Los objetivos de reducción de emisiones que establece la ley son insuficientes para cumplir con el Acuerdo de París
Greenpeace considera inadmisible que se haya abierto la puerta a la utilización del gas para todo el transporte
Algunos aspectos del texto han mejorado a su paso por el Congreso al incluir el fin de la minería de uranio, la rehabilitación energética o la dieta alimentaria
Cinco años después de su anuncio, la necesaria y esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha sido finalmente aprobada hoy en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. El texto aprobado pasará al Senado donde, si no hay cambios sustantivos, finalizará su trámite. Greenpeace lamenta que su paso por el Congreso no haya servido para lograr la principal mejora que necesitaba: aumentar sus objetivos climáticos para luchar de forma decidida contra la emergencia climática.
De hecho, el texto del proyecto de ley se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, hecho inadmisible para la organización ecologista, que sí reconoce algunas mejoras, como la prohibición de la minería de uranio, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.
“Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.
Según el texto, España apenas reduciría un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, tal y como aparece ya contemplado en el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esta cifra se revisará al alza en 2023, periodo que está contemplado también en el PNIEC. Greenpeace señala que este objetivo debería haberse elevado a al menos un 55% para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, según establece el Acuerdo de París, ratificado por nuestro país. Por el mismo motivo, la organización considera que el objetivo de cero emisiones netas debería haberse adelantado a 2040 en vez de 2050.
Greenpeace considera una cesión inadmisible ante el lobby de los combustibles fósiles que se permita el uso indiscriminado de “combustibles alternativos” en todo el sector transporte, gracias a un cambio de última hora en el artículo 11 que nos aleja del 1,5º y abre la puerta a la promoción del gas fósil para el transporte por carretera. Este punto, que inicialmente pretendía dar una solución transitoria solo al sector aéreo, extiende el uso de determinados combustibles también a la automoción, demorando la necesaria electrificación del automóvil y reduciendo la disponibilidad de dichos combustibles alternativos.
La organización apoya el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión de la ley, pero lamenta que se retrase hasta 2040 la implementación de estas medidas, horizonte muy lejano de la necesaria fecha del 2028.
La ley tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial.
Aspectos que refuerzan la ley tras su paso por el Congreso
A falta de que se publique el texto definitivo aprobado, Greenpeace reconoce algunas mejoras durante su tramitación en el Congreso, como la ampliación del artículo 8, que incluye ahora la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio.
También se refuerza la apuesta por la rehabilitación energética de edificios, incluyendo la gestión de la demanda, la promoción del autoconsumo y su orientación a fijar las medidas para la población más vulnerable, que será vital para el empleo y clave en la recuperación verde, así como la consideración del cambio climático en la seguridad y dieta alimentaria recogida en su artículo 20.
Además, el hecho de que se contemplen medidas de gestión sostenible del medio terrestre y marino facilita el desarrollo de políticas positivas para el reto demográfico. Greenpeace considera que resaltando las externalidades positivas que proporcionan los sumideros de carbono terrestres y marinos (carbono azul), especialmente los servicios ecosistémicos que proporcionan los sectores agrario y forestal, se avanza en una buena dirección.
Por último, durante el proceso de tramitación también se ha incorporado una tímida mención sobre la necesidad de una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde, aspecto que, para la organización ecologista, es uno de los pilares de la recuperación verde y justa y que se ha visto escasamente reflejada en el texto que se aprueba hoy con muchos condicionantes y sin realizar una apuesta valiente.
“Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con el 1,5º. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Descarbonizar la economía española exige radicalidad política y ambición legislativa”, ha concluido Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.
