordado el vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, se destinaba este año al paquete extraordinario de inversiones aprobado el pasado mes de mayo.

Por último, han completado el orden del día de este pleno, que se ha prolongado durante más de cuatro horas y media, la aprobación del cambio de obras del POS solicitadas por los Ayuntamientos de Castillo de Albaráñez y Monteagudo de las Salinas, así como el desglose de otras demandadas por los municipios de Buendía y Casas de los Pinos.

Con el apoyo del Grupo Popular y la abstención de los socialistas, el Pleno de la institución provincial ha aprobado este miércoles una moción de Izquierda Unida que considera necesaria una reacción inmediata ante los elevados niveles de contaminación detectados en este río, tal y como se constata en un informe de grupos ecologistas

La Diputación Provincial de Cuenca solicitará al Gobierno central y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la implementación de acciones correctoras contra la contaminación de las aguas del río Júcar, tal y como se ha acordado en el Pleno ordinario de este miércoles, en el que se ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los socialistas, una moción de Izquierda Unida en este sentido.

Moción ésta que pone el foco de atención en el alto nivel de contaminación que registra el río Júcar. No en vano, un informe de Ecologistas en Acción y Pesticide Action Network Europe corrobora la detección de 34 sustancias peligrosas, 22 de ellas prohibidas, en sus aguas, entre las que se encuentran concentraciones de DDT, clorpirifos o endosulfán.

Una situación que, a juicio de Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, hay que subsanar haciendo todo lo posible, porque es muy importante defender la calidad de las aguas de nuestros ríos y reforzar la vigilancia para que ésta no se vea mermada, como es el caso del Júcar.

Es por ello que en esta moción se propone al Gobierno central y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, de forma urgente, aborde acciones en la cuenca hidrográfica del Júcar por el riesgo para la salud humana y para los ecosistemas acuáticos de la zona debido a la contaminación existente.

En este sentido, se sugiere, entre otras medidas, la prohibición del uso de plaguicidas con propiedades disruptoras endocrinas, reducir la utilización de plaguicidas en España, al menos, en un 50% en diez años y actualizar, ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en aguas, en concreto, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Orden del día

Pero ésta no ha sido la única cuestión abordada en el Pleno ordinario del mes de julio y, de hecho, dentro del orden del día, se ha dado el visto bueno, con el apoyo de populares y socialistas y a pesar del voto en contra de IU, al cambio de obra del POS 2018 solicitado por el Ayuntamiento de Moya, que ha pasado a denominarse ‘Acondicionamiento de parque infantil en Santo Domingo de Moya, asfaltado de vía pública en Huertos de Moya, muro, instalación de vallas, arreglo del patio de las escuelas y asfaltado en Pedro Izquierdo y pavimentación de plaza en El Arrabal’. Modificación que, sin embargo, no ha afectado a los 54.000 euros de presupuesto, que será financiado íntegramente por la Diputación.

En esta misma línea, aunque esta vez por unanimidad, también se ha aprobado el cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento de Saelices, que finalmente se denomina ‘Renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico (Reforma integral de la estación depuradora y renovación de redes de abastecimiento)’ con un coste de 24.000 euros, cuya financiación no se verá alterada, correspondiendo a la Diputación un total de 23.520 euros y al Consistorio, 480.

Sin dejar el orden del día, el Pleno de la Diputación también ha aprobado, esta vez con el único apoyo del Grupo Popular y la abstención de PSOE e IU, una modificación de créditos por importe de 1.320.000 euros con el único objetivo de adaptar el código de aplicaciones presupuestarias de dos actuaciones de rehabilitación del patrimonio, que en un principio iban a ser tramitadas y adjudicadas por los respectivos Ayuntamientos, pero que finalmente será la Diputación quien se encargue de ello. En concreto, se trata de la restauración del balneario de Yémeda por un importe de 1,2 millones de euros y la rehabilitación del Puente del Castellar por un montante de 120.000.

Con el respaldo de socialistas y populares y, pese al voto en contra de la diputada de Izquierda Unida, el Pleno provincial también ha acordado el levantamiento del reparo suspensivo de una serie de facturas del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios derivadas de gastos realizados sin la existencia de crédito adecuado y suficiente, a la vez que se ha dado luz verde al correspondiente reconocimiento extrajudicial por valor de 11.814 euros.

La renuncia de la diputada del Grupo Socialista, Nieves Mohorte, aduciendo motivos personales, ha cerrado el capítulo del orden del día. Mohorte, se ha despedido no sin antes tener un reconocimiento hacia los trabajadores de la Diputación, mostrar de manera expresa su agradecimiento a quien le ha dado la oportunidad de trabajar en defensa de los intereses y el bienestar de nuestra provincia y desear todos los “aciertos” a toda la Corporación provincial, porque “irá en beneficio de todos los ciudadanos”.

Más mociones

Pero la del río Júcar no ha sido la única moción presentada en la sesión plenaria de hoy. De hecho, ha habido cuatro más, dos presentadas por Izquierda Unida y otras tantas por el Grupo Socialista, que, por cierto, no se han llegado a abordar al no aprobarse la urgencia de su debate por los votos de los populares y pese al apoyo de PSOE e IU.

Izquierda Unida ha planteado una moción pidiendo al nuevo Gobierno central más recursos en I+D+i; en concreto, reclamaba la habilitación de créditos extraordinarios para este año incrementando al consignación económica necesaria para desarrollar medidas que eviten el despido de investigadores con contratos temporales, garantizando que en la medida de lo posible se reconviertan en contratos indefinidos los contratos temporales vigentes con más de tres años de antigüedad en consorcios y fundaciones de investigación del sector público.

Urgencia de debate que no han apoyado los populares por considerar que en esta cuestión es el Estado quien debe de dotar de fondos en su presupuesto la partida de I+D+i. No obstante, Prieto, ha recalcado la importancia que esta Diputación le otorga a este concepto y, como muestra, ha recordado que entre las proyectos con los que ha concurrido a las ayudas de fondos del Programa Operativo FEDER 2014-2020 se encuentran un Centro de Innovación e Investigación de La Serranía de Cuenca, a ubicar en Beteta, un Centro Tecnológico de La Alcarria, en Huete, y una tercera iniciativa para el control biológico de plagas y enfermedades del cultivo del champiñón en Castilla-La Mancha, a desarrollar en el CIES de Quintanar del Rey, dependiente de la Diputación.

Asimismo, IU ha presentado una tercera moción, en este caso, demandando la equiparación de los derechos laborales de las empleadas del hogar, que tampoco ha llegado a debatirse al no contar, igualmente, con el apoyo del Grupo Popular, que ha considerado que desde el Gobierno central se lleva trabajando en este tema desde hace años y todo apunta que hay voluntad de solucionar esta situación.

El Grupo Socialista, por su parte, ha vuelto a presentar una moción reclamando una vez más la participación de la Diputación en el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, a lo que desde las filas populares se ha recordado que no es de recibo que la Junta de Comunidades emprendiera una iniciativa de este tipo sin la financiación correspondiente y pretendiendo que fueran otras administraciones, en este caso las Diputaciones, las que afrontaran la mayor aportación, a pesar de que las competencias en este campo le correspondan al Gobierno regional. Todo ello sin olvidar que la institución conquense participó en la primera edición y, según ha resaltado Prieto, no solo no atendieron las sugerencias de la institución conquense al Plan de Empleo, sino que, además, obtuvieron por respuesta la denegación del 90 por ciento de los talleres de empleo solicitados; un porcentaje que este año ha alcanzado el 100%.

Y, por último, los socialistas han planteado una moción demandando que la Diputación se haga cargo de la aportación a la que deben hacer frente los Ayuntamientos que concurran con algún proyecto al Programa Operativo FEDER 2014-2020, cuya urgencia de debate no se ha tomado en consideración, por parte del Grupo Popular, por creer que la institución provincial ya ha hecho los deberes en este tema, presentando diecisiete proyectos a estas convocatorias con una inversión total de casi 17 millones de euros.

Además, en este sentido, Prieto ha aclarado que desde la Diputación siempre ha habido voluntad de apoyar a los Ayuntamientos en este sentido, pero antes es necesario saber qué cantidad hay que financiar.

La unanimidad ha primado en las peticiones realizadas por Casas de Haro, Villagarcía del Llano y Ribatajada, mientras que la presentada por el municipio de Iniesta, que se ha incorporado a última hora y fuera del orden del día, ha recibido el apoyo de PP y PSOE, aunque IU ha votado en contra al no tener información del asunto

El Pleno de la Diputación de Cuenca correspondiente al mes de junio, que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio Provincial, ha dado luz verde a la modificación de actuaciones por valor de 189.000 euros del Plan de Obras y Servicios de los años 2017 y 2018 solicitadas por cuatro Ayuntamientos de la provincia. Y lo ha hecho por unanimidad en los casos de Villagarcía del Llano, Casas de Haro y Ribatajada, mientras que, en la petición de cambio de obra del Consistorio de Iniesta, que se ha incorporado a última hora y fuera del orden del día, ha recibido el apoyo de populares y socialistas, aunque también el voto en contra de Izquierda Unida al no disponer de información sobre el asunto.

Así, en primer lugar, se ha dado el visto bueno a la solicitud de la EATIM de Ribatajada de sustituir la obra denominada pavimentación de calles por la cuarta fase de renovación de la red de distribución para la mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico, lo que ha supuesto que los 21.000 euros concedidos vayan a ser aportados integrante por la Diputación al tratarse de una obra relacionada con el ciclo hidráulico.

También se ha aprobado el cambio de denominación, demandado por el Ayuntamiento de Casas de Haro, para que las obras “Construcción de tanatorio 1ª y 2ª fase”, correspondientes al POS de 2017 y 2018, se conozcan como “Construcción de velatorio 1ª y 2ª fase”, sin que ello comporte cambio alguno en la financiación de los 30.000 euros de presupuesto, de los que 27.000 corren a cargo de la Diputación y los 3.000 restantes a las arcas municipales.

