La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha recuerda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la necesidad de seguir promocionando y potenciando la herramienta de los seguros agrarios; una de las pocas opciones que tienen los agricultores ante los desastres meteorológicos y las situaciones adversas. De ahí que no se entienda que Ministerio y AGROSEGURO traten de buscar la rentabilidad económica a costa de eliminar ventajas en el aseguramiento agrario en la línea de frutos secos.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha lleva años reclamando mejoras tanto presupuestarias como de mejora de las distintas líneas de seguros agrarios; reclamaciones y negociaciones que, en muchos casos, derivan en progresos en los seguros agrarios. De ahí que no se entienda que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con Agroseguro, tengan en mente “cargarse” la línea de seguros de frutos secos.
Desde la organización agraria se critica, no solo la descabellada idea de eliminar líneas de aseguramiento o reducirlas a un mínimo en el que ningún agricultor quiera recurrir a ellas, sino que no ha existido interlocución con entidades como UPA, “no se ha tenido en cuenta a nadie”, denuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.
La organización agraria indica, asimismo, que se han generado muchas dudas al respecto de la línea de seguros de frutos secos, en cuestiones como qué sucede con las revisiones de rendimientos, llegando a darse la situación de que, a aquellos agricultores que lo revisen, se lo van a bajar con rendimientos ridículos.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, defensores de los seguros agrarios, y conscientes del perjuicio que puede suponer esta toma de decisiones economicistas y sin consenso, reclama al Ministerio de Agricultura sensatez a la hora de proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria. Mucho más en años críticos como los que estamos viviendo, con unos incrementos de indemnizaciones motivado por la cantidad de elementos climatológicos adversos que se viven en el sector económico más importante de Castilla-La Mancha.
