Al haber impedido al Grupo Popular realizar su labor de oposición negándole la documentación sobre las contrataciones laborales realizadas en la Diputación de julio a diciembre de 2015
El TSJ asegura que “hacemos nuestros los argumentos de la sentencia apelada, exhaustiva y motivada como pocas” y vuelve a condenar a costas a la Diputación
Tras acceder a esa documentación, el Grupo Popular constató su sospecha de sectarismo en las contrataciones realizadas por el actual gobierno provincial
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena al presidente socialista de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, por violación de derechos fundamentales, al haber impedido al Grupo Popular realizar su labor de oposición negándose a entregarles la documentación sobre las contrataciones laborales realizadas en la Institución de julio a diciembre de 2015, imponiéndoles además las costas del proceso, según la sentencia nº 27 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, de 6 de febrero de 2018.
Esta sentencia confirma la anterior del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, que daba la razón a los populares y ponía en evidencia que el presidente de la Institución Provincial, Álvaro Gutiérrez, se había negado a facilitar al Grupo Popular copias de los documentos de dichas contrataciones laborales. “Hasta en seis ocasiones se solicitó la documentación a la Diputación, sin respuesta alguna, y sin que ni siquiera posteriormente a la interposición del recurso conste la entrega”, destaca el TSJ de Castilla-La Mancha.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia regional asegura que “hacemos nuestros los argumentos de la sentencia apelada, exhaustiva y motivada como pocas, y las conclusiones a las que llega”. Algo que en opinión del Grupo Popular pone de manifiesto la actitud de temeridad del actual gobierno de la Diputación de Toledo al recurrirla.
El TSJ tumba los argumentos del Gobierno de Gutiérrez
El TSJ tumba todos los argumentos de Gutiérrez y destaca textualmente que “la vulneración del derecho constitucional recogido en el art.23.1 de la Constitución no se salva, ni manifestando que la documentación estaba a disposición de los peticionarios”, así como tampoco “por mucho que la Diputación se esfuerce en sostener que los Decretos solicitados pudieran haberse consultado en el Portal de Transparencia de la Diputación, como señala la sentencia de instancia esa plataforma no contenía información de todo el periodo solicitado, y no hay que olvidar que junto a los Decretos se interesaba también la facilitación de los contratos laborales de ese periodo, lo que hacía exigible la entrega a los peticionarios, que no se produjo”.
Igualmente, dicha sentencia señala que “la dación de cuenta en los Plenos de los Decretos referidos se hacía en ocasiones pasado un mes de su fecha, de manera que tampoco se podía tener esa vía de conocimiento cabal de los Decretos” y tampoco en los plenos se daba cuenta al Grupo Popular de “los contratos suscritos por la Diputación”.
“Concedido como fue, por silencio, el derecho y autorización a la obtención de los Decretos y Contratos solicitados, forma parte del ejercicio de su participación política e información el derecho a que sean efectivamente entregados”, continúa la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, que no deja lugar a dudas, desestimando el recurso de apelación de la Diputación de Toledo e imponiendo las costas una vez más a la Institución Provincial.
Nuevo varapalo de la justicia al Gobierno del PSOE en la Diputación
Se trata de un nuevo varapalo de la justicia al Gobierno del PSOE que preside Álvaro Gutiérrez y a sus socios de IU y Ciudadanos, que ya acumulan varias sentencias de los juzgados dando la razón al Grupo Popular, que lleva toda la legislatura denunciando la forma de gobernar sectaria y partidista de Gutiérrez, que utiliza la Diputación de Toledo como si fuera su cortijo.
El Grupo Popular pidió reiteradamente la documentación a la que se refiere la mencionada sentencia ante la sospecha de que el Gobierno de Gutiérrez practicaba una política sectaria en la contratación del personal, algo que se constató una vez que se tuvo acceso a esos contratos, de los que más del 20 por ciento eran para personas notoriamente vinculadas al PSOE, como alcaldes, concejales y miembros de las listas socialistas en los diferentes municipios de la provincia, así como familiares directos de los mismos