La petición de cambio de obra del Consistorio de Villagarcía del Llano ha recibido, igualmente, el beneplácito de la totalidad del plenario. En concreto, además de dar el visto bueno al desglose de la obra en dos distintas, se ha acordado, por un lado, sustituir la actuación “Acondicionamiento de la piscina municipal” por “Adecuación de nave municipal para uso con fines sociales y de ocio” con un importe de 30.000 euros y, por otro, mantener la obra denominada “Construcción de edificio de usos múltiples, 4ª fase, en Casas del Olmo” por un importe de 12.000 euros, aportado íntegramente por la Diputación.

Asimismo, y pese a haberse roto la unanimidad, también se ha dado luz verde al cambio de denominación de dos obras del POS 2017 Y 2018, planteado por el Ayuntamiento de Iniesta, con un importe global de 96.000 euros, de los que 78.720.000 euros corren a cargo de las arcas provinciales y los 17.280 restantes del Consistorio iniestense. De tal manera, que dichas actuaciones han pasado a denominarse “Pavimentación y adecuación de calles en el área del Torreón 1-F en Iniesta, construcción de la 1ª fase del salón multiusos y pavimentación de calles en Casas de Juan Fernández” (POS 2017) y “Pavimentación y adecuación de calles en el área del Torreón 2-F en Iniesta, construcción 2ª fase del salón multiusos y pavimentación de calles en Alcahozo y Casas de Juan Fernández” (POS 2018).

La sesión ordinaria de este miércoles también ha servido para dar el visto bueno a la revisión y rectificación anual del Inventario de Bienes de la Diputación, a fecha 31 de diciembre de 2017, en el que se incorporado los bienes de los ya extintos Consorcio Provincial de Medio Ambiente (Consorma) y Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Cuenca 112), ascendiendo su valor a casi 67,6 millones de euros.

Mociones

En el capítulo de mociones, por su parte, indicar que Izquierda Unida ha presentado tres y el Grupo Socialista otras dos. Mociones, por cierto, que finalmente no se han debatido al haberse rechazado su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del apoyo de los grupos de la oposición.

Así, IU ha planteado una moción de rechazo al Producto Panaeuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) propuesto por la Comisión Europea como complemento a las pensiones públicas. Una cuestión que los populares no han respaldado al considerar que es el Parlamento Europeo quien tiene que pronunciarse sobre este asunto.

Igual suerte ha corrido la moción, también de IU, instando a la Diputación a posicionarse en contra de la instalación de una macrogranja porcina en Zarzuela. Y es que el equipo de Gobierno considera, por un lado, que hay que respetar la autonomía municipal, y, por otro, que este asunto debe de abordarse de manera global, a nivel provincial, y no caso por caso, ya que cada uno tiene sus peculiaridades. De ahí que, según ha explicado Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, se va a encargar al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dentro del convenio que mantiene con la institución provincial un estudio sobre el impacto de este tipo de granjas con el fin de conocer las consecuencias en el entorno de su puesta en marcha, en lo relacionado con los recursos hídricos subterráneos y en qué manera la gestión de los purines puede afectar a la calidad de nuestras aguas.

Con la tercera y última moción de Izquierda Unida, que tampoco ha sido debatida, se ha pedido que la Diputación inste al Gobierno central a tomar las medidas pertinentes para garantizar los procedimientos correspondientes al derecho de asilo a aquellas personas que lo soliciten y al Ministerio del Interior para que las personas que intervengan en la recepción de migrantes y refugiados conozcan y respeten los protocolos de actuación en este materia, de tal manera que se garantice el respeto de los derechos humanos.

Por parte del Grupo Socialista, se ha presentado una primera moción invitando a la Diputación a que concurra a la convocatoria de expresiones de interés con el fin de poder financiar el cierre y posterior traslado de la planta de tratamiento de residuos sólidos, ubicado en las proximidades de la estación del AVE Fernando Zóbel. En este sentido, desde el equipo de Gobierno se ha informado de que los servicios técnicos de la institución

provincial vienen trabajando desde hace tiempo en este asunto con el fin de ver qué se hace con esa planta de tratamiento, dejando claro, de esta manera, que en ningún momento se ha quedado aparcada, si bien sí se ha puesto sobre la mesa la falta de compromiso y colaboración del Gobierno castellano-manchego en esta cuestión.

Tampoco se ha abordado en el seno del debate la última moción presentada por el Grupo Socialista relativa, una vez más, a la petición de que la institución provincial se adhiera al Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2018, a lo que desde el equipo de Gobierno se ha insistido en no optar por esta vía, máxime cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha siempre ha tenido por respuesta la denegación de cuantos talleres de empleo ha solicitado la Diputación conquense, mientras que al resto sí se los ha concedido. De ahí que le haya instado al Gobierno regional a llevar a cabo iniciativas con la suficiente financiación, sin necesidad de tener que implicar a otras administraciones, que, incluso, tienen 120 veces menos de presupuesto.

El Grupo Socialista ha optado por abstenerse e Izquierda Unida por votar en contra de las dos modificaciones de créditos sometidas al Pleno de ordinario de este miércoles, una por importe de 1,6 millones de euros y otra de 21,4

Con el apoyo del Grupo Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra de la única diputada de IU, la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado en el Pleno ordinario del mes de mayo un paquete extraordinario de inversiones por valor de 21,4 millones de euros, con el que se incrementa un 27 por ciento el actual presupuesto de la institución.

Inversiones financieramente sostenibles que, según ha explicado Julián Huete, portavoz popular, son el resultado directo de la buena gestión económica realizada en los últimos años por este equipo de Gobierno, que ha permitido cumplir con todas y cada una de los exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, en consecuencia, poder utilizar esos 21,4 millones de euros, el máximo disponible de los 40 millones de euros del remanente de tesorería de la Diputación conquense.

No es de extrañar, por lo tanto, que Benjamín Prieto, presidente de la institución provincial, no entendiera la postura de PSOE e IU ante esta modificación de créditos de 21,4 millones de euros, puesto que no apoyarla es “no estar a favor del desarrollo de esta provincia”. Y es que, según ha recordado, en este expediente se han incluido no solo actuaciones en inmuebles, sino también inversiones considerables en algo tan importante para nuestros pueblos como son sus caminos y carreteras.

En concreto, se contemplan 6,2 millones de euros para el arreglo de 100 kilómetros de 13 carreteras de la provincia, que se suman a los 14 millones anuales de mantenimiento previstos en el actual presupuesto y a los algo más de 3 millones en otras tantas carreteras, en trámites de adjudicación y alguna a punto de iniciar su ejecución. Y, por otro lado, se prevé acometer el acondicionamiento de 110 kilómetros de 14 caminos de asfalto, que beneficiarán a un total de 22 municipios. Inversión que, por cierto, se suma a los 4,5 millones destinados al convenio de caminos rurales suscrito con la Junta de Comunidades y que, según ha subrayado Huete, aún no se ha puesto en marcha ni una sola actuación.

Patrimonio como motor de progreso

En este paquete de inversiones también ocupa un lugar destacado el patrimonio. Y es que, tal y como ha remarcado al respecto el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este equipo de Gobierno viene apostando “por hacer del patrimonio un uso y un destino para las personas, como un instrumento dinamizador de la economía local generando oportunidades de riqueza y empleo en el territorio”.

De ahí que en 2013 se emprendiera el ambicioso Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas (Plamit), se continuara con una inversión de casi un millón de euros de fondos propios en patrimonio, después se prosiguiera con el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio, que se dotó con casi 5 millones de euros para 30 intervenciones y, ahora, se haya suplementado con 400.000 euros y seis actuaciones más, que no son otras que la recuperación de los puentes de Vindel, Castellar y entorno, Valeria y Albalate de las Nogueras, así como la colaboración en la rehabilitación de la antigua Fábrica de Harinas de Cardenete y en el Museo del Olivo y del Aceite de Valdeolivas.

Precisamente, con esta intención de hacer del patrimonio un motor de progreso, se destinarán algo más de 1,8 millones de euros a la adquisición del antiguo Convento de Franciscanos de San Clemente, el antiguo edificio de ICONA, donde se encuentran ubicadas en la actualidad las instalaciones del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) de la Diputación, y el poblado del Salto de Uña, propiedad de Gas Natural Fenosa. Inmuebles que serán rehabilitados para darle una utilidad encaminada a revitalizar económicamente la zona, destinando para ello cerca de 3,8 millones de euros.

Así, por ejemplo, el antiguo Convento de San Clemente se vincularía al sector hotelero y hostelero, mientras que el poblado del Salto de Uña se orientaría hacia un alojamiento turístico de calidad y centro deportivo, sin olvidar, por supuesto, el Convento de Santo Domingo de Guzmán de Huete, al que se destinarán 1.150.000 euros para habilitarlo, sobre todo, como centro de emprendimiento, contribuyendo así, según ha subrayado Prieto, a apoyar a las iniciativas empresariales y afianzar la población con la puesta en marcha de servicios y empresas. A todo esto, no hay que olvidar los 2,7 millones de euros incluidos también para el Plan de Rehabilitación de Antiguas Estaciones de Tren, que afecta a siete apeaderos de la línea férrea Cuenca-Utiel.

No es de extrañar, por lo tanto, que también se hayan contemplado en esta modificación de créditos, por un lado, un millón de euros para la finalización de la Residencia de Mayores de Beteta, contemplando eso sí la posibilidad de que la Junta de Comunidades también se implique en el proyecto tal como hiciera en su origen, y, por otro, 1,2 millones para la conclusión del balneario de Yémeda en un intento de poner en valor esta zona de La Serranía a través del turismo termal.

