La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que esta implicación de la Junta en el proceso judicial está recogida en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y tiene como finalidad “asegurar que se haga justicia”.
Padilla ha remarcado que la violencia machista “no es un problema del ámbito doméstico, sino que su dimensión es estructural; por lo que los responsables públicos tenemos la obligación política y moral de intervenir”.
El Gobierno castellanomanchego ejercerá la acción popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género que tuvo lugar en Escalona (Toledo) el 28 de diciembre de 2022.
De esta decisión ha dado cuenta la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha remarcado que la implicación del Ejecutivo autonómico en la lucha contra la violencia de género incluye también la personación en todos los asesinatos machistas que se producen en la región y en los casos de agresiones con consecuencias de graves secuelas para la víctima. A este respecto, ha recordado que Elena, la mujer asesinada, estaba embarazada y tenía 33 años de edad.
Tal y como ha explicado, esta implicación de la Junta en el proceso judicial es “para asegurar que se haga justicia” y está a su vez recogida en el artículo 35 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, puesto que el Gobierno de Emiliano García-Page quiso convertir en un imperativo para el Ejecutivo el ejercer la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género. “Quisimos recoger nuestro compromiso y voluntad política y convertirlo en obligación para que se ejerza gobierne quien gobierne en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha añadido.
Durante su alocución, Esther Padilla ha reiterado que la violencia machista “no es una cuestión que se reduzca al ámbito doméstico, sino que cobra una dimensión estructural, ya que estamos frente a un problema social en el que los responsables públicos tenemos la obligación política y moral de intervenir”. Según ha apuntado, esta personación se ha ejercido en 46 ocasiones, 40 de ellas por muerte de la víctima y seis por lesiones graves. Actualmente, hay dos casos en trámite: el de Escalona, ratificado por el Consejo esta semana, junto con el de Alcabón, acontecido el pasado septiembre.
“Tengan muy claro que desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page nos vamos a situar siempre enfrente de aquellos que legitiman la violencia machista a través de su invisibilización o su reducción a contextos de marginación social. Su negacionismo solo debilita a las víctimas y refuerza a los maltratados”, ha señalado la consejera. Para ello, ha insistido en que el Ejecutivo regional no va a escatimar esfuerzos en asistir y reparar a las víctimas, para lo que en 2024 destinará 27 millones de euros a brindarles una atención integral a través de centros y recursos.
