Hace unos días, la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales de España denunció que cinco comunidades autónomas están desmantelando las rentas mínimas de reinserción, de competencia autonómica. En esta maniobra de desmantelamiento del escaso sistema de protección social se encuentra, desgraciadamente, Castilla-La Mancha. Una gestión deficiente que, para nuestro bochorno, es equivalente a la de Madrid, Castilla y León y Murcia, las tres con gobiernos del Partido Popular y apoyados de una forma u otra por Vox.
Nuestro Gobierno regional está sustituyendo estas rentas mínimas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Central. Esto supone un mal uso de ellas porque deberían servir para reforzar al IMV, como hacen en el País Valencià, Catalunya y Canarias, y no para reemplazarlas.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha lleva denunciando desde hace años la destrucción del sistema de protección, que se fundamentaba en la región con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y en las Ayudas de Emergencia Social (AES), que constatan los Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. Situación preocupante que ya se ha advertido en otras ocasiones.
Para entender lo que hoy está ocurriendo debemos retrotraernos, al menos, a agosto de 2019 cuando conocimos que el Gobierno de Castilla-La Mancha denegó las ayudas de IMS por falta de presupuesto. Además, supimos que las ayudas de Emergencia Social, aquellas destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, también estuvieron paralizadas un par de meses.
En aquel momento, IU CLM reclamó a la anterior Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que era necesario al menos 63 millones de euros destinados a rentas de reinserción para que Castilla-La Mancha no se quedase atrás. Esta era la recomendación de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
También es relevante recordar que entonces, y ahora, más de un 30% de la población castellano-manchega se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, alrededor de 640.000 personas. Unos niveles que nos sitúan desde hace décadas entre las tres o cuatro comunidades autónomas de España con los peores datos en este sentido, y de los que los diferentes gobiernos regionales no han sido capaces de sacarnos.
Esta incómoda realidad viene siendo ocultada por el Gobierno regional, que cuenta con la complicidad de la oposición y que no denuncia esta insoportable realidad. Un resultado que es consecuencia de las políticas liberales ejecutadas en la región, y que ahora lidera Emiliano García-Page.
En enero de 2020 volvimos a denunciar un nuevo tijeretazo de la Consejería de Bienestar Social. El presupuesto del IMS pasó de 17,9 millones en el 2019 a 13,4 millones de euros, mientras que las AYS pasaron de 5,6 a 3,2 millones. Esto fue un recorte de casi 7 millones de euros, a pesar de que el año anterior se había probado que la cantidad presupuestada había sido insuficiente.
Sin embargo, lo verdaderamente aberrante se produjo en 2020 mientras sufríamos las consecuencias de la crisis económica y social a causa de la pandemia. El Gobierno regional decidió paralizar las ayudas del IMS. En el peor momento de la pandemia, cuando más necesitadas estaban las familias, la Consejería envió una nota informativa a los trabajadores y trabajadoras sociales para que paralizaran el reconocimiento de nuevos Ingresos Mínimos de Solidaridad.
El pretexto, más propio de farsantes que de políticos, y que aún mantienen, fue la supuesta incompatibilidad con el IMV. Por ello, en octubre de 2020 pedimos el cese de Aurelia Sánchez, por el desprecio demostrado a miles de familias que dejó abandonadas en el peor momento de la historia reciente. El cese se hizo efectivo en abril del año siguiente.
Pero pasados meses del nombramiento de la nueva Consejera de Bienestar Social, Bárbara García, hemos podido comprobar que nada ha cambiado, y que no se trata de una cuestión de la titular de la Consejería sino de la línea política del Gobierno regional.
Emiliano García Page se ha propuesto desmantelar la última línea de protección contra la pobreza y la exclusión social. No está dispuesto a proteger a las familias castellano manchegas más vulnerables, y las abandona, una vez más. Es importante recordar que las rentas de reinserción, y las políticas de bienestar social son competencia autonómica.
Ahora la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales ha vuelto a denunciar públicamente la situación que sufren diariamente miles de familias castellano manchegas. Ya lo han hecho en muchas otras ocasiones, mientras que el Gobierno regional limita cada vez más su capacidad de intervención, retirando los recursos para poder hacerlo.
Las altas tasas de desempleo, de pobreza y exclusión social que sufrimos en Castilla-La Mancha deberían conllevar un mayor esfuerzo en protección social, y no en el desmantelamiento de la escasa cobertura social de la que disponemos.
Juan Ramón Crespo.
Coordinador Regional de IU CLM