Convocatorias

Las convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva también tienen cabida en este paquete extraordinario de inversiones y, de hecho, a esta cuestión se asignan cerca de 3 millones de euros. Convocatorias como, por ejemplo, la del Plan de Instalaciones Municipales, que se ha incrementado su dotación de manera exponencial, pasando de los 500.000 euros de las dos primeras ediciones a un total de 2,6 millones de euros. Una clara apuesta de esta Diputación, según el equipo de Gobierno, por seguir apoyando a los Ayuntamientos en la mejora de la actividad económica local y comarcal colaborando en la creación, dotación, mejora y modernización de instalaciones municipales, tales como polígonos industriales, viveros de empresas, recintos feriales y otros espacios y edificios.

Y del mismo modo, se prevén otra convocatoria dirigida a Ayuntamientos de apoyo a la puesta en marcha de guarderías en los municipios de esta provincia con el claro objetivo de respaldar el emprendimiento, favorecer la conciliación familiar y propiciar que nuestros municipios dispongan de servicios que los hagan más atractivos para sus vecinos en aras de afianzar la población en ellos.

Personal y apoyo a la investigación y la cultura

Pero éste no ha sido el único punto del orden del día de este Pleno, puesto que también se ha abordado otra modificación de créditos, esta vez por importe de 1,6 millones de euros, que ha corrido la misma suerte que la anterior; es decir, ha salido adelante con el respaldo del PP, mientras que el Grupo Socialista se ha abstenido e IU ha votado en contra por considerarla una clara falta de previsión por parte del equipo de Gobierno.

Modificación de créditos que se destina a cuestiones de personal y, en especial, al apoyo a la investigación y la cultura, teniendo como aliados a la UCLM y la UIMP. Así, en concreto, se realizará un curso internacional con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre patrimonio histórico y arte religioso, así como tres proyectos de investigación con la Universidad Regional, uno en Beteta relativo al patrimonio cultural, otro en la zona de Ercávica sobre los eremitorios visigodos y un tercero en el yacimiento romano de Valeria.

Asimismo y también vinculado al patrimonio histórico, aunque en este caso a los bienes muebles, en esta modificación de créditos se incluye una partida superior a los 160.000 euros para abordar la restauración de obras de gran envergadura, como retablos, etc…, que viene a complementar la intensa actividad del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Diputación.

Completan esta iniciativa, por un lado, una partida de casi 500.000 euros, que se aplicará a la redacción de proyectos de algunas de las inversiones incluidas en la modificación de créditos anterior y a la elaboración de las auditorías energéticas de los municipios de la provincia, que les permita acceder a las diversas convocatorias de eficiencia energética y así optimizar recursos, y, por otro, otra de 200.000 euros para una convocatoria de subvenciones destinada a particulares con el fin de poner en marcha una red de casas nido en la provincia, que complemente la convocatoria de guarderías para Ayuntamientos.

Mociones

En el apartado de mociones, indicar que se han presentado un total de cinco, tres de ellas por Izquierda Unida y las dos restantes por el Partido Socialista, que no han llegado a debatirse en el Pleno al rechazarse su urgencia con los votos de los populares y pese al respaldo de la oposición

En concreto, IU ha planteado una moción para que se cobrara el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todos aquellos edificios religiosos cuyo destino no esté vinculado al culto, otra para mostrar el rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el conocido caso de La Manada y declarar personas non gratas a los condenados y una tercera en contra de la construcción de dos macrogranjas de pollos en Tinajas.

Los socialistas, por su parte, han presentado una moción proponiendo una serie de inversiones con cargo a los 21,4 millones disponibles del remanente de tesorería, entre las que se encuentran desde la aportación de 2,1 millones al Plan Extraordinario por el Empleo en C-LM hasta la construcción de dos parques de bomberos, pasando por la rebaja a los Ayuntamientos de la cuota de cobranza del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación.

Y, por último, también han planteado una moción para la contratación del personal necesario para prestar las funciones de delegado de protección de datos en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Una cuestión ésta en la que, tal y como ha remarcado Prieto, la Diputación ya se está trabajando desde hace un tiempo con el fin de atender estas necesidades.

El Pleno de la institución provincial ha aprobado de manera unánime la actualización de este reglamento a la realidad del ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, a la normativa vigente en la actualidad y a la proporcionalidad en la representación de los grupos políticos en este Consejo Provincial

Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado en sesión plenaria de carácter ordinario la modificación del reglamento por el que se crea y regula el Consejo Provincial de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID). Una revisión que ha contado con el apoyo unánime de los grupos políticos y con la que, según explica Francisco Javier Doménech, diputado de Servicios Sociales, se pretende actualizar este reglamento al ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, a la normativa vigente y a la proporcionalidad en la representación de los grupos políticos en este órgano provincial a semejanza de la existente en las comisiones informativas de la institución provincial.

Una unanimidad que también se ha dado tanto en la aprobación del acta del Pleno anterior como en el punto relativo a la solicitud de cambio de obra del Ayuntamiento de El Peral correspondiente al Plan de Obras y Servicios de 2018. En concreto, se ha dado luz verde a la modificación de la actuación denominada ‘Arreglo de la Plaza del Caudillo, 1ª fase’ por la de ‘Arreglo de la Travesía El Calvario y Plaza del Caudillo’, si bien se mantiene el presupuesto inicial de 30.000 euros, de los que 27.000 corren a cargo de la Diputación y los 3.000 restantes al Consistorio.

Respaldo unánime que, sin embargo, se ha roto a la hora de abordar las cuatro mociones presentadas por los Grupos Socialista e Izquierda Unida. No en vano, no han llegado a debatirse al ser rechazada su urgencia de debate con los votos del Grupos Popular y a pesar del respaldo de los partidos de la oposición.

Así, IU ha llevado al Pleno una moción por una nueva Ley Electoral para Castilla-La Mancha instando a la revisión urgente del Estatuto de Autonomía y otra de apoyo a la asociación Proactiva Open Arms y otras ONG’s que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo solicitando el Gobierno central que interceda por los miembros de estas organizaciones que ahora van a ser juzgados por un delito de tentativa de tráfico ilegal de personas.

Y el Grupo Socialista, por su parte, ha presentado una moción en defensa del agua de Castilla-La Mancha y de la cuenca del Tajo y otra solicitando para los Ayuntamientos de la provincia la rebaja del precio de cobranza por la prestación del servicio de recaudación voluntaria y ejecutiva de los impuestos municipales por parte del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR).

Con la abstención de IU y el apoyo de populares y socialistas se ha dado luz verde al dictamen del Departamento de Personal que propone rechazar ambas peticiones por ir en contra de la normativa vigente, en concreto, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

De puro trámite ha resultado el Pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de marzo celebrado este miércoles por la Diputación Provincial de Cuenca. No en vano, tras tener en cuenta, al inicio de la sesión, las apreciaciones de la única diputada de Izquierda Unida al acta de la sesión anterior, se ha abordado el orden del día, que se ha reducido a dos únicos puntos, ambos relacionados con la solicitud de compatibilidad de dos empleados laborales de la Diputación para desarrollar una segunda actividad laboral.

De esta manera, con la abstención de Izquierda Unida y el apoyo de populares y socialistas, el Pleno ha dado luz verde al dictamen del Departamento de Personal que propone rechazar ambas peticiones por ir en contra de la normativa vigente; en concreto, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En el capítulo de las mociones, indicar que Izquierda Unida ha sido la única que ha presentado al plenaria dos mociones, que, por cierto, no han sido debatidas al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de socialistas e IU.

En concreto, la diputada Ana Sánchez ha planteado en primer término una moción para que la Diputación reivindique la memoria del fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, en el Centenario de su nacimiento, apoyando las acciones, iniciativas y actividades promocionadas por la Comisión Estatal encargada de tal conmemoración, difundiendo la figura del sindicalista y apoyando el documental sobre su vida. Moción que no ha contado con el apoyo del Grupo Popular, que ha entendido que ya hay una Comisión Estatal que se está encargando de tal celebración y, por lo tanto, no corresponde a esta Diputación tomar alguna decisión al respecto.

IU también ha planteado otra moción sobre la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social encaminadas a su garantía, como la supresión de las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, la potenciación de las inspecciones contra el fraude o la eliminación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización.

Cuestiones éstas ante las que el Grupo Popular se ha remitido a las últimas propuestas del Gobierno de Central, vía Presupuestos Generales del Estado para 2018, en las que se contempla una subida de las pensiones de hasta un 3 por ciento para casi 7 millones de pensionistas, incluidas las de viudedad.

El Pleno Provincial también ha aprobado, a propuesta del PP, y esta vez con el respaldo del Grupo Socialista y la abstención de IU, dos mociones instando a la modificación de la Ley de Aguas con el objeto de que los regantes puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos existentes en su entorno

También se ha dado el visto bueno a otra moción del Grupo Popular, en esta ocasión con el apoyo de IU, para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a poner en marcha un plan contra la plaga de la procesionaria del pino, que tanta incidencia está teniendo en las masas forestales de nuestra provincia

El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Cuenca se ha quedado solo en el Pleno ordinario a la hora de defender un sistema público de pensiones sostenible. Y es que la moción presentada por el PP en este sentido se ha tenido que aprobar con los votos de la bancada popular al encontrarse con la oposición frontal de PSOE e IU.

Una moción con la que el Grupo Popular demanda básicamente una reactivación del Pacto de Toledo, pero que los grupos de la oposición no han apoyado, llegando, incluso, a tildarla de “poco seria” y “tomadura de pelo”, además de poner en tela de juicio las cifras ofrecidas por los populares, en las que constatan el esfuerzo realizado por el Gobierno de Rajoy no solo para el mantenimiento las pensiones, sino también para no perder poder adquisitivo, a pesar de la fuerte crisis económica, que, por el contrario, sí conllevó recortes y reducciones importantes en otros países de Europa, como Grecia o Irlanda.

