Julia, Rebeca y Fernando son los tres profesionales de Plena inclusión Castilla-La Mancha que trabajan en los seis centros penitenciariost y dos Centros de Inserción Social (CIS) de la región para mejorar la situación de las personas con discapacidad inelectual o del desarrollo que enfrentan los desafíos de la reclusión.
Aunque el programa de Plena inclusión España en prisiones se mantiene desde 1987 en todo el país, en Castilla-La Mancha, estas tres personas han llevado la visión de la inclusión activa a un nivel profundamente personal y profesional desde el año 2007.
Dedican sus esfuerzos a apoyar y guiar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran en un momento crítico de sus vidas a través de una labor que no sólo es profesional, sino también humana y muy comprometida.
La misión es clara: contribuir al desarrollo de una vida de calidad para estas personas y sus familias, promoviendo su inclusión activa en una sociedad justa y solidaria. Esta labor adquiere un significado mayor al considerar que las personas con discapacidad intelectual a menudo son uno de los grupos más marginados y excluidos en el entorno carcelario.
Un día cualquiera
Julia trabaja en la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) brindando apoyo a personas con discapacidad intelectual.
En esta prisión, visita a seis internos, pero su labor va más allá del horizonte amarillo que se divisa a través de las paredes de este centro penitenciario donde pasa a ser “Doña Julia”. Se reúne con la trabajadora social, con los funcionarios de cada módulo y realiza una importante labor a través de las familias y los servicios sociales del entorno de cada preso con vistas a trabajar en su inserción comunitaria.
«A veces les doy caña,» afirma, con el propósito de alentar su participación en la escuela de alfabetización asociada a cada módulo. Esto les permite expandir su conocimiento y mantenerse ocupados con diversas labores dentro del centro penitenciario, como la cafetería, lavandería, economato o cocina, entre otras oportunidades laborales disponibles. Para Julia, cada uno de estos individuos representa una historia, un desafío y, sobre todo, una oportunidad para la transformación de sus realidades y la de sus familias.
Mayor sensibilización
Julia destaca “el trato humano, la labor de sensibilización impulsada y la mejora en el trato y la formación” como grandes y firmes avances para estas personas.
Esos progresos, para los que ya no cabe ningún retroceso posible, son los “logros” de una tarea impulsada desde la firme convicción de dotar de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad para su inclusión en cualquier ámbito y por ello defiende que “la sociedad debe reconocer también la discapacidad en prisión”.
A través de metas ambiciosas, Plena inclusión aborda una amplia gama de necesidades que rodean a aquellos que enfrentan la reclusión. Desde prevenir la comisión de delitos y evitar el ingreso en prisión, hasta adaptar las condenas a las particularidades de cada individuo y facilitar la obtención de prestaciones y ayudas, todo ello desde el compromiso de lograr una diferencia tangible en la vida de estas personas.
Además, la promoción de la reinserción a través de recursos residenciales, formativos, laborales y lúdicos se convierte en la clave para ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que cumplen su condena y buscan rehacer sus vidas.
Colaboración estrecha
El subdirector de Tratamiento de Herrera de la Mancha, Miguel Ángel Murcia, reconoce y valora los recursos que Plena inclusión Castilla-La Mancha brinda en el centro, especialmente en cuanto a la colaboración estrecha que permite identificar y valorar a los presos con discapacidad intelectual.
Murcia mantiene que la comunicación y el tratamiento individualizado son “clave” y están guiados, en este caso por Julia. Su intervención impacta en la formación y trabajo de los reclusos, y es útil también a la hora de promover beneficios penitenciarios. Además, tal y como sostiene el subdirector, el servicio de la organización aumenta la concienciación sobre la discapacidad y ha cambiado la consideración hacia ella en la institución.
Cómo surgió el programa
El camino que llevó a la creación de este programa penitenciario impulsado por Plena inclusión España no estuvo exento de desafíos. En 1987, los directivos de la organización visitaron el Centro Penitenciario Asistencial de León donde constataron las carencias de las personas con discapacidad intelectual en prisión como la falta de personal especializado, integración forzada con otros reclusos, lejanía de sus familias y estancias prolongadas en los centros penitenciarios.
Esta visita impulsó la creación de un programa destinado a satisfacer las necesidades únicas de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad, promoviendo su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Con un compromiso continuo, Plena inclusión ha garantizado el flujo constante de apoyo financiero desde 1995, a través de la subvención para fines sociales proveniente de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A medida que el programa ha crecido y su impacto se ha vuelto más evidente, la organización ha demostrado una dedicación sinigual hacia un grupo de personas que, aunque pequeño en número, encarna una vulnerabilidad profunda.
Este apoyo sin precedentes en nuestro país ha sido reconocido recientemente con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario por el Gobierno central el 22 de septiembre de 2022 por su apoyo inquebrantable a las personas con discapacidad intelectual que enfrentan la reclusión.
Lo que queda por hacer
De otro lado, el gerente director de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, destaca la importancia de abordar las barreras y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito legal y de reinserción.
Su organización se enfoca en la integración de estas personas en la sociedad a través del empleo, pero señala la necesidad de una mayor concienciación de la sociedad sobre este proceso, a menudo ignorado debido al desconocimiento en torno a estas personas y de la necesidad de apoyos a la población reclusa en su proceso de reinserción.
Por otro lado, subraya la urgencia de un compromiso sólido de la sociedad en la promoción de la accesibilidad cognitiva. En el ámbito judicial, destaca la importancia de promover la figura del facilitador y proporcionar formación a agentes judiciales, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la inclusión y garantizar un proceso judicial más equitativo para las personas con discapacidad.
En la actualidad, el movimiento asociativo Plena inclusión, que reúne a 950 entidades en todo el país, ofrece acompañamiento a 1.431 personas con discapacidad intelectual en diversas situaciones de reclusión.
