A lo largo de 11 preguntas se busca conocer, además, qué medidas considera la ciudadanía que deberían desarrollarse desde la Administración regional, como el acceso a servicios básicos en el medio rural; acceso a ayudas y subvenciones, atención a la infancia y apoyo a las familias; o aumentar la oferta de cultura y ocio, entre otras.
La apertura de este cuestionario es un paso más en el proceso de participación que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando para elaborar una Estrategia con el fin de conseguir un verdadero consenso social y político.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un cuestionario, a través del portal de participación (www.participacion.castillalamancha.es) en el que pregunta a la ciudadanía de la región sobre las cuestiones a desarrollar para elaborar la Estrategia Regional frente a la Despoblación.
El cuestionario, que estará abierto al público a partir de hoy, busca las respuestas acerca de los servicios y factores decisivos que llevarían a los ciudadanos a trasladarse a vivir a ciertas zonas del territorio autonómico, más concretamente en el medio rural.
A lo largo de 11 preguntas se busca conocer, además, qué medidas considera la ciudadanía que deberían desarrollarse desde la Administración regional a través de la Estrategia Regional frente a la despoblación, como el acceso a servicios básicos -educación, sanidad y servicios sociales- en el medio rural; acceso a ayudas y subvenciones, atención a la infancia y apoyo a las familias; o aumentar la oferta de cultura y ocio, entre otras.
Para cerrar este proceso participativo abierto a la ciudadanía en general, el Ejecutivo regional pregunta por los principios que deberían guiar y recogerse en la Estrategia para tenerlo en cuenta en su proceso de elaboración.
La apertura de este cuestionario es un paso más en el proceso de participación que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene desarrollando para elaborar una Estrategia frente a la Despoblación y con el fin de conseguir un verdadero consenso social y político al fin de llegar a un documento que pueda desarrollarse como mínimo para 10 años saltando varias legislaturas para que las medidas que se tomen puedan tener resultados.
Participación para elaborar una Estrategia desde el consenso
De hecho, a lo largo de los últimos meses, se han celebrado las mesas de trabajo con los diferentes agentes implicados en la cuestión del reto demográfico y en las que han podido aportar su punto de vista, preocupaciones y posibles demandas a ser consideradas en la nueva estrategia.
Unas mesas de trabajo que se han estructurado en tres ámbitos, territorial, social y económico, que permitirán contrastar los análisis preliminares que se han llevado a cabo, así como abrir un debate sobre cuáles deberían ser los grandes objetivos de la Estrategia, y en las que están presentes los firmantes del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha rubricado el pasado 27 de febrero en Brihuega (Guadalajara).
Una ley “pionera”
La apertura de la consulta llega apenas unos días después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobase en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma “pionera” que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.
El anteproyecto de Ley está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.
La principal novedad de la futura ley son las ventajas fiscales que incluye para aquellos que viven o quieren irse a vivir a los municipios despoblados. En concreto, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
Esas ventajas fiscales incluyen, además, la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.