Cifras éstas, como por ejemplo, los 9,5 millones de pensiones contributivas existentes en nuestro país a fecha 1 de febrero de 2018, lo que supone un 15,6 por ciento más que al inicio de la crisis, en 2007, o los 1.077,52 euros de importe medio de una pensión por jubilación –la que más peso tiene en el total de las pensiones–, que representan un incremento del 41,6 por ciento en los últimos diez años. Todo ello, sin olvidar que el compromiso del Gobierno de Rajoy con el sistema de público de pensiones ha derivado en un incremento del 53% del gasto en pensiones contributivas, al pasar de los 79.805 millones de euros de 2007 a los 122.777 de 2017.

Pese a estas cifras, el PP insta con esta moción a la Comisión del Pacto de Toledo a que “elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de la Seguridad Social con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero”. Asimismo, también insta al Estado a “seguir trabajando con los agentes sociales en el diálogo social y continuar manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir con el necesario consenso los debates que está llevando a cabo, comprometiéndose a implementar las recomendaciones finales con el respaldo de los agentes sociales”.

Una postura, la de los populares, que, a juicio de Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, viene a corroborar la preocupación de su formación política por el presente y el futuro de las pensiones, tal y como ha venido demostrando el Ejecutivo de Rajoy en los últimos años, y que dista mucho de la actitud de la oposición que parece optar más por la generación del miedo y la incertidumbre en vez de aportar soluciones reales a esta situación.

Y en esta línea, por ejemplo, IU ha presentado in extremis una moción en defensa del sistema público de pensiones ­­­–la misma que ya formuló en el Pleno de enero–, reclamando la derogación de la reforma acometida en 2013, entre otras medidas. Moción que finalmente no ha sido debatida al rechazarse su urgencia, máxime cuando ya se había aprobado con anterioridad la moción popular en defensa del sistema público de pensiones instando a la reactivación del Pacto de Toledo.

Apuesta por los regantes

Pero éstas no han sido las únicas mociones abordadas; no en vano, se han presentado un total de diez, de las cuales cinco han correspondido al Grupo Popular, tres al Partido Socialista y dos a Izquierda Unida.

Entre las presentadas por el Partido Popular, además de la relativa a las pensiones, también se han abordado dos instando al Gobierno de España a modificar la Ley de Aguas con el fin de que los regantes de nuestra provincia puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos existentes en su entorno. Dos propuestas que, por cierto han contado con el respaldo de los diputados socialistas, aunque no así de la representante de IU que se ha inclinado por la abstención.

En concreto, el Pleno de la Diputación ha aprobado instar al Estado a introducir en la Ley de Aguas la posibilidad de que el derecho al uso de las aguas se pueda realizar destinando las mismas a otros predios próximos entre sí, pertenezcan o no al mismo titular y cuya superficie no exceda de las 10 hectáreas y no tenga establecido ese ámbito territorial figura alguna de protección ambiental.

Y, de la misma manera, introducir en la mencionada norma otra modificación en el sentido de ampliar esa posibilidad de solicitar la transformación en concesión de aguas públicas con el volumen máximo anual reconocido y para el mismo o superior uso a todos los titulares de aprovechamientos por disposición legal situados en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, que con anterioridad a la publicación del acuerdo de declaración en riesgo de la correspondiente Masa de Agua Subterránea a la que pertenezcan aquellos, estén inscritos en la Sección B del Registro de Aguas, o que hubieran solicitado la preceptiva autorización, siempre que les sea finalmente concedida.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

También con el apoyo de populares y socialistas y la abstención de Izquierda Unida, ha salido adelante otra moción presentada por el Grupo Popular, en esta ocasión, en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un texto en el que se insta a que la Diputación de Cuenca asuma este compromiso, haciéndolo extensible a todas las administraciones públicas, con el fin de hacer todo lo posible por la integración de manera activa y transversal del principio de igualdad de trato y  oportunidades entre mujeres y

hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en ámbitos como el acceso y promoción en el empleo, la erradicación de la violencia de género, la educación, las pensiones, la salud, el deporte, la representación política y social, la investigación, el desarrollo e innovación, la sociedad de la información, la cultura, la política exterior, la cooperación al desarrollo y en el medio rural.

No han corrido igual suerte las dos mociones formuladas por PSOE e IU de apoyo a las movilizaciones previstas para el próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Tanto el texto socialista de apoyo al paro de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarias UGT y CCOO como el de Izquierda Unida de respaldo a la huelga general, no han llegado a debatirse al no haber prosperado su urgencia con el voto en contra del Grupo Popular y a pesar del apoyo de la oposición en pleno.

Lucha contra la procesionaria

Sin embargo, el Pleno de la Diputación sí ha dado luz verde a otra moción del Grupo Popular, en esta ocasión con el apoyo de IU y el voto en contra del PSOE, en la que insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a la puesta en marcha de un plan contra la plaga de la procesionaria del pino. Y es que su incidencia en la provincia de Cuenca es bastante considerable, lo que, a juicio del PP, hace necesario que el Ejecutivo de García-Page, como organismo responsable en materia de sanidad vegetal, realice los necesarios informes técnicos para delimitar las zonas afectadas por esta plaga, su potencial expansión a zonas aún no afectadas y el control de futuras plagas puestas en el año 2018 para proceder a planificar y ejecutar los tratamientos más eficaces que eviten el deterioro del medio natural y patrimonio forestal, así como los graves problemas de salud para las personas.

Otras mociones

Peor suerte ha corrido la moción del Grupo Socialista para instar a la UCLM a implantar el Grado de Turismo en el Campus de Cuenca, puesto que no ha llegado a debatirse al no aprobarse su urgencia con los votos en contra del Grupo Popular y pese al respaldo de PSOE e IU. Y es que, tal y como ha explicado Prieto, la Diputación conquense ya se ha pronunciado sobre esta cuestión con el envío, a principios del presente mes de febrero, de una carta instando al rector de la Universidad Regional, por un lado, a cumplir con los compromisos de 2010, en los que se incluía el Grado de Turismo para Cuenca, y, por otro, a implantar otras titulaciones como Psicología, así como aquellas relacionadas con los recursos existentes en la provincia, como el medio ambiente, las energías renovables o el sector agroalimentario.

En consecuencia y a tenor de los pasos y dados, esta moción, tal y como ha remarcado el presidente, ya no tenía sentido alguno, si bien sí ha manifestado su sorpresa por el hecho de que el PSOE la haya presentado en la Diputación, mientras que en las Cortes de Castilla-La Mancha sus diputados votaran hace unas semanas en contra de una moción que pedía, entre otras cuestiones, precisamente, el Grado de Turismo para Cuenca.

El capítulo de mociones en este Pleno ordinario se ha cerrado con la presentada por el Grupo Socialista para pedir al Gobierno de España la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como más efectivos. Un texto que no ha llegado a debatirse al no recibir el respaldo de los populares a la hora de votar su urgencia, entre otros motivos, por el hecho de que este martes, precisamente, se había alcanzado un principio de acuerdo en las negociaciones a este respecto entre el Ministerio del Interior, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, que deberá ser ratificado por sus bases para su firma definitiva. Un nuevo status quo que, en opinión de los populares, no hacía preceptivo el debate de esta moción en estos momentos, optando por dejar que las negociaciones existentes sigan su curso.

Con los votos a favor de los Grupos Popular y Socialista y la abstención de Izquierda Unida, se ha dado luz verde al POS de este año, que contempla una inversión cercana los 9 millones de euros, incluidos los costes de redacción de proyectos y dirección de obras, que llegarán a los 238 municipios y 4 EATIM de la provincia al haberse incluido las cuatro localidades que presentaron sus solicitudes fuera de plazo.

Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado de manera definitiva el Plan de Obras y Servicios de 2018. Y lo ha hecho en el Pleno ordinario celebrado gracias a los votos a favor de los Grupos Popular y Socialista, ya que Izquierda Unida ha optado por abstenerse. De esta manera, se ha dado luz verde a una inversión cercana a los 9 millones de euros, incluidos los costes de redacción de proyectos y dirección de obras, que llegarán a los 238 municipios y 4 EATIM de la provincia, donde se llevarán a cabo unas 300 actuaciones. Algo que ha sido posible una vez se ha acordado con anterioridad, en esta ocasión por unanimidad de los tres grupos políticos, incluir en este Plan a las localidades de Landete, El Peral, Talayuelas y Tinajas, que habían sido excluidas inicialmente por presentar sus solicitudes fuera del plazo establecido.

En consecuencia, el POS de este año llegará finalmente a la totalidad de los municipios de la provincia, posibilitando la ejecución de actuaciones de mejora de infraestructuras básicas y de equipamiento, que, según ha remarcado Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, permitan hacer de nuestros pueblos unos lugares más atractivos para vivir, invertir y desarrollar la actividad económica.

Así, se han contemplado en torno a 300 actuaciones, correspondiendo la mayoría de ellas, 136, a obras de pavimentación de calles. Le siguen las intervenciones relativas al ciclo integral del agua, con 44 (redes, sondeos, colectores, etc.); las reformas de edificios municipales, con 22; las mejoras de alumbrado en aras de la eficiencia energética, con 15; las obras en instalaciones deportivas, con 12, al igual que las actuaciones en cementerios; la construcción de vallados y muros, con 9; las intervenciones en parques, también con 9; las obras para almacenes municipales, con 8; o las actuaciones en centros sociales, con 7, entre otras muchas, como electrificación, eliminación de barreras arquitectónicas, tanatorios, básculas municipales, depósitos, etc.

En este sentido, indicar, además, que 40 municipios van a beneficiarse de una rebaja del 5 por ciento en la aportación económica correspondiente al Ayuntamiento, 33 casos por tratarse de obras de ciclo hidráulico y 7 por haber solicitado actuaciones de eficiencia energética. Una rebaja que alcanza el 100% para aquellos municipios que han solicitado actuaciones en conjuntos históricos, zonas arqueológicas, monumentos BIC (Bien de Interés Cultural) o en inmuebles catalogados. Tales son los casos de Alarcón, Barchín del Hoyo, Cañete, Bonilla (Huete), Moya, Pozorrubio de Santiago, Uclés y Villaescusa de Haro.

