La Justicia da la razón al Grupo Popular de la institución que presentaba un recurso basado en la falta de negociación y transparencia del Equipo de Gobierno socialista para la provisión de cuatro puestos de trabajo y la modificación de otros dos más.
Los diputados del PP han insistido en que la función de las instituciones es la de “servir a la ciudadanía y la de atender también a las necesidades de quienes trabajan en ellas”, en alusión al creciente malestar de diferentes sectores de trabajadores de la Diputación que vienen manifestándose contra el actual Equipo de Gobierno desde hace meses
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca ha declarado la nulidad parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Plantilla de Personal de la Diputación de Cuenca para el año 2022, merced a un recurso presentado, con esta finalidad, por el Grupo Popular de la institución provincial.
Su portavoz, Clara Plaza y el también diputado Daniel Pérez Osma explicaban, esta mañana, algunos detalles de esta sentencia que se muestra contraria a que el Equipo de Gobierno que preside Martínez Chana pueda crear cuatro nuevas plazas en la Diputación y a que modifiquen otras dos ya existentes. Estos cambios los aprobaban los diputados socialistas en el pleno del pasado mes de diciembre.
Pérez Osma no ha dudado en calificar las pretensiones del Equipo de Gobierno de la Diputación como “un serio perjuicio para los profesionales de la casa”. También ha destacado la postura de las organizaciones sindicales en este sentido, “estaban en contra” y ha explicado que “la fórmula mediante la que se creaban cuatro puestos de trabajo y se modificaba otros dos era la de concurso específico, abierto a otras administraciones. Para aclararnos esto es una libre designación encubierta, crear un puesto y dárselo a alguien de forma poco transparente ya que las bases favorecen a una persona en concreto”.
El diputado popular ha recordado las cuatro nuevas plazas que aprobaba en Pleno el Equipo de Gobierno, Jefe de Servicio del Área de Emprendimiento, Jefe de Servicio de Patrimonio, Técnico Superior de Ingeniería y un técnico de Marketing y Redes Sociales. También se mostraron a favor los socialistas de modificar otros dos puestos, el de jefe de Servicio de Intervención y el de Cooperación y Contratación. “Una parte de la argumentación de la sentencia es que la Administración, en este caso la Diputación, no ha negociado con los sindicatos sobre este asunto tal y como ha dejado constancia, por ejemplo, la propia organización Csif. El juez reconoce, por tanto, que no ha existido esa auténtica negociación”, ha reiterado Daniel Pérez Osma.
Otro punto importante en el que incide el magistrado es en la ausencia de definición de qué méritos o requisitos son exigibles para unos puestos tan específicos, “la Diputación no lo detalla, por lo que deja un amplio margen para la interpretación, es decir para la arbitrariedad, en detrimento, por ejemplo, de valorar el mérito o la capacidad de los aspirantes. Lo que en definitiva también pide el juez es transparencia”, ha insistido el diputado provincial, quien ha valorado positivamente que un juzgado “de la razón al Grupo Popular de la Diputación y, por tanto, a los trabajadores de la casa”.
La portavoz del PP en la institución provincial, Clara Plaza, ha lamentado que la modificación de la RPT aprobada en diciembre sea “una muestra más de la forma de gobernar del actual equipo socialista de la Diputación de Cuenca” y ha recordado las sucesivas protestas de los trabajadores de la Diputación desde hace meses, “hemos sido testigos en el último año de un descontento generalizado de varios sectores, que se han manifestado en las puertas de la Diputación y en los plenos y pasillos del Palacio Provincial”. Los trabajadores han pedido reuniones con el presidente que no se han concedido o, si finalmente han conseguido alguna. no se les ha dado ninguna solución.
Plaza ha reconocido que “somos conscientes de que recurrir a la justicia, a los tribunales no es la mejor forma de solucionar estos problemas, pero cuando no hay negociación, cuando no se sigue un procedimiento establecido y no hay transparencia, es el único recurso que nos queda como diputados y representantes públicos”. “Nuestro deber es velar por el cumplimiento de la legalidad, que el Equipo de Gobierno de la Diputación se ajuste a las normas, que haya transparencia y también para que no actúe arbitrariamente como lleva haciendo toda la legislatura”, ha finalizado la portavoz popular.
