Artículo de Opinión de Silvia Valmaña Ochaita. Vicesecretaria de Acción Política PPCLM y catedrática de Derecho Penal de la UCLM
Pocas cosas indignan más al ciudadano que la rabia y la impotencia de no poder hacer nada cuando es víctima de un delito, cuando ve que quienes tienen que ejercer el legítimo uso de la fuerza en defensa de los derechos individuales no pueden o no quieren hacerlo y que en lugar del imperio de la ley, impera la ley de la selva.
En los últimos dos años hemos visto como la ocupación ilegal de viviendas se ha disparado en España. A las importantes cifras que arrojan las recogidas por el Ministerio del interior entre los años 2015 y 2017 de alrededor de 10.000 ocupaciones anuales, el incremento a un ritmo constante en 2018 y 2019 supone un incremento de un 40% en las cifras, hasta las 14.621 del pasado año. Y para el presente 2020, si la progresión sigue como parece, superaremos otra vez los años anteriores, porque en los primeros seis meses ya llevamos 7.450 denuncias presentadas.
Es verdad que no existe una sociedad que esté absolutamente a salvo de la delincuencia. No existe, salvo en la paz de los cementerios, la seguridad total si no es con la eliminación también total de nuestro régimen de libertades. Pero también nuestras libertades públicas y nuestros derechos fundamentales desaparecen si no tenemos mecanismos eficaces para defenderlos.
Porque si dejamos de creer en el derecho, empezaremos a creer que tenemos el derecho a defendernos por nosotros mismos. El Estado de Derecho será sustituido por la ley del más fuerte. Veintidós siglos de tradición jurídica no pueden dar paso, sin más, a un escenario más propio de películas post apocalípticas en el que, directamente, no hay Estado.
Esta sensación de abandono, de imposibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar contra los delincuentes y proteger a las auténticas víctimas, que los fiscales las defiendan y que los jueces hagan justicia, se ha producido, en buena medida, porque algunas fuerzas políticas, ahora en el gobierno, han favorecido un relato falso de que el okupa en realidad ejercía un derecho. No se habla del derecho constitucional a la propiedad.
No se habla de que el derecho a la vivienda digna no es tal realmente, sino un principio que orienta la actuación de los poderes públicos, pero sin que esa carga deba ser soportada directamente por ningún ciudadano. No se habla de que no se puede renunciar a ejercitar la defensa de los ciudadanos, y que hay delitos públicos, que deben ser perseguidos de oficio, sin que sea necesaria la denuncia del interesado, porque no sólo le afectan a él sino a la paz social.
No es justo que un ciudadano tenga que soportar una ocupación, porque el ocupa tiene más derechos que él. Y no es justo que de toda esta situación las mafias hagan su agosto, porque van un paso por delante, porque nuestras leyes presentan resquicios, o se los hacen con instrucciones más o menos veladas de mirar para otro lado.
Por eso el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha decidido no cruzarse de brazos y nuestro Presidente Paco Núñez ha puesto en la agenda política regional un tema que preocupa a los castellano-manchegos y a todos los españoles; ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la prevención y evitación de la ocupación ilegal y la garantía de los derechos de propiedad, a la vivienda digna y a la convivencia vecinal.
Lo ha hecho usando las posibilidades que presenta nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, a través de la iniciativa legislativa que tienen las Comunidades Autónomas.
Lo ha hecho cumpliendo los trámites reglamentarios, dando los pasos que marca la ley para que ningún defecto formal manche el trabajo realizado. Lo ha hecho porque había que hacerlo, buscando el consenso y la idea de justicia, proponiendo y no imponiendo ideas, abierto a la negociación y sin ultimátum, porque lo que nos importa es que triunfe el Estado de Derecho.
La Proposición de Ley Orgánica que ha registrado el Partido Popular niega el derecho del okupa a la protección de morada o domicilio frente a las FFCC de Seguridad del Estado o el legítimo propietario, impide que pueda empadronarse en el inmueble ocupado y establece que el desalojo será inmediato en caso de delito flagrante con un máximo de 24 horas si no lo es.
Nuestra propuesta incrementa las penas del delito de usurpación, para que ocupar ilegalmente una vivienda no pueda salir más barato que hurtar un móvil; establece tipos agravados cuando en la ocupación se haya usado fuerza en las cosas, la ocupación ilegal hubiera durado más de 15 días, cuando ponga a la víctima o su familia en grave situación económica, cuando se trate de un okupa reincidente, utilice menores para la comisión del delito o cuando okupe bienes utilidad pública o interés social que sean propiedad del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y privadas y entidades y organizaciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.
Porque no es cierta la idea de que la ocupación va contra los bancos, contra los ricos. La ocupación ataca sobre todo a los que menos pueden defenderse; a la familia que espera años para obtener una vivienda social y ve como otros la ocupan sin que nadie haga nada para hacer justicia; a la familia que ahorra durante años para comprar un piso en propiedad mientras paga un alquiler, y antes de entrar a vivir en él se lo okupan, teniendo que aguantar gastos imposibles de hipoteca y manteniendo ese alquiler.
Ataca a los vecinos de barrios, pueblos y ciudades que ven alterada su convivencia con narco-pisos, ruidos, suciedad, amenazas, agresiones…
Porque si no se protege la propiedad privada, sea quien sea su titular, se minan los cimientos del orden público y la convivencia ciudadana. Por eso nuestra Proposición también quiere dotar de los mecanismos necesarios a Ayuntamientos, Comunidades de Vecinos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso a jueces y fiscales, para luchar contra la ocupación.
Todos estos instrumentos son para reforzar el Estado de Derecho, que es la garantía y defensa de nuestra democracia, del régimen de libertades que los españoles nos dimos en 1978. Sin ley no hay libertad. Si no se defienden los derechos a través de los cauces legales no hay democracia, sino anarquía. Si cedemos ante los hechos consumados, el Derecho se apagará.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha dará la batalla donde haga falta para que esto no pase. Nos jugamos demasiado.
Silvia Valmaña Ochaita
Vicesecretaria de Acción Política PPCLM y catedrática de Derecho Penal de la UCLM
