Pese a la negativa inicial de la Sala y la oposición de la Abogacía del Estado, este miércoles 22 de diciembre se celebra la comparecencia presencial de los peritos propuestos por las organizaciones ecologistas en el Tribunal Supremo
Comparecen el científico José María Baldasano Recio, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y Margarita Ruiz Ramos, doctora en Ingeniería Agrónoma y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid
Los informes de los peritos son pilares esenciales en la demanda de las organizaciones ecologistas, que pretenden que la justicia obligue al Gobierno a aumentar su ambición en la lucha contra el cambio climático
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón celebran un nuevo logro judicial en el litigio abierto contra el Gobierno de España por su inacción ante el cambio climático: pese a la negativa inicial de la Sala y a la oposición de la Abogacía del Estado, este miércoles 22 de diciembre, a las 11:30, se celebrará de forma presencial, en el Tribunal Supremo, la comparecencia de los peritos propuestos por las organizaciones ecologistas para evidenciar los efectos que el cambio climático tiene ya en nuestro país y la previsión de su agravamiento si el Gobierno no actúa de forma urgente.
Las personas llamadas a comparecer son el científico José María Baldasano Recio, catedrático de Ingeniería Ambiental y doctor en Ciencias Químicas, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y doña Margarita Ruiz Ramos, doctora en Ingeniería Agrónoma y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
El profesor Baldasano se ratificará en el informe presentado por las organizaciones ecologistas junto a la demanda, sobre los objetivos de reducción de emisiones y sus consecuentes impactos climáticos en España. En palabras de este científico, ganador de un diploma del IPCC por su contribución al Premio Nobel de la Paz 2007, “el actual cambio climático, no es algo que vendrá en los años futuros, sino que ya está aquí. El tiempo para diferir las decisiones ya se ha acabado, la política climática realizada por España en los últimos 25 años, cuando no ha sido totalmente negacionista, ha pecado de poco ambiciosa. El objetivo marcado por el Gobierno español del 23% para el año 2030 está muy lejos del esfuerzo necesario que España debe hacer para conseguir que la temperatura media del planeta no suba más de 1,5 ºC”.
La profesora Ruiz Ramos, se ratificará en el informe presentado también como prueba por las organizaciones ecologistas, sobre la relación entre el género y el cambio climático. En palabras de Ruiz Ramos, “las mujeres se muestran más favorables que los hombres a adoptar y apoyar la acción climática en general. Pero por su mayor situación de vulnerabilidad debido a la desigualdad estructural y otros factores, reciben un mayor impacto del cambio climático en su salud y condiciones de vida que los hombres. Estas evidencias están admitidas por la Administración pública española”.
Estos informes, junto a la ratificación de los mismos que se producirá este miércoles, son pilares esenciales en los que se apoya la demanda de las organizaciones ecologistas, que pretenden que la justicia les dé la razón y obligue al Gobierno a aumentar su ambición en las políticas de lucha contra el cambio climático.
Durante la comparecencia de ambos peritos, deberán responder a las preguntas aclaratorias sobre sus informes que les formule cualquiera de las partes procesales (abogados de las organizaciones ecologistas o Abogacía del Estado) o el propio Tribunal.
“Es un éxito que hayamos logrado que se practique esta prueba de forma oral. Cabe recordar que el objeto de enjuiciamiento de este procedimiento es una actuación adecuada del Gobierno de España en la lucha contra el cambio climático, así como su obligación de garantizar y proteger los derechos más esenciales de la ciudadanía y la viabilidad de tener una existencia digna en el futuro para los jóvenes de nuestro país. Se trata pues de un litigio de la máxima relevancia, que requiere del mejor conocimiento por la Sala de la argumentación científica en la que nos basamos, para que pueda adoptar la mejor resolución judicial”, ha afirmado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.
“Nuestro litigio climático tiene una sólida base científica tanto en lo que respecta a las causas y consecuencias del cambio climático como a sus efectos de clase, es decir, el desigual impacto en función de las clases sociales y de género que está teniendo sobre nosotros. El cambio climático además va a incrementar las desigualdades sociales, y eso está sólidamente fundamentado en documentos elaborados incluso por las propias administraciones públicas que así lo reconocen y, sobre todo, por la base científica que respalda nuestra pretensión de una mitigación sensiblemente superior a la establecida por el Gobierno”, reitera Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción.
“El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en 30 años y la mitad más pobre de la población mundial sólo es responsable del 10% de las emisiones causantes del cambio climático. Sin embargo, estas personas son quienes más sufren sus consecuencias: desplazamientos, hambre, desastres naturales y pérdida de medios de vida. Aunque a nivel global las poblaciones más vulnerables suelen estar en países de África, América y Asia, la crisis climática se va haciendo más presente en Europa y en España misma, y sigue la misma lógica de afectar más a las personas más vulnerables, quienes son las que menos contribuyen a esta crisis”, ha explicado Lourdes Benavides, responsable de Clima y Resiliencia de Oxfam Intermón.
¿Por qué un litigio climático contra el Gobierno?
España es el Estado de la Unión Europea en el que más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017, ya que aumentaron casi un 18% frente al conjunto de la UE, que las redujo un 23,5%.
El Gobierno ha cumplido con mucho retraso la obligación impuesta por la Unión Europea de aprobar un PNIEC que contuviera la hoja de ruta de la reducción de emisiones para 2030. Pero lo más decepcionante ha sido comprobar que, al igual que la Ley de Cambio Climático, el Plan establece un objetivo del 23% de reducción de emisiones para 2030, cuando la recomendación científica es que se reduzcan al menos un 55% (7,6% anual en la presente década), para tener la posibilidad de no superar la temperatura en más de 1,5º C.
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, España está entre los países de Europa más afectados por el cambio climático. Con los compromisos actuales de reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de los graves episodios de sequía, el aumento del número e intensidad de los incendios y una mayor subida del nivel del mar con sus consecuentes inundaciones costeras que están por llegar.
El litigio climático que han iniciado Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, y al que se han sumado Fridays For Future y la Coordinadora ONGD, se basa, por tanto, en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. El Plan del Gobierno resulta totalmente insuficiente para mitigar el cambio climático y pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras.
