El sector agroalimentario de la provincia de Toledo teme que este tipo de afirmaciones irresponsables del ministro puedan volver a reproducirse en el futuro respecto de cualquier otro producto alimentario.
La insensatez del ministro debe ser contestada por las autoridades de Castilla-La Mancha competentes en materia de salud pública, bienestar animal y medioambiente.
Una vez más, las declaraciones del Ministro de Consumo son imprudentes, irresponsables y suponen un atentado de incalculables consecuencias contra el sector agroalimentario de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha y de España. Máxime si se tiene en cuenta que han sido vertidas en un medio de amplia difusión internacional.
Declarar que las cabezas de ganado en España contaminan, son de mala calidad y son objeto de maltrato aparte de ser una mentira deleznable constituye una afirmación ridícula que roza la estupidez y la mala fe.
Podría considerarse un error, pero no parece que sea así ya que empieza a ser una costumbre del ministro, sin competencias sobre esta materia, protagonizar campañas de desprestigio contra distintos sectores agroalimentarios, particularmente contra el sector cárnico.
Dañar el prestigio internacional de la ganadería española implica poner en tela de juicio a los productos agroalimentarios de España y, en consecuencia, daña directamente a uno de los pilares más importantes de nuestro producto interior bruto.
Sus palabras constituyen una infamia y revelan que desconoce absolutamente la realidad del sector al que se refiere.
Jamás se ha escuchado al ministro de Consumo referirse a las emisiones que crean los vertederos a partir de la descomposición de materia orgánica de desechos sólidos municipales, compuesto, a partes iguales, por CH4 (metano) y CO2 (dióxido de carbono). Cuando son precisamente los vertederos la tercera fuente más grande de metano en el mundo, siendo responsables de aproximadamente el 11% por ciento de las emisiones mundiales estimadas de metano. Sin embargo, no le duelen prendas al ministro para, sin datos, arremeter contra el sector ganadero acusándole impunemente de contaminador.
Las afirmaciones del ministro sobrepasan la libertad de expresión ya que parece acusar al sector de delitos muy concretos: provocar o realizar directa o indirectamente emisiones y vertidos en el suelo o las aguas (artículo 325, apartado primero del Código Penal), maltrato animal (artículo 337 del Código Penal) y poner en el mercado carne de mala calidad (artículo 364 del Código Penal). Por eso, sus afirmaciones presuntamente podrían ser calificadas de calumniosas.
Es inaceptable esta actitud de un ministro de España. Por ello, debe rectificar de forma inmediata, pedir disculpas al sector agroalimentario español y garantizar que no volverá a pronunciarse, sin pruebas, en el mismo sentido y dimitir de su cargo. De no hacerlo, debería ser cesado de forma inmediata si el gobierno de España no quiere ser copartícipe de sus afirmaciones y del daño que estas puedan producir.
En la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha existen cientos de explotaciones de ganado de distintas razas que exportan carnes de alta calidad, sin contaminar y cumpliendo la normativa de bienestar animal y que dan trabajo a miles de trabajadores que se han visto atacados por el ministro de consumo. Todos ellos, empresas y trabajadores, tienen derecho a ser protegidos por las autoridades competentes en la comunidad autónoma. Estas no deben permitir que un ataque de estas características quede sin una rápida, clara y contundente respuesta con la que se desautoricen las afirmaciones del ministro y se inste a su rectificación inmediata.
