Los integrantes de la mesa de debate se enfrentaron a una serie de doce preguntas sobre las que debatieron abiertamente, entre ellos y con el público asistente, en la sede regional del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha.
Por iniciativa de la Agrupación de Urbanistas de Castilla – La Mancha del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, el pasado lunes, Día Mundial del Urbanismo, se celebraba el primero de una serie de debates de carácter semestral en los que se tratarán temas de actualidad en el mundo del urbanismo.
A esta primera convocatoria, en la que el tema a debatir se centró en ‘los retos del urbanismo en la España vaciada’, asistió en representación de COSITAL CLM, su presidente, Rafael Santiago, en una mesa de debate que contó, entre otros, con representantes del MITMA, de la Consejería de Fomento de la JCCM, de la Universidad de Castilla – La Mancha, de las Diputaciones de Guadalajara y Cuenca y del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y en la que ejerció como moderador Rubén Amigo, presidente de la Agrupación de Urbanistas de Castilla–La Mancha.
Las primeras preguntas versaron sobre la posible contribución del urbanismo a la fijación de población en los pequeños municipios y su capacidad de atraer a nuevos pobladores. “Tras la crisis del COVID 19, el urbanismo en los pequeños municipios debe permitir absorber la demanda de suelo de quienes desean un entorno rural más saludable”, reflexionaba Rafael Santiago.
En su origen, el urbanismo se orientaba a mejorar las condiciones de salubridad en las grandes ciudades. En la actualidad, con una economía convertida en economía de servicios, la actividad urbanística ha de asumir la demanda de nuevos servicios como consecuencia de la transformación digital y el despliegue de red, derechos recogidos en la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha, y el Plan territorial de Despliegue de Red. A este respecto afirmaba Santiago que “el urbanismo será capaz de fijar población, en la medida en que fomente las condiciones y remueva las dificultades para hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos, con independencia de lugar de su residencia. Con la Ley SUMA se atribuye un nuevo destino al Patrimonio Municipal de Suelo en la lucha contra la despoblación.”
En cuanto a la atracción de nuevos pobladores, el confinamiento ocasionado por el COVID 19 ha inducido a algunas personas a buscar lugares en los que pueda llevar una vida más sana. “El Plan Regional de Despliegue de Red permitirá atraer a nuevos pobladores principalmente trabajadores liberales, y aquellos que pueden teletrabajar. Por otro lado, el urbanismo como ciencia de hacer ciudad ha de preservar los valores tradicionales. El medio rural tiene que atraer también a nuevos pobladores cuyas actividades estén directamente relacionadas con las explotaciones agroalimentarias”, valoraba el presidente de COSITAL.
Se ponían sobre la mesa igualmente la incidencia que tienen los equipamientos y la correcta dotación de los pequeños municipios en la fijación de población. “Los equipamientos se han considerado estándares de calidad urbana, y su reducción debería entenderse como una disminución de la calidad. No se puede entender que en un núcleo rural se instale un gran número de inmuebles, con una calidad urbana deficiente. Rebajar los estándares va en contra del principio de igualdad, e incluso en contra de los valores urbanísticos. La correcta dotación de los pequeños municipios es una condición necesaria, pero no suficiente, por cuanto que en algunos Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano se podrían establecer unos estándares superiores a los previstos en la ley”, estimaba Rafael Santiago.
También se planteaba a la mesa de debate, si el problema real es la España vacía o la llena, es decir, se cuestionaba la sostenibilidad de las grandes urbes del siglo XXI. “El suelo en un recurso escaso, sin embargo, vivimos en una región con una superficie inmensa y un índice de población muy bajo. La relación entre vivir en un entorno rural o de una gran ciudad, es como la de los vasos comunicantes, la sostenibilidad del sistema se garantiza con una concepción más flexible de los servicios, en la que no importa quién lo imparta sino quien lo recibe”, afirmaba Santiago en referencia a los servicios esenciales.
Otro de los temas a tratar fue el laboral: analizar la influencia que puede tener el urbanismo a la hora de que un autónomo decida emprender en un pueblo, que una empresa opte por instalarse en una pequeña población o como el urbanismo ha podido complicar el uso del territorio para actividades del sector primario.
“En ocasiones el empresario en el núcleo rural necesita espacios de coworking, o viveros de empresas. Se hace necesario habilitar la figura de los complejos inmobiliarios, tal y como establece la disposición adicional décima de la Ley SUMA la cual prevé que una o varias fincas podrán constituirse en complejos inmobiliarios urbanísticos”, exponía el presidente de COSITAL.
En el debate aparecía la cuestión de las energías renovables y la influencia de los parques eólicos y fotovoltaicos, en los pequeños municipios. Acerca de estas instalaciones, Santiago afirmó que “facilitan la creación de puestos de trabajo, solucionan problemas de crecimiento de la economía española, muy dependiente de la energía. La extensa superficie de la región y la baja densidad de población permiten este aprovechamiento del suelo rústico”, aunque poniendo el acento en que “hay que adoptar las garantías necesarias para retirar esas instalaciones una vez que termine su vida útil, ya que su permanencia podría incidir directamente en la despoblación”.
Por último se abordaba el tema de los beneficios fiscales en el medio rural y hasta qué punto permitirían frenar la despoblación. “Uno de las grandes demandas de los autónomos de la España Vaciada es la aplicación de una fiscalidad diferenciada, es decir, aprobar una serie de deducciones en sus obligaciones tanto laborales como fiscales para compensar el difícil contexto social y económico dónde desempeñan su actividad”, cambio que podría estar cerca tras el visto bueno de la Comisión Europea y podría suponer llegar a aplicar deducciones de hasta un 20%.
El 19 de abril, se aprobó el texto definitivo de las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027. La Comisión Europea incluye ahora a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse de deducciones, para compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación. A este respecto Santiago aseguraba que “las grandes beneficiarias de las ayudas serían las empresas más cercanas al territorio y las que consiguen asentar población en las localidades de menor tamaño, y estas se encuentran formadas por los autónomos”.
Para concluir, con una reflexión sobre los retos del urbanismo para absorber con agilidad las demandas de suelo que pudieran sobrevenir gracias a estas medidas de incentivos. “Los proyectos prioritarios se pueden aplicar mediante la aprobación de proyectos de regional interés. Existen suelo urbanizable industrial degradado, el futuro no debe pasar por tener más terreno industrial sino por la reforma del ya existente”, concluía Rafael Santiago.