Pero el apoyo del Grupo Socialista al POS de 2018 no ha estado exento de reparos en relación al reparto de ayudas a las pedanías, tal y como han venido manifestando en sesiones plenarias anteriores. Reparos que Prieto ha rechazado por considerar que los actuales criterios poblacionales rompen con la “desproporcionalidad” y “arbitrariedad injusta que se ha venido implementando en legislaturas anteriores y permitía, por ejemplo, que hubiera la misma inversión en una pedanía de 2 habitantes que en otra de 400”.

No obstante, ha recordado que, por primera vez en esta Diputación, se ha puesto en marcha un Plan Especial de Pedanías, con el que se refuerzan las inversiones en estos núcleos, atendiendo aquellas necesidades más urgentes.

Cambio de obra

En la sesión plenaria, también se ha dado el visto bueno, esta vez por unanimidad, al cambio de obra correspondiente al Plan de Obras y Servicios de 2017 solicitada por el Ayuntamiento de Almendros. De esta manera, se ha aprobado sustituir la actuación denominada ‘Construcción nave municipal, 2ª fase’ por la titulada ‘Construcción de nave municipal de usos múltiples.

Cambio de obra que, sin embargo, no conlleva modificación alguna de la inversión prevista inicialmente de 24.000 euros, de los que 22.320 corren a cargo de las arcas provinciales y los 1.680 restantes del Ayuntamiento de la localidad.

Con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de socialistas e IU, el Pleno ha dado luz verde al POS de este ejercicio que contempla una inversión cercana los 9 millones de euros, incluidos los costes de redacción de proyectos y dirección de obras, que asume la institución provincial

La Diputación ha aprobado, también, una moción del PP en favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable, que no ha contado con el respaldo de la oposición, y otra del Grupo Socialista pidiendo al Gobierno central un nuevo régimen de extracciones de agua en el Acuífero de la Sierra de Altomira, esta vez por unanimidad del plenario

El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado este miércoles de manera provisional, con el respaldo del Grupo Popular y la abstención de socialistas e Izquierda Unida, el Plan de Obras y Servicios (POS) del presente ejercicio 2018, que contempla un total de 300 actuaciones con una inversión de casi 8 millones de euros, que, unida a los costes de redacción de proyectos y dirección de obras que asume la institución provincial, se eleva a cerca de los 9 millones de euros. Un visto bueno que ha venido precedido por el rechazo con los votos del PP y pese al apoyo de PSOE e IU, del voto particular emitido por el portavoz socialista relativo a la distribución de ayudas a las pedanías.

El Plan de Obras y Servicios aprobado permitirá acometer actuaciones de mejora de infraestructuras básicas y de equipamiento en la totalidad de los municipios de la provincia, salvo en las localidades de El Peral, Landete, Talayuelas y Tinajas, que han quedado excluidas al haber presentado sus solicitudes fuera del plazo. Y es que, tal y como ha remarcado Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, desde la institución se tiene la voluntad de que este plan llegue a todos los municipios de la provincia de una manera ajustada a sus necesidades reales. Es por ello que, como novedad y complemento a este POS, se ha creado este año el Plan Especial de Pedanías, que vendrá a acometer aquellas actuaciones más urgentes en estos pequeños núcleos de población y que, en esta ocasión, se han concretado en sendos sondeos de abastecimiento en Herrería de Santa Cristina y Villar de Cantos.

A través del Plan de Obras y Servicios de este año, se van a realizar en torno a 300 actuaciones, correspondiendo la mayoría de ellas, 134, a obras de pavimentación de calles. Le siguen las intervenciones en redes de abastecimiento y alcantarillado, con 43; las reformas de edificios municipales, con 20; las mejoras de alumbrado en aras de la eficiencia energética, con 14; las obras en instalaciones deportivas, con 12, al igual que las actuaciones en cementerios; la construcción de vallados y muros, con 9; las intervenciones en parques, también con 9; o las actuaciones en centros sociales, con 7, entre otras muchas, como eliminación de barreras arquitectónicas, almacenes municipales, tanatorios, etc.

Una importante inyección económica en los municipios de la provincia que la Diputación asume en más del 90 por ciento, mientras que el resto corre a cargo de los Ayuntamientos; eso sí, salvo algunas excepciones. Y es que en caso de que las obras solicitadas por  los Consistorios estén relacionadas directamente con la eficiencia energética y el ciclo integral del agua, ven reducida en un 5% su aportación inicial, de la que se hace cargo la institución provincial; algo que le ha ocurrido a un total de 33 localidades. Una rebaja que alcanza el 100% para aquellos Ayuntamientos que solicitan actuaciones en conjuntos históricos, zonas arqueológicas, monumentos BIC (Bien de Interés Cultural) o en inmuebles catalogados. Tales son los casos de Alarcón, Barchín del Hoyo, Cañete, Bonilla (Huete), Moya, Pozorrubio de Santiago, Uclés y Villaescusa de Haro.

Pero ésta no ha sido la única cuestión abordada en el Pleno ordinario de este miércoles, puesto que también se ha dado luz verde, esta vez por unanimidad, a la propuesta del Área de Personal de fijar guardias localizadas no presenciales en la Unidad de Mantenimiento de la Diputación. El objetivo perseguido con esta medida no es otro que garantizar que las instalaciones de la institución provincial puedan estar atendidas adecuadamente ante cualquier incidencia las 24 horas del día y los 365 días del año, tal y como ha detallado David Cuesta, diputado de Personal, quien no ha dudado en calificar la iniciativa como “muy importante” y “fruto de una intensa negociación con los representantes de los trabajadores a lo largo del último año”.

Mociones

La unanimidad también se ha dado en el apartado de las mociones. En concreto, en la presentada por Izquierda Unida en relación a Ahed Tamimi, la menor palestina encarcelada por defender los derechos de su pueblo frente al Estado de Israel. Como consecuencia, la Diputación conquense ha acordado, además de mostrar su apoyo a la joven, instar al Gobierno de España a que solicite su liberación inmediata, así como la de todas las personas que están de forma ilegal e irregular en cárceles israelíes, entre otras cuestiones.

Unanimidad que, sin embargo, se ha roto a la hora de abordar la moción del PP sobre el mantenimiento de la prisión permanente revisable, que finalmente se ha aprobado por los votos del Grupo Popular, a pesar del rechazo de la oposición. En consecuencia, la Diputación conquense ha mostrado su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español en la modificación del Código Penal de 2015, y ha instado a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de esta figura. Acuerdo que se dará traslado al ministro de Justicia, los distintos grupos políticos del Congreso y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De la misma manera, con la abstención de Izquierda Unida y con el voto favorable de PSOE y PP, se ha dado el visto bueno a la moción presentada por el Grupo Socialista en contra del régimen de extracciones de agua para regadío del Alto Guadiana, en concreto, en la Sierra de Altomira. Eso sí, acuerdo de socialistas y populares que ha venido precedido por una

serie de consideraciones del Grupo Popular, que, pese a estar de acuerdo con el grueso de la cuestión, no ha visto con buenos ojos los “tintes políticos” esgrimidos en la moción socialista responsabilizando de la situación al Gobierno de Rajoy. Y es que tal y como ha manifestado el presidente de la Diputación no se puede olvidar el hecho de que los sucesivos gobiernos socialistas, entre 2004 y 2012, no abordaran esta cuestión, siendo el actual Ejecutivo quien lo hiciera en 2016.

En todo caso, el Pleno ha acordado rechazar el Plan de Cuenca en su parte del Alto Guadiana y exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ministerio de Agricultura un reparto más equitativo y justo del agua, atendiendo a las características de cada masa de agua, sus capacidades de recarga y sus connotaciones sociales. En definitiva, tal y como ha detallado Prieto, instar al Ejecutivo central a que sea sensible a las necesidades de los agricultores de nuestra provincia, permitiéndoles tener agua suficiente para sus cultivos, eso sí, siempre de una manera acorde a la situación del acuífero y a las circunstancias meteorológicas de cada momento.

No han corrido igual suerte, por último, una moción socialista reclamando la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y la presentada por Izquierda Unida sobre el sistema de pensiones, que no han llegado a debatirse al haberse rechazado su urgencia con los votos del Grupo Popular y pese al respaldo de los diputados de la oposición.

Los grupos de IU y PP han presentado en el Pleno ordinario de noviembre una moción conjunta instando tanto al Gobierno central como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que den una solución definitiva al futuro de las líneas Cuenca-Valencia-Albacete y Puertollano-Albacete-Valencia; moción que ha apoyado el PSOE en el último momento, pese a las muchas reticencias manifestadas a través de su portavoz

La Diputación Provincial de Cuenca ha mostrado su apoyo unánime al mantenimiento de las dos líneas de transporte público de viajeros por carretera de la provincia de Cuenca, cuya continuidad se ha venido poniendo en entredicho en los últimos meses y que no son otras que la Cuenca-Valencia-Albacete (VAC-114) y la Puertollano-Albacete-Valencia (VAC-212). Apoyo que se ha materializado en el Pleno ordinario de este miércoles, a través de una moción conjunta de los grupos de Izquierda Unida y Partido Popular, en la que se insta tanto al Gobierno central como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que den una solución definitiva al futuro de estas dos líneas; moción que finalmente ha respaldado en el último momento el Grupo Socialista, a pesar de las muchas reticencias manifestadas a través de su portavoz, Joaquín González Mena, hasta el punto de votar en contra de la urgencia de su debate.

No en vano, desde las filas socialistas han mostrado en todo momento su desacuerdo con esta moción conjunta de IU y PP, ya que, a su juicio, las competencias de estas dos líneas deben corresponder exclusivamente al Gobierno central, quedando la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en una mera colaboración. Sin embargo, llegado el momento de la votación, los diputados del PSOE han dado un vuelco a su postura y han decidido apoyar in extremis esta moción que, en primer lugar, insta “al Ejecutivo central a garantizar la continuidad del servicio en tanto se solucionen los problemas respecto a la competencia de los tráficos” y, en segundo, “al Gobierno de Castilla-La Mancha a encontrar una solución definitiva para articular la gestión de los tráficos que solicitó en marzo de 2016 y que permita prestar el servicio de las líneas de autobuses”.

