Destacan la necesidad de tomar medidas urgentes para acabar con este problema, como han propuesto Casado y Núñez
El PP propone un ‘Plan Antiokupación’ que garantice la propiedad privada, seguridad y convivencia, y que quien ocupe ilegalmente una vivienda pueda ser condenado a entre 1 y 3 años de prisión, pudiendo además ser desalojados en 24 horas
Pilar Alía, senadora del Partido Popular por la provincia de Toledo, y Alejandra Hernández, secretaria general del Grupo Popular de la Diputación, han mostrado la preocupación de esta formación política ante el creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en La Sagra, lo que está creando problemas de seguridad y un gran malestar entre los vecinos de los municipios de la zona, que incluso están haciendo movilizaciones para pedir soluciones.
Así lo han manifestado en la visita que han hecho a Casarrubios del Monte, donde se han reunido con el portavoz del Grupo Municipal Popular, Josué Zarzuelo, y los concejales del PP en la localidad. Una reunión en la que los responsables populares han puesto el acento en la necesidad de tomar medidas urgentes para acabar con el problema de la ocupación ilegal de viviendas, como han propuesto el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.
En este sentido, han destacado que el PP ha propuesto un Proyecto de Ley para garantizar la propiedad privada, la seguridad y la convivencia, un ‘Plan Antiokupación’ para evitar que los ‘okupas’ atenten contra la propiedad privada y que modificaría la actual legislación para que aquella persona que ocupe ilegalmente una vivienda puede ser condenada a entre 1 y 3 años de prisión, pudiendo además ser desalojados en 24 horas.
El PP también propone prohibir el empadronamiento a quienes viven en viviendas ocupadas y en Castilla-La Mancha han solicitado al Gobierno regional que plantee al nacional todas las medidas necesarias para combatir este problema que sufre la región, especialmente la provincia de Toledo, así como la coordinación de los poderes públicos para proteger a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y dotarles de herramientas para actuar de forma inmediata, complementando además las plantillas de Policía Local.
De igual modo, han subrayado la importancia de luchar contra las mafias y la delincuencia asociadas a la ‘okupación’ y garantizar la propiedad privada, la convivencia y la seguridad en los municipios que más sufren este problema, que trae consigo amenazas, destrozos, peleas, incendios o robos, que los vecinos no tienen por qué seguir soportando, ante la pasividad de los gobiernos nacional y regional del PSOE.
