Solicitan defender “sin fisuras” los derechos laborales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y piden que no se modifique la Ley en los términos planteados por el Gobierno central
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) y el grupo Popular han registrado una proposición conjunta para que el Pleno del Ayuntamiento de Toledo muestre este jueves su “apoyo sin fisuras a las fuerzas y cuerpos de seguridad: guardias civiles y agentes de policía nacionales y locales” afectados por la reforma de la Ley de seguridad ciudadana prevista por el Gobierno de España.
A ambas formaciones les preocupa, entre otros cambios, que la toma de imágenes a los agentes en lugar de tránsito público y manifestaciones deje de ser un hecho constitutivo de infracción o que el tiempo de identificación a las personas que se nieguen a hacerlo se vea reducido a dos horas. Tampoco comparten que se vea rebajada la presunción de veracidad de los agentes en un contexto cada vez más complejo: “durante el año 2020, los atentados contra la autoridad aumentaron un 24%”, pasando de 6.657 a 8.254 hechos denunciados con respecto a 2019, “y la tendencia en 2021 continua al alza, pudiendo cerrar el año con cerca de 9.000 denuncias”.
En su exposición de motivos, Cs y PP no sólo defienden que “la actual Ley de seguridad ciudadana es plenamente constitucional”, como así lo ha confirmado la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 del TC, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos planteados entonces por la oposición, si no que “su aplicación ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia de Covid” siendo, añaden, una norma “habitualmente utilizada por el gobierno central”.
Naranjas y populares entienden que la Ley de seguridad ciudadana, aprobada en 2015, estableció un marco adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -al actualizar la normativa del año 92 y tras la reforma del antiguo Código Penal de 1995-. Por ello, no sólo proponen defender los derechos de policías y guardias civiles, si no paralizar cualquier modificación de la Ley en los términos anunciados por el gobierno central.