Y es que, tal y como ha puesto de manifiesto Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, durante su intervención en la sesión plenaria, desde Izquierda Unida y Partido Popular, “lo único que queremos es una solución a este problema y acabar con la incertidumbre e inseguridad de los usuarios y de los trabajadores de estas líneas”, pidiendo para ello la implicación en este asunto de las administraciones nacional y autonómica. De ahí que en el texto aprobado se asevere textualmente que “atendiendo al interés general y a la lealtad y coordinación institucional y teniendo como prioridad al ciudadano, su movilidad y la correcta vertebración territorial, el Ministerio ha garantizado siempre la prestación del servicio instándole a garantizar el mantenimiento del servicio de estas líneas hasta que de manera definitiva la Administración regional ostente la titularidad de las mismas”.

Sin dejar el apartado de mociones, indicar que el Pleno de la Diputación también ha abordado una moción de Izquierda Unida para rechazar la intervención del Ministerio de Hacienda de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid; cuestión que finalmente no se ha debatido al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del apoyo de socialistas e IU.

Igual suerte ha corrido la moción presentada por el PSOE, en su caso, para reivindicar al Gobierno central, en relación al control que ejerce de las cuentas de las entidades locales, la revisión de la regla del gasto, el destino del superávit, la deuda pública y la tasa de reposición.

Otros puntos del orden del día

Pero este Pleno ordinario ha dado para más y, por ejemplo, se ha acordado, con los votos a favor del Partido Popular y pese al rechazo de la oposición, el acuerdo de no disposición de créditos con el fin de garantizar el cumplimiento de la regla de gasto del presente ejercicio de 2017. Así, se dio luz verde a la retención de créditos por valor de 5,2 millones de euros en las partidas presupuestarias relativas a los fondos europeos del Programa Operativo FEDER 2014-2020 asignados a la Diputación como organismo con senda financiera para la rehabilitación de patrimonio y apoyo a las pymes del sector turístico. Fondos de los que, tal y como ha detallado el portavoz del Grupo Popular y diputado de Hacienda, Julián Huete, la Diputación no puede disponer hasta ahora al encontrarse bloqueados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde hace casi dos años y medio.

Del mismo modo, aunque esta vez con el respaldo de populares y socialistas y la abstención de la única diputada de IU, se ha aprobado una modificación de créditos por valor de 38.000 euros, con la que se ha subsanado un error en la codificación de la partida destinada para el abono del plus de calidad al personal laboral del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

La unanimidad, sin embargo, sí se ha registrado a la hora de dar luz verde a la autorización de compatibilidad a Fernando Rubio Garay para el ejercicio de una segunda actividad en la Universidad Rey Juan Carlos, así como para aprobar la solicitud del Ayuntamiento de El Acebrón del cambio de una obra del POS 2017 por importe de 24.000 euros, que se destinará finalmente a la primera fase de urbanización de la calle Isabel Católica, en la que se incluye desde las acometidas de abastecimiento y saneamiento y el alumbrado hasta la evacuación de aguas pluviales y la red de canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

Idéntico resultado, por último, ha obtenido la solicitud del Ayuntamiento de Boniches para modificar otra obra del POS 2017 de renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico, que se ha sustituido por la pavimentación de calles, manteniéndose el importe total de 21.000 euros.

El Pleno ordinario ha aprobado, con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de IU, una modificación de créditos por importe de 1.960.968,64 euros, que se destinará en su mayor parte al Plan de Recuperación de Antiguas Estaciones Ferroviarias y a adelantar la financiación de diversas actuaciones del Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio de la Provincia

En la sesión plenaria, además, de aprobarse las normas del Plan de Obras y Servicios 2018 con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de IU y el rechazo de los socialistas, se ha dado vía libre, y por unanimidad, al texto del convenio de arreglo de caminos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Diputación de Cuenca ha dado luz verde a una inversión de 1,8 millones de euros para continuar con la recuperación del patrimonio de la provincia. Y lo ha hecho en el Pleno ordinario celebrado este miércoles, en el que se ha aprobado, con los votos a favor de populares y socialistas y la abstención de la única diputada de Izquierda Unida, una modificación de créditos por importe de 1.960.968,64 euros, que se destinará en su mayor parte al Plan de Recuperación de Antiguas Estaciones Ferroviarias (1.139.292,94 euros) y a adelantar la financiación de algunos de los proyectos del Plan de Recuperación, Conservación y Protección del Patrimonio de la Provincia (680.000).

Con esta nueva asignación presupuestaria, la Diputación sigue trabajando en ese ambicioso proyecto de recuperación de siete estaciones de tren (La Melgosa, Palancares, Arguisuelas, La Gramedosa, Yémeda-Cardenete, Enguídanos y Mira) con el objetivo final de diseñar una ruta de unos 87 kilómetros de longitud con la que se busca dinamizar la economía local de esta zona de la provincia en torno al turismo, además de favorecer el afianzamiento de la población en el territorio, tal y como ha afirmado el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto.

Normas del POS

La unanimidad tampoco se ha registrado a la hora de abordar las normas del Plan de Obras y Servicios (POS) 2018, que contempla una inversión de casi 9 millones de euros para actuaciones de mejora de infraestructuras básicas de todos los municipios de nuestra provincia. Y es que, tras ser rechazada la enmienda presentada por el Grupo Socialista para incluir en el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial y Servicios la homogeneización en 12.000 euros de las asignaciones económicas a las pedanías con una población de 1 a 100 habitantes, las normas han sido aprobadas con los votos a favor del Grupo Popular y a pesar del rechazo de socialistas y la abstención de Izquierda Unida.

Unas normas que Prieto ha tildado de “racionales, realistas y justas” y en las que se han introducido una serie de novedades, entre las que se encuentra el incremento en las asignaciones de inversiones a las pedanías de entre 11 y 15 habitantes de 9.000 a 12.000 euros, manteniendo los 9.000 euros para aquellos núcleos de población de 1 a 10 habitantes. Una apuesta, a juicio del presidente de la Diputación, por la racionalidad, que tiene por objeto garantizar que todos los pueblos de la provincia dispongan de unas infraestructuras básicas adecuadas e invertir de una manera acorde a las necesidades de cada localidad.

Muestra de ello ha sido su anuncio de poner en marcha en el presupuesto de 2018 un Plan Especial de Pedanías con el fin de atender aquellas intervenciones más urgentes y necesarias que se quedan fuera de las habituales del POS.

Otra de las novedades de las normas de este año es la retirada de la obligatoriedad de los Ayuntamientos de adherirse a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Medio Ambiente de la Diputación para poder beneficiarse del Plan de Obras y Servicios; algo que ha sido recibido con satisfacción por la oposición, aunque no por ello ha supuesto su respaldo a las normas.

Pero no todo  han sido cambios, puesto que también se ha apostado, por un lado, por continuar incentivando que los Ayuntamientos deleguen la adjudicación de las obras a la Diputación con el fin de reinvertir en esos municipios, a través de remanentes, las bajas obtenidas por la institución provincial en las contrataciones y, por otro lado, respaldando de manera especial aquellas obras encaminadas a la eficiencia energética y relativas al ciclo integral del agua rebajando en un 5% la aportación municipal, o las relativas a recuperación de patrimonio histórico y Bienes de Interés Cultural (BIC), donde la Diputación se hace cargo del 100% del coste de la obra.

Convenio de caminos

La unanimidad de todos los grupos sí se ha dado a la hora de aprobar el texto del convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el arreglo de caminos rurales en la provincia de Cuenca.

Un convenio que contempla una inversión de 9 millones de euros, de los que el 50% correrá a cargo de la Diputación conquense (4,5 millones de euros), el 37,5 al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, (3.375.000), el 8,7 a la Junta de Comunidades (787.500) y el 3,75 al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Prieto ha resaltado de este texto final lo mucho que ha cambiado con respecto al primer borrador presentado por el Ejecutivo autonómico, gracias a las aportaciones realizadas por la Diputación en aras de que beneficiara a todos los pueblos de la provincia independientemente de su población. De ahí que finalmente se vaya a contemplar una inversión mínima para todos los municipios, a la que se suma otra cantidad a determinar con arreglo a una serie de criterios, como superficie del término municipal, número de núcleos de población, desempleo o, incluso, despoblación.

De esta manera, tal y como ha remarcado, se va a acabar con esos más de dos años de espera para la firma de un nuevo convenio con la Junta, que permitirá a la Diputación continuar con su firme apuesta de mejorar las infraestructuras básicas de comunicación de todos los municipios de la provincia, como son los caminos, a los que ha destinado en los últimos seis años más de 18 millones de euros.

Unanimidad que, sin embargo, se ha vuelto a romper cuando se ha procedido a la aprobación del destino del superávit del ejercicio 2016 por importe de 6.261.438,80 euros a inversiones financieramente sostenibles, ya que solo ha sido respaldada por el Grupo Popular, mientras que socialistas e IU se han inclinado por la abstención. Tónica que ha continuado a la hora de aprobar la reversión de terrenos, con una extensión de más de 670.000 metros cuadrados, a favor de la Diputación procedentes del Proyecto de Singular Interés ‘Nueva área dotacional El Terminillo’. Un asunto que ha recibido el apoyo de socialistas y populares, mientras que Izquierda Unida se ha inclinado por la abstención.

Socialistas e Izquierda Unida optaron por abstenerse a la hora de votar esta declaración institucional propuesta por el Grupo Popular para poner de manifiesto la postura contraria de la institución ante el último trasvase autorizado por el Gobierno central

El Pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado en la sesión ordinaria de este miércoles una declaración institucional presentada por el Grupo Popular en defensa del agua y del desarrollo de los pueblos ribereños; eso sí, sin el apoyo de socialistas e Izquierda Unida, que han preferido abstenerse.

