Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha reclamado a la Junta de Comunidades la aplicación en su totalidad del dinero presupuestado por el Plan Corresponsables, además de actualizar la legislación regional.
La Vicecoordinadora Regional y responsable del Área de Mujer de IU C-LM, Isabel Álvarez, ha explicado que: “Si el objetivo es ayudar a las familias en la conciliación y los cuidados, nos estamos encontrando con algunas trabas a la puesta en marcha y ejecución presupuestaria del Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha”, a lo que añade: “El Plan Corresponsables está gestionado por el Instituto de la Mujer de nuestra región y financiado con fondos finalistas procedentes del Ministerio de Igualdad, de tal manera que una vez liberados los fondos son las comunidades autónomas las que gestionan sus condiciones, pero la realidad de las situaciones de las mujeres que han debido hacer frente a los cuidados, el trabajo y la supervivencia en tiempos de pandemia no cabe en un decreto que impone una frontera temporal no actualizada”.
Según señala la formación de izquierdas “la condición que ha impuesto la Junta de Comunidades en el Decreto 36/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, deja fuera a todas aquellas actuaciones que no se atengan a la situación generada por el COVID”.
Según señala Álvarez conocer las cifras de las líneas de desarrollo del Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha “es imprescindible para atajar las dificultades de las familias en la redistribución de las tareas y los tiempos de cuidado desde una administración eficaz y responsable”.
Además, ha preguntado a la administración regional el “por qué la ejecución de un plan que en la región se firmó el 22 de junio de 2021 remite a una normativa publicada en abril de 2021”, además de él “por qué no se ha querido actualizar esta normativa”.
“Esto no es reciclar, es reutilizar sin revisar y de esta forma se deja fuera a familias que necesitan de estas líneas de actuación, sin olvidar que se ignora la amplitud de la línea política del Ministerio de Igualdad en una Comunidad Autónoma donde no existe Consejería de Igualdad” ha lamentado Isabel Álvarez.
También la Vicecoordinadora Regional de IU C-LM ha explicado que: “La creación de bolsas de cuidadoras no profesionales y su reconocimiento es imprescindible, y así se ha derivado a sindicatos y entidades esta tarea, así como los 16 millones de euros que han recibido los ayuntamientos para la puesta en marcha de espacios de cuidado comunes, pero la creación de empleo de calidad en el sector de cuidados se ha dejado de lado cuando se impide que las familias y las mujeres que necesitan actualizar las condiciones de las trabajadoras que tienen contratadas se remiten solo al estado de alarma de la convocatoria”.
“No se puede publicitar un plan cuando no se tiene interés en desarrollarlo íntegramente, para las mujeres y las familias que trabajan y necesitan compatibilizar la vida personal y laboral, además resulta frustrante y engañoso que el gobierno de nuestra región no dedique todos los recursos prometidos amparándose en un desarrollo normativo anterior a la convocatoria” ha condenado Álvarez.
A juicio de IU de esta forma se está “escamoteando la oportunidad de diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, tal y como persigue el Plan Corresponsables a nivel estatal”.
Por su parte la responsable de Feminismo de Izquierda Unida de Ciudad Real, María Marchante, ha explicado que: “Los problemas de las familias no se declaran con el estado de alarma y no acaban cuando finaliza este. Que la situación se agudiza con el COVID es una realidad, pero que necesitamos dar soluciones a las familias para ser efectivos como administración es una obligación”.
“Nos encontramos con la paradoja de que existen familias que teniendo a una trabajadora contratada para la atención de un menor y que deba ocuparse de otros menores nacidos posteriormente a la declaración del estado de alarma, tendrán que despedirla para poder acogerse a las ayudas, aun cuando sus necesidades supongan contratarla inmediatamente después para realizar el trabajo que ya venía realizando”, ha señalado Marchante para finalizar diciendo que: “se están denegando las ayudas a las personas que se han optado por la reducción de jornada o excedencia anteriormente al estado de alarma. Es decir, una mujer que haya cogido una excedencia el 1 de marzo no tiene derecho a las ayudas a la conciliación, lo que es una barbaridad para el día a día de esa familia”.
