Martínez Guijarro ha avanzado que la fecha propuesta a los partidos con representación en las Cortes regionales es el próximo martes, 3 de marzo.
El vicepresidente ha asegurado que la opción que planteará el Ejecutivo castellano-manchego es la de crear “un nuevo Estatuto” que incorpore “los derechos sociales”, así como herramientas que puedan mejorar la capacidad de gestión de la Comunidad Autónoma.
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, ha avanzado hoy, en Ciudad Real, que ha propuesto a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes regionales una reunión para abordar la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía.
Preguntado por los medios de comunicación, el vicepresidente autonómico, ha detallado que el viernes pasado envió una carta a los representantes de los tres grupos que conforman las Cortes regionales proponiéndoles el 3 de marzo como fecha para tener esa primera reunión, toda vez que ya se dan las condiciones que se habían marcado – la conformación del Gobierno central y el inicio de la legislatura – para el comienzo de las conversaciones.
“Cuanto antes tenemos que ponernos a trabajar de una manera discreta y continuada”, ha apuntado Martínez Guijarro, ya que el objetivo es tener el texto “antes del verano” para remitirlo a las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación.
Así lo ha explicado Martínez Guijarro, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, junto a la teniente de alcalde, Eva María Masías, y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, para analizar el avance de las inversiones del Ejecutivo castellano-manchego en la ciudad.
En este sentido, el vicepresidente ha señalado que la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha es “la creación de un nuevo Estatuto de Autonomía” en lugar de una reforma del actual, y que incorpore “nuevas herramientas de las que disponen otras Comunidades Autónomas y de las que nosotros no disponemos”.
Un nuevo Estatuto, ha dicho, al que se pretende incorporar “los derechos sociales para que haya garantía de que los ciudadanos tienen esos derechos a su disposición”, así como herramientas que puedan mejorar la capacidad de gestión de la Comunidad Autónoma.