Una declaración que, tal y como ha explicado Benjamín Prieto,  presidente de la institución provincial, tan solo pretende poner de manifiesto la postura contraria de la Diputación conquense ante el último trasvase autorizado por el Gobierno central pese a la grave situación en la que se encuentran en la actualidad los pantanos de la cabecera del Tajo, además de abogar por el mantenimiento y respeto de esa lámina y caudal ecológico comprometido por el Gobierno central en la anterior legislatura, sin olvidar la defensa del desarrollo de los pueblos ribereños en torno al uso del agua.

No en vano, en esta declaración se recoge, asimismo, el rechazo de la Diputación a “futuras cesiones y/o trasvases que pudieran realizarse mientras los embalses de cabecera se encuentren con una capacidad de agua embalsada que se sitúe por debajo de los 368 hm³, límite por debajo del cual no se puede autorizar ningún trasvase y que el próximo 1 de enero de 2018, se elevará a los 400 Hm³ de agua”.

Pero, del mismo modo, se apoya el impulso e iniciativa que ha dado el Gobierno de España a la necesidad de lograr un Pacto Nacional en materia de agua, que garantice agua en cantidad y calidad para nuestra provincia así como la prioridad de uso de la cuenca cedente y el principio de solidaridad interterritorial. Para ello, insta al Gobierno central a “trabajar codo con codo” con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dejando a un lado las guerras del agua, con el fin de “lograr nuevos acuerdos que mejoren la situación de nuestros municipios ribereños, sus ciudadanos y la situación económica, productiva y social de nuestra tierra”.

Moción cofinanciación POS y brecha digital

Muy distintas han sido las cosas cuando se ha procedido a abordar la moción del Partido Popular solicitando al Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cofinanciación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación. Y es que la propuesta popular ha recibido el respaldo unánime de la oposición, que se ha mostrado de acuerdo en que estas administraciones contemplen en sus presupuestos una contribución financiera al POS permitiendo, de esta manera, incrementar la dotación económica de este plan y, en consecuencia, posibilitar más inversiones en la mejora de las infraestructuras de los municipios conquenses y un mejor acceso de los ciudadanos a todos los servicios, contribuyendo, además, a luchar contra la despoblación.

Apoyo unánime que se ha repetido en la moción de Izquierda Unida sobre la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha digital en el medio rural español y el cumplimiento del plazo de la agenda digital de la Unión Europea en 2020; eso sí, una vez la diputada de IU ha accedido a introducir en el texto la propuesta del Grupo Popular de que esta petición no se limitara al Estado, sino que se hiciera extensible al Gobierno de Castilla-La Mancha.

De ahí que se haya aprobado instar a los Gobiernos central y autonómico a adoptar las medidas necesarias para garantizar esta reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano, así como para que no existan comarcas o zonas identificadas como ‘zonas blancas’ en la que no existe banda ancha, sin olvidar el incremento de los recursos necesarios para complementar el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación con el objetivo de alcanzar el 100% en el año 2020 en todo el territorio nacional.

Otras mociones

Peor suerte ha corrido la segunda moción de IU de apoyo y solidaridad al pueblo saharaui, que no ha llegado a debatirse al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo socialista.

Apoyo que, sin embargo, ha sido unánime cuando el Pleno se ha dispuesto a tratar una moción del PSOE sobre violencia de género, que no se ha llegado a debatir al sustituirse por una declaración institucional, que ha sido consensuada por los portavoces de los tres grupos políticos durante un receso de cinco minutos de la sesión plenaria.

Una declaración en la que se insta al Gobierno de España y a todas las administraciones afectadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a “que dicho acuerdo sea cumplido en su integridad lo antes posible, en cualquier caso, antes de los dos meses que como plazo para acordar las medidas con el resto de las administraciones, agentes sociales y sociedad civil se establece en el propio Pacto, incluyendo sus aspectos económicos”.

El Pleno ha dado luz verde con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de PSOE e IU  a esta modificación de créditos por importe de 650.952,53 euros, de los que 500.000 se destinarán a obras del Plan de Rehabilitación de Patrimonio Provincial, previstas inicialmente para 2018, en Albendea, Huélamo, Monteagudo de las Salinas, Priego, San Clemente y Cuenca

La Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado este miércoles en sesión plenaria con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de PSOE e Izquierda Unida una modificación de créditos por importe de 650.952,53 euros que se destinará principalmente a inversiones en patrimonio, aunque también en cultura, servicios sociales y eficiencia energética.

Una modificación de créditos que, según ha explicado Julián Huete, vicepresidente de la Diputación y portavoz del equipo de Gobierno, se financia en su mayor parte con los 500.000 euros consignados inicialmente en el presupuesto de este año para el convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el arreglo de caminos y que finalmente no empezará a ejecutarse hasta el próximo año, tal y como ha confirmado el propio Gobierno regional.

Como consecuencia, el Ejecutivo provincial pretende destinar ese medio millón de euros a varias obras del Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio de la Provincia de Cuenca previstas inicialmente para el ejercicio 2018 y que ahora podrán adelantarse. Éstas no son otras que la continuación de las obras del Mausoleo de Llanes (Albendea) y la rehabilitación del Puente Almagrero (Huélamo), los muros del Castillo de Monteagudo de las Salinas, el Puente Allende o Liende (Priego), la antigua iglesia de Jesuitas de San Clemente y el Puente del Chantre (Cuenca).

Pero eso no será todo, con esta modificación de créditos también se suplementará una serie de partidas tanto del Área de Cultura, como por ejemplo el Programa Talía o la Fundación Antonio Pérez, como de Servicios Sociales, así como la contratación de una consultoría para la asistencia técnica ante la intención de la Diputación de acogerse a una convocatoria de subvenciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Cultural para proyectos singulares de eficiencia energética. De esta manera, la institución provincial, según ha detallado Huete, promoverá inversiones en este sentido en los municipios conquenses que deseen adherirse cofinanciando con el Ayuntamiento la aportación del 20% de la inversión, que no se cubre con la financiación europea de fondos FEDER.

Tampoco ha habido unanimidad a la hora de abordar la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 con el fin de darle trasladado al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas. En esta ocasión, también ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular y a pesar del voto en contra de socialistas e IU. Unas cuentas que, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, han arrojado un resultado presupuestario positivo de 9.937.793,34 euros y un grado de ejecución del 81,40 por ciento.

En esta línea, también ha llamado la atención sobre el remanente de tesorería, que a 31 de diciembre de 2016 se estimaba en 22.744.834,77 euros y la continua reducción del endeudamiento que en estos seis años ha pasado de 62,5 millones de euros a los actuales 10,7, lo que representa el 17,5% de los ingresos corrientes de la institución.

Todo ello, sin dejar a un lado, el periodo medio de pago a proveedores, que en octubre se situó en 0,68 días, teniendo en cuenta que con el nuevo sistema de cálculo de dicho periodo no se contabilizan los 30 primeros días desde que entra la factura en la Administración. Periodo que, en los meses de noviembre y diciembre, se acortó más aún, situándose por debajo, incluso, de esos 30 primeros días no computables, con -0,86 y -1,35 días, respectivamente.

Cifras que, según Huete, avalan la excelente gestión de este equipo de Gobierno que viene acompañada de un fuerte esfuerzo inversor, siendo esta Diputación la más inversora con respecto a su presupuesto.

Sin embargo, los buenos resultados del ejercicio no parecen haber sido argumentos suficientes para la oposición, que ha optado por votar en contra. En el caso de IU por considerar, entre otras cosas, que una administración pública no tiene por qué ahorrar debiendo invertir todo lo posible en los municipios de la provincia; algo en lo que han coincidido los socialistas, a lo que han añadido sus reparos por no haber alcanzado un mayor grado de ejecución del presupuesto, a pesar de reconocer que ha sido de los más altos alcanzados en la institución, a la vez que han echado de menos más convenios de colaboración con otras instituciones.

Cuestión ésta última a la que el presidente de la Diputación le ha respondido recordándole que la institución conquense lleva más de dos años esperando a que la Junta de Comunidades vuelva a rubricar un convenio para el arreglo de caminos, sin olvidar los cerca de 8 millones de fondos europeos para rehabilitación del patrimonio y apoyo a pymes de la provincia de Cuenca que el Gobierno castellano-manchego tiene bloqueados también desde hace más de dos años.

Resto del orden del día

Así, salvo el cambio de obra del Plan de Obras y Servicios de 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Belinchón que se ha aprobado pese a la abstención de los diputados del PSOE, el resto de peticiones similares de otros municipios, como Monreal del Llano, San Lorenzo de la Parrilla y San Clemente, han recibido el respaldo unánime del Pleno.

Unanimidad que, sin embargo, ha vuelto a romperse a la hora de dar el visto bueno al convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de la capital en materia de residuos urbanos. Texto que finalmente ha sido aprobado con el apoyo de populares e Izquierda Unida y la abstención de los socialistas.

Con este convenio se viene a regularizar la relación existente entre ambas instituciones en esta materia tras la desaparición del Consorcio Provincial de Medio Ambiente (Consorma) y ser asumidas sus competencias por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación. Un convenio por el que la Diputación afronta los cometidos que el extinto Consorma llevaba a cabo para el Ayuntamiento de la capital, que no eran otros que el tratamiento de residuos urbanos, la recogida selectiva de envases, cartón, vidrio y aceite, así como de los puntos limpios, a lo que se suma la recogida y transporte de residuos urbanos en la zona de la Ciudad Encantada.

Mociones

En el apartado de mociones, indicar que ha regresado la unanimidad en el Pleno a la hora de respaldar la presentada por Izquierda Unida relativa a que los parques infantiles sean más inclusivos mediante la mejora de la accesibilidad y la creación de nuevos parques o adecuación de los existentes con el fin de que todos los menores, independientemente de sus capacidades funcionales, puedan disfrutar de éstos.

