El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que a estas 1.842 plazas hay que sumar las 490 de la oferta extraordinaria de estabilización de 2022, lo que convierte a esta oferta pública de Administración General en “la mayor de la historia en la Comunidad Autónoma”, con un total de 2.332 plazas.
Ruiz Molina ha resaltado que desde 2016 se han aprobado más de 21.000 plazas de empleo público en los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración General, lo que se traduce en una media de 3.000 plazas al año.
Este fin de semana han comenzado las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2021 y 2022 que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para cubrir un total de 1.842 plazas de Administración General y para las que hay más de 54.000 aspirantes admitidos.
En concreto, este sábado y domingo se celebrarán las primeras pruebas de los procesos selectivos para optar a 431 plazas del Cuerpo Superior, el Cuerpo Técnico y las Escalas Técnicas, a las que están llamadas a participar un total de 9.404 personas.
Son algunos de los datos que ha ofrecido hoy el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación en el IES Universidad Laboral, en Toledo, antes del inicio de las pruebas, donde ha estado acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez; y la delegada provincial de la Consejería, Silvia Fernández.
Ruiz Molina ha explicado que estos procesos selectivos se irán desarrollando todos los fines de semana para el acceso a las diferentes categorías hasta el próximo 18 de noviembre, día en el que concluirán las pruebas con la celebración de un proceso independiente, adaptado específicamente para personas con discapacidad intelectual.
Más de 4.000 personas movilizadas
El elevado número de plazas conllevará la celebración de 127 procesos selectivos en su conjunto, la constitución de un total de 118 tribunales calificadores y la movilización de más de 4.000 personas, entre vigilantes, asesores, coordinadores provinciales, personal técnico de apoyo y personal de servicios.
“Esperamos que estos procesos selectivos se desarrollen con la misma normalidad con la que se han venido desarrollando en años anteriores”, ha asegurado el consejero, al tiempo que ha señalado que los exámenes se realizarán con carácter general en la ciudad de Toledo, con la excepción de las pruebas selectivas de los procesos con mayor volumen de aspirantes -como auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería o peón especializado-, que tendrán lugar en las cinco capitales de provincia.
Asimismo, ha recordado que a estas 1.842 plazas hay que sumar las 490 de la oferta extraordinaria de estabilización de 2022, lo que convierte a esta oferta pública de Administración General en “la mayor de la historia en la Comunidad Autónoma”, con un total de 2.332 plazas.
Una media de 3.000 plazas al año desde 2016
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha destacado el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha con el impulso a los servicios públicos y ha añadido que desde 2016 se han aprobado más de 21.000 plazas en los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración General, lo que se traduce en una media de 3.000 plazas al año.
Ruiz Molina también ha afirmado que la intención de Emiliano García-Page es seguir aprobando ofertas públicas de empleo y ha insistido en que en esta legislatura está prevista la aprobación de 12.000 plazas, 5.000 de ellas para Sanidad y 3.000 para Educación. De igual modo, ha indicado que, antes de que finalice el año, se aprobará la oferta de 2023 para Administración General, “con unas 800 plazas”.
Con estas sucesivas ofertas de empleo se persigue ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, blindar las plantillas, ffavorecer la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a la función pública y reducir la tasa de interinidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan.
