Los liberales consideran que el acuerdo adoptado por el pleno sobre la RPT del Ayuntamiento podría vulnerar la Ley de Presupuestos Generales del Estado
Miguel Ángel García, portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Miguelturra, ha salido a dar explicaciones por la disconformidad de su grupo, tras la aprobación en el último Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, de vulnerar lo dispuesto en el artículo 18, apartados 2, 7 y 11, de la Ley 11/2020, “puesto que los límites en cuanto a incrementos retributivos de los salarios de los funcionarios exceden en mucho de los límites fijados para este 2021 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, ha concretado.
“Es un atropello. No se pueden saltar las normas a la torera como hace este equipo de Gobierno”, ha lamentado el portavoz liberal en Miguelturra. Y es que, tras el acuerdo adoptado, explica García, “se producirán, a partir del mes de septiembre, unos incrementos en los complementos específicos de la plantilla cercanos a los 400.000 euros”, que si bien en parte, procederían de las productividades que anualmente se vienen pagando, sería una cantidad que por sí misma, “excede en mucho del límite del 0,9% fijado por la ley en cuanto al incremento retributivo por este concepto”, ha argumentado.
No obstante, se señala por la formación de centro, que el acuerdo del pleno “debe ser supervisado por la Subdelegación del Gobierno, puesto que se trata de competencias que en parte son del Estado, en concreto las retribuciones de los funcionario” y es por ello, que al considerar que se ha vulnerado el citado límite de incremento salarial y además se han invadido competencias estatales, “desde Ciudadanos solicitamos la intervención de la Subdelegación del Gobierno, y que sea el Abogado del Estado quien se pronuncie sobre dicha cuestión”.
Desde Ciudadanos Miguelturra, su portavoz ha criticado que se ha trabajado correctamente para hacer una RPT “legal” y que ahora no es justo que se venga abajo por querer utilizar “un subterfugio legal”, que ya ha sido revocado en otros ayuntamientos de España, puesto que la confección y desarrollo de la RPT no puede ser una vía para amparar incrementos salariales de los funcionarios públicos por encima de los permitidos legalmente
