El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es dibujar escenarios sobre los se va a tener que trabajar “porque tenemos muy claro que en esos momentos el objetivo será no dejar a nadie atrás”.
El Gobierno castellano-manchego es partidario de que el Gobierno central ponga en marcha una renta de garantía dirigida al conjunto de familias que se hayan visto afectadas en este país y que se pueda completar “con otro tipo de medidas” desde las comunidades autónomas.
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, ha avanzado que el Gobierno regional ha puesto en marcha un grupo de trabajo, donde están representadas todas las Consejerías, para avanzar en la recuperación económica tras la crisis sanitaria del coronavirus.
Una vez finalizada la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy en el Palacio de Fuensalida – sede de la Presidencia regional—, Martínez Guijarro, ha señalado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es dibujar escenarios sobre los se va a tener que trabajar a lo largo de las próximas semanas “porque tenemos muy claro que en esos momentos el objetivo será no dejar a nadie atrás”.
Asimismo, se han establecido contactos con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales para coordinar las acciones que se vayan a poner en marcha en el conjunto de la región, así como con el Gobierno de España, en este caso, para conocer las que serán sus decisiones.
En este sentido, el Gobierno autonómico es partidario de la creación de una renta de garantía destinada al conjunto de familias que se hayan visto afectadas económicamente por la crisis del coronavirus en este país. Una propuesta en la que se establezca que las comunidades autónomas y las corporaciones locales “podamos complementar, con otro tipo de medias, esa renta que fije el Gobierno de España”, ha dicho Martínez Guijarro.
Además, el vicepresidente ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear a los responsables del Ministerio de Fomento — en una videoconferencia prevista para esta tarde-la puesta en marcha de una moratoria en los alquileres de este país. La propuesta pasa por que los grandes tenedores de vivienda se acogiesen a esa moratoria, de tal manera que las familias vieran aliviada su situación económica.
En el caso de que el Gobierno de España no tomara esa decisión, ha continuado Martínez Guijarro, “vamos a analizar las posibilidades de hacerlo con las 6.700 viviendas que son propiedad de la Comunidad Autónoma, y en las que tenemos alquiladas a 6.700 familias en nuestra región.”
