El Consejo de la Abogacía de CLM manifiesta su más rotundo y enérgico rechazo al denominado ‘Plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma’, y denuncia que, bajo la excusa de responder a la excepcionalidad de la situación sanitaria motivada por la pandemia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende introducir una serie de medidas dentro de los órdenes jurisdiccionales que suponen una reforma procesal unilateral, con modificaciones estructurales y procesales de gran calado, con vocación de permanencia, en un claro fraude de Ley.
El documento planteado por el CGPJ, supone un atentado contra derechos fundamentales en la medida en que restringe el acceso a la Justicia, conculca el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 de la CE, mermando los derechos y garantías procesales de los ciudadanos, consumidores y profesionales, pretendiendo con ello desmontar la actual estructura de la Justicia, haciendo desaparecer la llamada “Justicia de Proximidad” por ser cercana a la ciudadanía y de más fácil acceso.
Consideramos absolutamente reprobable que utilizando la excusa del estado de alarma se pretenda la aprobación apresurada de una reforma estructural, pretendiendo justificar con ello la inactividad de la Administración de Justicia durante la crisis sanitaria y achacar a ésta dolencias anteriores y endémicas.
Entendemos que la actual conyuntura no puede ser aprovechada para imponer una visión única y absoluta de la Justicia, obviando y despreciando a la Abogacía -recordemos que “sin Defensa, no hay Justicia”- y el resto de operadores jurídicos, sin que se pueda dar el necesario Pacto de Estado por la Justicia, en el que tengan cabida todas las fuerzas políticas, a fin de que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, disponiendo para ello de mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos, respetando las exigencias constitucionales de una tramitación legislativa ordinaria.
Por otro lado, el Consejo de la Abogacía de Castilla – La Mancha se adhiere expresamente a las medidas de agilización procesal propuestas por el CGAE que entendemos como las más adecuadas en la situación actual que vive nuestro Estado social y democrático de Derecho, reconociendo al Consejo General como interlocutor válido de la Abogacía que canalice las propuestas y sugerencias de los abogados y sus instituciones, entre las que se encuentran las remitidas por este Consejo Autonómico.
Finalmente, este Consejo se adhiere a la justa reivindicación llevada a cabo por el CGAE de que se hagan extensivas las ayudas que se aprueben para los autónomos a todos los profesionales de la Abogacía adscritos a los regímenes alternativos de las Mutualidades, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico a cuyo fin se ha dirigido escrito a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
