Esta formación práctica permitirá al alumnado complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y favorecerá la adquisición de competencias que le prepare para el ejercicio de actividades profesionales.
El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han firmado un convenio mediante el cual los estudiantes del primer Máster Universitario en Auditoría Pública podrán realizar prácticas en la Intervención General de la Junta, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con el fin de complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica.
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones para la realización de prácticas académicas externas por parte de los estudiantes del mencionado Máster, lo que favorecerá la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales.
El programa formativo, la dedicación mínima y las actividades que desarrollará el alumnado serán establecidos conjuntamente por las partes firmantes y podrán realizar prácticas en la Intervención General un máximo de cinco estudiantes de la UCLM.
La asistencia a la Intervención General se ajustará al calendario, horario y régimen de permisos al que tenga derecho el alumnado, con arreglo a la normativa universitaria vigente, y será establecido conjuntamente. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad regional.
Por parte de la UCLM se designará un tutor académico responsable del correcto desarrollo de las prácticas, mientras por parte de la Intervención General se asignará un tutor responsable con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.
El convenio establece, además, la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las partes, encargada vigilar y evaluar la ejecución del acuerdo, que mantendrá su vigencia durante un periodo de cuatro años, así como de proponer su prórroga y de resolver los problemas de interpretación y aplicación que puedan producirse a lo largo de la vigencia del mismo.
Ambas instituciones han coincidido en el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene para la sociedad en general, beneficiaria final de la preparación profesional de los titulados universitarios.