En consecuencia, se ha acordado realizar en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, colectivos especializados en el ámbito de la diversidad funcional, asociaciones de padres y madres de menores afectados por alguna disfuncionalidad y técnicos un estudio sobre la accesibilidad e inclusividad de los parques infantiles existentes en la provincia.

Asimismo, se ha aprobado adoptar medidas para que los parques infantiles existentes en la provincia se adapten a los resultados derivados de dicho estudio, buscar la colaboración de otras administraciones públicas para conseguir el objetivo de este estudio y trasladar esta moción a todos los Ayuntamientos de la provincia, la Junta de Comuindades de Castilla-La Mancha y el Gobierno central.

No ha corrido mejor suerte otra moción de IU, en esta ocasión, sobre el apoyo a las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT en la defensa del sistema público de pensiones, puesto que no ha llegado a debatirse al no ser aprobada su urgencia con el rechazo del Grupo popular y pese al apoyo de PSOE e IU. Algo que también ha ocurrido con la presentada por el Grupo Socialista sobre la reforma urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En esta ocasión, el rechazo del Grupo Popular se ha sustentado en el hecho de que el Gobierno central ya está trabajando en ello a través de la Comisión del Pacto Social y Político por la Educación, por lo que no corresponde a esta Diputación emprender acciones en esta materia.

El vicepresidente y portavoz del equipo de Gobierno, Julián Huete, ha recordado la gestión realizada en el Servicio Provincial de Bomberos en los últimos seis años durante el Pleno extraordinario celebrado este martes a petición del Grupo Socialista y cuya convocatoria ha recriminado por haberse hecho “sin ningún tipo de rigor jurídico, tal y como corrobora el informe del secretario de esta Diputación”

Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca y portavoz del equipo de Gobierno, ha recordado la gestión realizada en el Consorcio Cuenca 112 (ahora Servicio Provincial de Bomberos) en los últimos seis años, bajo el mandato del actual presidente Benjamín Prieto. Y es que, según ha aseverado, “desde 2011 este equipo de Gobierno no solo ha eliminado la deuda de 1,5 millones de euros, que se encontró en el Consorcio Cuenca 112 debido a la gestión de los sucesivos gobiernos socialistas desde 2001, sino que, además, en este tiempo se han invertido un total de 1,5 millones en la mejora tanto de la dotación y el equipamiento como de las propias instalaciones de los dos parques existentes, sin dejar a un lado la formación del personal”. En definitiva, según ha añadido, se ha estado trabajando por mejorar este servicio; algo que, según ha aclarado, no ha dejado de hacerse y en lo que se continuará echando el resto. De hecho, ahora, es la primera vez que se va a acometer una ampliación del servicio en sus 16 años de existencia con la puesta en marcha de un nuevo retén en la capital.

Así se ha manifestado el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación durante un Pleno extraordinario que ha tenido lugar hoy  martes, a petición del Grupo Socialista, para abordar dos de sus propuestas relacionadas con el Servicio Provincial de Bomberos: por un lado, acordar iniciar expediente para establecer con el Ayuntamiento de Cuenca la regulación de la actuación de los bomberos municipales en aquellas urgencias que tenga lugar en los municipios más cercanos a la capital en una distancia cuyo desplazamiento no supere los 35 minutos y con una dotación de efectivos suficiente para la atención en los siniestros; y, por otro, acordar el inicio del expediente para la construcción de parques de bomberos en aquellas zonas que no queden cubiertas con los actuales parques de Tarancón y Motilla del Palancar ni con el convenio con el Ayuntamiento de Cuenca, de manera que el tiempo máximo de respuesta para todos los municipios de la provincia no supere los 35 minutos.

Sesión plenaria cuya convocatoria ha recriminado Huete por haberse hecho “sin ningún tipo de rigor jurídico”, algo que, según ha dicho, lo ha corroborado el propio secretario general de esta Diputación en su correspondiente informe. Es por ello que para el portavoz del equipo de Gobierno este pleno simplemente haya sido una “nueva puesta en escena del portavoz socialista”, ya que “no se puede convocar un Pleno con dos propuestas, que no vengan avaladas con los correspondientes estudios e informes tanto técnicos como jurídicos y económicos en los que sustentar su viabilidad”.

De ahí que finalmente el voto del Grupo Popular haya sido contrario a ambas propuestas quedando, por lo tanto, rechazadas. Propuestas que en el caso de la relativa a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Cuenca en materia de bomberos solo ha contado con el respaldo de los socialistas al haberse abstenido la única diputada de Izquierda Unida, mientras que la relativa a la construcción de más parques en la provincia sí que ha logrado el apoyo de toda la oposición, aunque ha sido insuficiente.

El Grupo Socialista, por su parte, ha arremetido contra la gestión del Servicio Provincial de Bomberos desde 2011 hasta ahora, haciendo especial hincapié en la necesidad de rubricar este convenio con el Ayuntamiento de la capital y la construcción de los parques que sean necesarios para prestar el servicio en toda la provincia con un tiempo de respuesta no superior a los 35 minutos, porque, a su juicio, “la provincia está en peligro”.

En este sentido, desde el equipo de Gobierno se ha recordado al portavoz socialista, Joaquín González Mena, que su propuesta de firma del convenio con el Consistorio capitalino ha sido desaconsejada por el informe técnico del jefe del Servicio por no considerarlo “operativo” y acorde a las necesidades específicas de nuestro territorio.

Para Izquierda Unida, sin embargo, la única solución pasa, por un lado, por incrementar la inversión en el servicio y, por otro, por construir más parques en la provincia, empezando por el de La Serranía.

El Pleno ha aprobado con los votos del PP y la abstención de PSOE e IU esta ordenanza que grava a las adjudicatarias de obras de carreteras de la Diputación con un 3% por los servicios de dirección e inspección de los trabajos y una tasa variable de 0,5 a 1,5% por el control de la calidad en las obras, sujeta al presupuesto de la actuación

También se ha dado el visto bueno a una modificación de créditos por valor de 324.280,52 euros, en la que se incluye, entre otras cuestiones, los fondos necesarios para aplicar la subida salarial del 1% con carácter retroactivo desde enero a los trabajadores de Diputación y un suplemento de la partida de obras en edificios provinciales con el fin de acometer la adaptación del Parque Móvil para albergar el nuevo retén de bomberos

El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado inicialmente en la sesión ordinaria de este miércoles, con los votos del Grupo Popular y la abstención de socialistas e Izquierda Unida, la ordenanza reguladora de tasas por la prestación del Servicio de Dirección, Inspección, Vigilancia y Control de Calidad de las obras de carreteras contratadas por la institución provincial.

Una tasa totalmente novedosa que, según el portavoz del Grupo Popular, responde a la necesidad de compensar el esfuerzo extraordinario de los técnicos de la Diputación por prestar este servicio con el fin de garantizar en la medida de lo posible que las empresas adjudicatarias ejecuten la obra en las condiciones estipuladas en el proyecto. De esta manera, se ha fijado una tasa del 3 por ciento del presupuesto de ejecución material de la obra para las labores de dirección, vigilancia e inspección, mientras que para el servicio de control de la calidad se ha estipulado un porcentaje variable de 0,5 a 1,5 sujeto al citado presupuesto. Así, cuando este importe sea inferior a 300.000 euros, la tasa se situará en el 1,5%; si oscila entre los 300.000 y 600.000 euros, se fija en el 1%; y si es superior a los 600.000, será del 0,5%.

En esta sesión plenaria, también se ha dado el visto bueno a una modificación de créditos por valor de 324.280,52 euros, en esta ocasión, con el respaldo de populares y socialistas y el rechazo de la diputada de IU. Modificación que incluye, entre otras cuestiones, los fondos necesarios para aplicar a los trabajadores de la Diputación la subida salarial del 1% con carácter retroactivo desde enero de este año, una vez se ha aprobado el Proyecto de Presupuesto General del Estado.

Asimismo, se ha contemplado un suplemento de 80.000 euros de la partida presupuestaria de obras en edificios provinciales con el fin de acometer las obras de adaptación del Parque Móvil de la Diputación para albergar el nuevo retén de bomberos, que prestará servicio a La Serranía y La Alcarria. En este sentido, Huete, que ha puntualizado que esta intervención cuenta con un coste aproximado de 250.000 euros, ha señalado que se van a poner en marcha las gestiones oportunas con el fin de tener contratadas estas obras antes de finales de este año y pueda estar en marcha este servicio lo antes posible.

También se ha aprobado, esta vez por unanimidad de los tres grupos políticos, la solicitud del Ayuntamiento de Olmeda del Rey de modificar la denominación de la obra del POS 2017 ‘Captación de agua potable, fase 1ª’, que pasa a llamarse ‘Pavimentación de calles’ no viéndose alterado su presupuesto de 21.000 euros.

Mociones

En el apartado de mociones, indicar que se ha dado el visto bueno a una presentada por el Grupo Popular en defensa del mundo rural y a favor de los efectos socioeconómicos de las especies exóticas invasoras, que ha rechazado IU, pero que ha contado con el respaldo del Grupo Socialista, una vez los populares han aceptado introducir en el texto una modificación relativa a instar al Congreso de los Diputados a formar un grupo de trabajo donde estén representados todos los grupos políticos con representación en las Cortes y los sectores afectados.

Una moción con la que la Diputación conquense expresa el máximo apoyo a la lucha contra las especies invasoras y su adecuada gestión con el desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios afectados por la inclusión de la trucha arcoíris, la carpa, el lucio o el cangrejo rojo en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

El Grupo Socialista, por su parte, ha presentado una moción para que la Diputación complete las subvenciones del Gobierno de España a los Ayuntamientos para la eficacia energética; propuesta que no ha llegado a debatirse al ser rechazada su urgencia con los votos del PP, puesto que, según ha explicado el presidente de la institución, Benjamín Prieto, ya se lleva trabajando desde hace un tiempo en esta cuestión con los técnicos de la Diputación, al igual que se hizo con la convocatoria de las ayudas del 1,5% Cultural.