La ONG considera que las administraciones deben establecer medidas estrictas de ahorro energético, no solo a edificios, sino también a industrias y centrales eléctricas
Para Greenpeace es necesario también que el Gobierno y las comunidades ayuden a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable y desfavorecida, a liberarse de la dependencia del gas
La organización demanda que los gobiernos se dejen de medidas cosméticas y emprenda iniciativas urgentes y duraderas para mitigar la crisis climática, reducir la demanda de energía y acelerar sin precedentes el cambio a soluciones renovables
Tras la reunión celebrada ayer entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para tratar las medidas de ahorro energético que se aprobaron de urgencia el pasado 1 de agosto, Greenpeace ha declarado que en lugar de discutir sobre intereses políticos particulares, el Estado, los gobiernos autonómicos y los municipios deberían aprovechar el conocimiento de sus sistemas energéticos nacionales, regionales y municipales y lanzar planes urgentes de ahorro de gas y de despliegue de energías renovables, poniendo especial énfasis en el autoconsumo y las comunidades energéticas.
La organización ecologista considera además que España debería ser la más interesada en avanzar en la transición energética, en lugar de resistirse al ahorro de gas negociando un 7 % de reducción cuando el objetivo europeo llega a un 15 %. También que seguimos perdiendo oportunidades para reducir de verdad la demanda y la dependencia del gas fósil.
“A pesar de los incendios forestales que asolan nuestro país y de que la población sufre olas de calor sin precedentes, el Gobierno ha planteado un Real Decreto con medidas en algunos casos casi cosméticas y de muy dudosa efectividad para reducir el consumo de gas en un 7 %, en lugar de impulsar una acción climática aún más ambiciosa y apostar por objetivos de un 15 % o más como el resto de la EU. Ante la crisis climática mundial España no puede permitirse el lujo de perder el tiempo discutiendo con los gobiernos locales y regionales sobre medidas tan exiguas como regular el horario de las luces de los escaparates. Necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, y los diferentes niveles de gobierno deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenibles”, ha apuntado Francisco del Pozo, coordinador de campaña de combustible fósiles.
El Real Decreto Ley justifica la actuación principal en climatización de espacios, pues considera que es uno de los ámbitos con mayor potencial de ahorro. Pero desde Greenpeace creen que es desproporcionado cargar la responsabilidad de reducir todo el consumo de gas en hogares y comercios cuando solo representan un 22 % del consumo total. El 78 % del gas en 2020 fue consumido por empresas para generar energía eléctrica y sobre todo para procesos industriales. Consideran que todos los sectores carguen proporcionalmente con las necesidades de ahorro y no solo las personas consumidoras y pequeños negocios, cuyas facturas se han visto seriamente aumentadas generando nuevos pobres energéticos.
“La ley establece limitar los umbrales de temperatura de calefacción a 19 grados y refrigeración a 27 grados. Entendemos que estos límites permiten disminuir las pérdidas de energía en edificios públicos y lugares de trabajo, pero estas limitaciones nos plantean dudas respecto al acceso universal a la energía. La pobreza energética se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud de entre 18 y 21ºC en invierno y 25ºC en verano. Creemos que es necesario establecer los límites térmicos en función del sector y el uso del edificio para no limitar el acceso a un derecho básico como es la energía”, ha añadido Francisco del Pozo.
También el Real Decreto impone la instalación de puertas con cierre automático en los edificios y locales con acceso a la calle. Para Greenpeace es una medida necesaria, pero insuficiente. Consideran que es necesario tener mayor ambición, integrando reformas express para locales que mejoren el aislamiento empleado, como los dispositivos de aislamiento, las cortinas o los toldos, entre otros. Además, la ley obliga a que el alumbrado de escaparates y edificios públicos sea apagado a las 22:00 h. También esta medida la consideran útil, pero apuntan que si realmente se quieren reducir la iluminación innecesaria es preciso dialogar con los municipios para que establezcan medidas de reducción de iluminación en monumentos, calles sin tránsito, que se prioricen eventos culturales y deportivos que se pueden hacer de día o se limiten las luces decorativas como las de Navidad.
Francisco del Pozo ha señalado: “Este Real Decreto es una versión demasiado light del que haría falta para aspirar a reducir sustancialmente el consumo de gas y además se contradice con las pretensiones del Gobierno de incrementar las infraestructuras de gas en España y con el absurdo plan de constituirse en un “hub” de gas, ignorando la realidad de la emergencia climática. Sabemos que el gas es un problema y el único camino adelante está en las renovables, la eficiencia y el ahorro energético”.
