El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha concretado que estas ayudas se enmarcan en las medidas de discriminación positiva de la norma para impulsar la creación de empresas en las zonas despobladas de la Comunidad Autónoma, que suponen ayudas de un 40 por ciento más para aquellas empresas y autónomos que decidan instalarse en zonas escasamente pobladas.
El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha cifrado en más de 1.300 las ayudas que ha concedido el Ejecutivo Autonómico, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para el inicio de actividad en zonas afectadas por la despoblación desde el año 2021, coincidiendo con la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Se trata de unos datos que ha ofrecido Martínez Guijarro en su intervención en el panel ‘Vertebración territorial y cohesión social’ en el marco de la jornada ‘Castilla-La Mancha hacia el futuro’ organizada por Europa Press donde ha asegurado que son consecuencia directa de las medidas de discriminación positiva de la ley para impulsar la creación de empresas en las zonas despobladas de la Comunidad Autónoma que suponen ayudas de un 40 por ciento más para aquellas empresas y autónomos que decidan instalarse en zonas escasamente pobladas.
Estas cifras, ha insistido, avalan la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page en esta materia, como también lo hacen los más de 81.000 beneficiados por las deducciones fiscales incluidas en la Ley, una medida pionera a nivel nacional, por el hecho de tener su residencia efectiva en zonas afectadas por la pérdida demográfica.
Tal y como ha concretado el vicepresidente primero, esos 81.000 beneficiarios suponen un 30 por ciento más que los contabilizados en la campaña de la Renta del año anterior, la del 2021, el primero en el que se aplicaba esta fiscalidad diferenciada. “A ello hay que sumar las 1.500 desgravaciones de personas que se han ido a vivir a esos territorios porque esta deducción está pensada específicamente para ello”, ha explicado.
Una batalla a medio y largo plazo que requiere de “acercar la lupa”
Asimismo, ha puesto el acento en otros marcadores que demuestran que todo lo puesto en marcha hasta la fecha está dando sus frutos. “La realidad es que los primeros datos ponen de manifiesto que el principal indicador que se analiza, cuando hablamos de despoblación, que es el saldo migratorio, es positivo en todas las zonas afectadas por despoblación”. Y es que, según los últimos datos del Padrón Continuo del INE, en los últimos dos años, 2022-2020, el saldo migratorio a nivel regional de estas tres zonas, en riesgo, extrema e intensa despoblación, ha sido positivo y arroja un aumento de población de 8.612 habitantes.
Por ello, el Ejecutivo seguirá dando pasos a lo largo de esta legislatura donde se hará la evaluación intermedia en el año 2025 de la Estrategia Regional contra la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley, y de manera simultánea, se va a realizar un diagnóstico de las singularidades y especiales demandas y necesidades que cada una de las zonas escasamente pobladas y de las que se encuentran en riesgo.
El objetivo es, tal y como ha destacado el consejero, “acercar la lupa a cada zona concreta de nuestro territorio para recabar las necesidades y carencias de las diversas zonas e implantar una serie de medidas para atender las primeras y paliar las segundas” a través de Planes de Desarrollo Sostenible en cada una de las zonas.
Más de 1.900 millones para luchar contra la despoblación
Durante su intervención, Martínez Guijarro ha explicado también que el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2024 ha incrementado en un doce por ciento con respecto del anterior la partida destinada a la lucha contra la despoblación.
En concreto, la cuantía se incrementa desde los 1.714 de este año a 1.922 para el próximo ejercicio seña del compromiso real del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page para hacer frente a la pérdida poblacional en las zonas rurales.
