La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado que esta norma dará respuesta a la necesidad de una nueva ley para la gestión y administración del patrimonio que sustituya a la actual ya que, desde su promulgación en 1985, se han producido cambios significativos tanto en el ámbito normativo como en la configuración del patrimonio.
El anteproyecto de Ley consta de 139 artículos divididos en siete títulos, 10 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 4 disposiciones finales, lo que supone más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa. Dada la dimensión del texto respecto a la norma anterior, la mayor parte de su contenido puede considerarse novedoso.
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de hoy el anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se remitirá de manera inmediata al Consejo Consultivo para su informe y posterior presentación en la Cortes regionales.
“Esta norma surge para dar respuesta a la necesidad de una nueva ley para la gestión y administración del patrimonio que sustituya a la actual ya que, desde su promulgación, se han producido cambios significativos tanto en el ámbito normativo como en la configuración del patrimonio”, según ha explicado Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, que ha comparecido para informar de los asuntos abordados en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno.
El patrimonio general de la Junta de Comunidades se regula por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y su reglamento de desarrollo de 1986, fue aprobado en el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de manera que los 30 años que han transcurrido desde su promulgación hasta hoy hacen que se haya quedado obsoleta en relación a las circunstancias actuales y que por tanto sea necesaria esta nueva regulación.
Los objetivos que se pretenden con la nueva regulación son actualizar la normativa patrimonial al marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonial que también ha sufrido una transformación de gran alcance al afectar a tres leyes: la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y reglamento de desarrollo de 2009; la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público 39/2015 y 40/2015.
En segundo lugar, esta nueva ley tendrá como fin acomodar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público.
Estructura legislativa
El anteproyecto de Ley consta de 139 artículos, divididos en siete títulos, 10 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 4 disposiciones finales, lo que supone más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa. Por tanto, dada la dimensión del texto respecto a la norma anterior, la mayor parte de su contenido puede considerarse novedoso.
“En definitiva -ha dicho Blanca Fernández- con esta Ley queremos que nuestra región cuente con el instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión eficaz del patrimonio regional, que en definitiva es el patrimonio de toda la ciudadanía castellano-manchega y que cuenta con 7.255 inmuebles o 2.262 vehículos, por poner algún ejemplo”.
