Según el diputado nacional del PSOE, Rosa Romero y el PP provincial de Ciudad Real, deberían reconocer la gran apuesta por el personal educativo que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha, “y lo segundo que debería hacer el PP es dejar de alarmar y arrimar el hombro”.
Miguel González Caballero, diputado nacional del PSOE, por la provincia de Ciudad Real, ha destacado que “los gobiernos liderados por el Partido Socialista están trabajando para que este inicio de curso se haga con seguridad, y que ningún alumno pierda su derecho a tener una educación”.
Las palabras están apoyadas por hechos, recuerda el parlamentario socialista, y por eso, las CC.AA. gobernadas por el PSOE invierten en profesores cuatro veces más que las gobernadas por el PP.
Esa apuesta por el personal educativo que –indica González Caballero- “es lo primero que debería reconocer la señora Romero, y lo segundo que debería hacer el PP es dejar de alarmar y arrimar el hombro para, entre todos, hacer de este inicio de curso escolar, una vuelta segura a las aulas”.
Sin duda, la pandemia del COVID-19 está planteando retos a los Gobiernos, sin precedentes, y en aras a adaptarse a la situación sanitaria, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de España, están dando pasos al frente.
Al aumento de las plantillas de profesorado, 3.000 profesionales más en el caso de Castilla-La Mancha, se unen otras medidas puestas en marcha, como la aplicación de PCR a todo el personal educativo, el aumento de fondos por parte del Ministerio de Educación y el Gobierno regional, para entre otras cosas, adecuar los centros escolares a las circunstancias, o ampliar las becas y poder distribuir material de higiene y protección entre los centros.
Miguel González, ha valorado igualmente el clima de consenso y colaboración que ha logrado el Ejecutivo de Sánchez con las CCAA, lo que ha logrado establecer una Declaración de actuaciones coordinadas para los centros educativos.
En la misma, explica, se recomienda apostar, siempre que se pueda, por la actividad educativa presencial, y se recogen 29 medidas y 5 recomendaciones para su aplicación por las administraciones competentes.
