El secretario general de la Diputación de Toledo acreditó en su momento ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Toledo la entrega en papel de los documentos solicitados por el Grupo Popular en la Diputación.
Ante la ignominiosa nota de prensa del Grupo Popular en la Corporación Provincial sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desde la Diputación provincial se aclara que siempre se han atendido las peticiones formuladas sobre decretos, tal y como acredita el documento que se adjunta con esta nota de prensa.
Si bien es cierto que desde el Gobierno de la Diputación de Toledo se quiere mostrar el más absoluto respeto a las sentencias judiciales, no puede negarse la sorpresa de que la justicia haya negado la validez de los documentos aportados, pues desde la Institución se consideraba suficientemente acreditado el asunto con el certificado firmado por el secretario general.
Tal y como queda de manifiesto en el envío del señor secretario general de la Diputación de Toledo, los decretos solicitados por el presidente del Grupo Popular, Emilio Bravo, fueron entregados en papel a la señora Valle Arcos, tal y como queda constatado en el documento adjunto.
Al igual que en la ocasión a la que se refiere la sentencia en las posteriores solicitudes de documentación por parte del Grupo Popular siempre han sido atendidas, como corresponde a una institución democrática, que en esta legislatura vela por la defensa de los derechos de los trabajadores y defiende la transparencia como uno de los valores esenciales de su gestión.
Resulta curioso que sea precisamente el PP quien se atribuya valores de ejemplaridad cuando tiene que explicar numerosas irregularidades en la pasada legislatura en cuanto a contratación de personal de manera parcial y sectaria.
Por tanto, desde el Gobierno de la Diputación se acata la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, pero se deja claro que se atendió la petición del Grupo Popular de los documentos solicitados y se respondió con prontitud y solvencia a los requerimientos del Juzgado, dejando meridianamente claro que nada hay que ocultar cuando todo se ha realizado en base a la legalidad, la transparencia y la objetividad.
