Ante el inicio de la campaña de la almendra en algunas explotaciones de la región, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se incide en la necesidad de disponer de contratos en un cultivo que ha cobrado especial relevancia y que ve cómo, debido a diversos aspectos y situaciones, conduce los precios a la baja; mientras que esa bajada no se repercute en el precio que pagan los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, consciente de la importancia creciente del cultivo de los frutos secos y la almendra en concreto, hace un balance inicial de la campaña de la almendra en nuestra región. Según la organización, hace ya un par de semanas que se iniciaron los trabajos y, aunque la producción no difiere significativamente de años anteriores, “nos encontramos frente a una problemática que afecta directamente a los productores: los bajos precios de mercado”, indican desde UPA.
La situación actual está marcada por la competencia de los precios establecidos por el mercado internacional, especialmente por la influencia de California, principal productor mundial de almendras. El exceso de stock de almendras del año pasado deriva en que los precios se mantengan a niveles poco aceptables para los agricultores de Castilla-La Mancha. “Esta coyuntura perjudica seriamente a nuestro sector y pone en riesgo la viabilidad económica de numerosas explotaciones familiares”, indican desde UPA quienes, asimismo, manifiestan la necesidad de tomar medidas inmediatas para asegurar una campaña de la almendra justa y sostenible en nuestra región. En este sentido, “solicitamos el control de los precios a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, con el objetivo de evitar que los precios se sitúen por debajo de los costes de producción”. Es imperativo que se establezcan mecanismos de regulación que protejan los intereses de los productores permitan el mantenimiento de una actividad, máxime cuando el precio de los productos no se repercute en los consumidores.
Además, la organización agraria recuerda como fundamental la implementación de la obligatoriedad de disponer de contratos entre los agricultores y las empresas compradoras. Estos contratos deben definir claramente los términos y condiciones de la relación comercial, garantizando precios justos y transparentes, así como plazos de pago. Esta medida brindaría seguridad y estabilidad a los agricultores, permitiéndoles planificar sus operaciones con mayor certidumbre y confianza; algo que siempre ha solicitado la UPA y que viene delimitado en la ley de la Cadena Alimentaria.
