La junta directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías (ATM), bajo la presidencia de Carlos Marín, se ha reunido, a través de videoconferencia, para tratar tanto los asuntos que más preocupan al sector, como otros de carácter más interno para esta organización, la cual se ha visto obligada a multiplicar esfuerzos durante los últimos meses para garantizar el importante servicio que presta a sus asociados, que siguen creciendo en número.
Tras presentar y aprobar el estado de cuentas de la ATM, Marín, ha realizado un extenso repaso a la situación del sector desde que se decretara el Estado de Alarma, haciendo hincapié en los principales problemas a los que los transportistas han hecho frente, como la ausencia de establecimientos donde comer y poder asearse, los retornos en vacío, el caos normativo, la morosidad, falta de liquidez de las empresas, etc., así como todas las reivindicaciones que, desde la patronal de transporte en coordinación con FECIR, se han reclamado, como la flexibilización o moratoria en el pago de cuotas de financiación de los vehículos (y baja temporal de los seguros de aquellos que se encuentren inactivos), aplazamiento de pago de las últimas facturas del carburante a las compañías petroleras y la posible creación de un plan de pago a proveedores mediante línea de avales que compense los impagos sufridos durante y posteriormente a la crisis. Se recordó, también, el llamamiento realizado a los ayuntamientos de la provincia solicitando “la reducción, aplazamiento y/o fraccionamiento de los impuestos municipales” (IBI, IAE, Impuesto de Circulación…)
El presidente de los transportistas puso en valor al sector en general “como servicio esencial y no sólo durante esta crisis” y en particular a “los profesionales que sin parar han sabido adaptarse sobre la marcha”.
Seguidamente ha informado de las últimas novedades en el plano internacional en cuanto al BREXIT, la propuesta para el Plan Europeo de Recuperación, y desgranó el Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
mayo, por el que se establecen medidas específicas y temporales aplicables en la renovación y ampliación del periodo de validez de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones.
En relación a este último aclaró que España, finalmente, en la práctica sólo aplicará la normativa comunitaria en cuanto la renovación del CAP y de las tarjetas de tacógrafo de conductor.
