Hoy se reúne el secretario de Estado con los Viceconsejeros y viceconsejerasas de las comunidades autónomas. Hoy se comienza a debatir si queremos un curso presencial que asegure la equidad a todo el alumnado o una educación a distancia, donde las personas con más y mejores medios podrán dar una mejor educación a sus hijos. La educación pública, la de todos y todas para todos y todas, alcanza su excelencia solo con la prespecialidad. Parece que la escasez de recursos con la que se está dotando al sistema educativo conduce a lo segundo. Esto sería la estocada definitiva a la educación pública tal y como la conocemos. STE defiende la vuelta a las aulas, pero no a cualquier precio, sino con unas condiciones sanitarias seguras.
Tras años sufriendo recortes por aquí y por allá, asfixiando económicamente a los centros educativos, dificultando la labor docente con más horas lectivas, más burocracia, más competencias y más metodologías que limitan la labor docente y empeora el aprendizaje del alumnado, la pandemia, que sabemos que no será igual para todos tanto en lo sanitario como en lo educativo, va a decidir el futuro de nuestro sistema de educación pública.
A día de hoy, con los recursos existentes, no se van a adoptar las medidas sanitarias necesarias con las que poder llevar a cabo una actividad educativa segura, que nos permita contener la pandemia.
Hoy se decide si queremos una educación pública en condiciones para este curso o delegamos la responsabilidad no ya en los equipos directivos y el profesorado, sino en la capacidad económica de cada familia para buscarse la vida a fin de dar formación a sus hijos al margen del sistema público. Eso es lo que hoy está el juego.
Por eso, STE-CLM está en contacto con el resto de organizaciones sindicales y asociaciones de madres y padres para tratar de defender unos mínimos para un inicio de curso seguro para la comunidad educativa de la escuela pública. Estos mínimos afectan al ámbito educativo, sanitario y de trabajo, y son los siguientes:
- Ratios máximas que marque la autoridad sanitaria. Parece contrario a la razón que se recomienden o incluso prohíban grupos de más de 10 personas, pero tengamos clases con hasta 30 alumnos y un docente. El límite ya no lo marcan ni los sindicatos ni cualquier teoría pedagógica, sino las recomendaciones sanitarias. Exigimos que los planes de contingencia con los que se tienen que dotar todos los centros educativos de la región, y en los que se deben incluir las modificaciones organizativas necesarias para mantener unas condiciones seguras, estén elaborados y revisados por técnicos de prevención de riesgos laborales, sin hacer recaer dicha responsabilidad en los equipos directivos.
- Equipos sanitarios exclusivos para los centros educativos de intervención rápida. La velocidad de reacción ante un caso es crucial para minimizar la propagación del virus. Equipos sanitarios dedicados en exclusiva a los centros educativos darían tranquilidad a las familias y profesorado, que podría concentrar sus esfuerzos en la labor docente.
- Especial protección: embarazadas, personas vulnerables, interinos con COVID a los que se les debe asegurar sus vacantes y excedencias voluntarias para conciliar la atención de personas vulnerables. Sabemos que esto excede el ámbito educativo, pero desde nuestra defensa de la conciliación familiar y laboral y ante los brotes previsibles, necesitamos nueva legislación adaptada a la nueva realidad que permita la protección de los potencial-mente más vulnerables y sus familias. Igualmente, esta enfermedad silenciosa no puede suponer un castigo al profesado interino que se incorporará el 1 de septiembre a los centros, a los que se debe asegurar su toma de posesión con independencia de su situación sanitaria. Situaciones extraordinarias requieren medidas del mismo calibre.
- Regulación de la docencia semi presencial y a distancia, que asegure el derecho a la educación y los derechos laborales del profesorado. Este punto debe aclararse antes del inicio de curso para que los días previos al inicio permitan una planificación de las progra-maciones didácticas.
Llegamos tarde, pero aún queda tiempo si queremos defender la escuela pública. A diferencia de otros, STE no descarta ninguna medida al inicio de curso si su afiliación percibe que su seguridad y sus condiciones laborales no están aseguradas.
