Artículo de Opinión de Nicasio Peláez. Master Universitario en Investigación y Humanidades
La provincia de Ciudad Real como territorio de débil poblamiento y eminentemente rural con tan sólo 25,2 hab/km2 en 2018, se encuentra por debajo de todos los promedios de densidad poblacional en el ámbito nacional donde el 56% de la superficie tiene menos de 10 hab/km2 y el 63% de los municipios está por debajo de los 2000 habitantes, muchos municipios situados en la zona occidental, meridional y suroriental cuentan con una densidad de población que no supera los 8 h/km2 es un claro índice de referencia que es utilizado por la Unión Europea para designar estas zonas rurales como “áreas escasamente pobladas”, para entendernos mejor, son un claro ejemplo de un desierto demográfico en el centro de la península que requieren de actuaciones específicas de manera inmediata para al menos intentar revertir la actual situación social, económica y demográfica del territorio.
Tal y como demuestra el estudio realizado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real titulado “Estudio sobre el proceso de despoblación en la provincia de Ciudad Real” publicado en mayo de 2019 y cuyos autores son los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Ruiz González y Ángel Raúl Ruiz Pulpón, en Ciudad Real el 76% de los municipios pierden población entre 1997 y 2017, todos los municipios menores de 2000 habitantes muestran una tendencia decreciente perdiendo en estos últimos años más del 21% de su población (13716 habitantes); la evolución demográfica actual se caracteriza por la pérdida de población donde el 91,2% de los municipios de la provincia han perdido población entre los años 2012-2018 en un 5,2% explicado por el saldo negativo migratorio total y el empeoramiento de las cifras de crecimiento natural.
En estos últimos días hemos conocido datos oficiales de los padrones municipales de todos los municipios de nuestra provincia a 31 de diciembre del 2018, Ciudad Real es la tercera provincia española que más pierde población (-3339 habitantes en el año 2018) por detrás de Jaén (-4535) y León (-3745) estos datos vienen a constatar que Ciudad Real es la décimo segunda provincia con menor densidad media de población (25,2 h/km2) muy por debajo de los indicadores mínimos que se proponen para medir la ruralidad según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sería de 150 h/km2 y que de acuerdo con lo contemplado en la Ley 45/2007 de 13 de diciembre de desarrollo sostenible del medio rural sería de 100h/km2.
En este contexto desde luego que las diferentes variables demográficas son herramientas útiles para entender la despoblación que se ha convertido en un fenómeno global y estructural en algunos territorios, por lo tanto, de lo que se trata es de hacer frente a un problema que debe ser una cuestión de estado y desde luego una prioridad en el próximo período de programación 2021-2027
por parte de la Comisión Europea, todo ello, como consecuencia de un modelo territorial de concentración (inversión, empleo, producción, población etc.,) que ha provocado desequilibrios territoriales y desigualdad social sobre todo en las zonas rurales; un modelo de concentración donde el desarrollo local nunca ha tenido protagonismo, tampoco ha existido voluntad de guardar el equilibrio en todas sus dimensiones entre mundo rural y urbano ni ha existido voluntad política a la hora de planificar y establecer actuaciones concretas en los territorios más degradados y desfavorecidos.
Ahora es el momento de pasar a la acción e intentar paralizar el deterioro económico y el empobrecimiento demográfico que sufren muchas zonas sobre todo de nuestro interior peninsular desde una perspectiva integral, para ello es necesario una nueva reestructuración territorial y económica de territorios que tradicionalmente han estado ligados al sector agrario actualmente en crisis y que padecen graves debilidades demográficas (despoblación, envejecimiento, des natalidad, etc. ) actuaciones que requieren de medidas interrelacionadas e interdependientes: medidas demográficas, medidas sociales y de calidad de vida (educativas, servicios sociales, sanidad, infraestructuras, reducción brecha digital, etc.), medidas para fomentar la actividad económica (turismo, transformación y elaboración de productos agroalimentarios, la importancia del sector cinegético, costumbres y tradiciones, espacios forestales, artesanía, iniciativas para jóvenes y mujeres del medio rural, etc..).
Recogiendo las inquietudes y las propuestas que se han suscitado en los últimos tiempos tanto en el conjunto de administraciones públicas y de manera muy particular las propuestas recogidas en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el defensor del pueblo, el mundo empresarial, los agentes sociales, los grupos de acción local, las medidas recogidas por el Senado en relación con los problemas de la España Rural, la propuesta del Comité Europeo de las Regiones al Parlamento Europeo de incorporar la despoblación y el cambio demográfico como asuntos prioritarios en la agenda europea, etc., para dar una respuesta firme al desafío de los retos demográficos y la despoblación se requiere de un compromiso en el marco legislativo y financiero en el nuevo período de programación 2021-2027 donde debe de existir una mejor coordinación de los instrumentos financieros y del aumento de la eficacia de los fondos europeos en una política de cohesión social y territorial en un contexto nacional donde es fundamental definir y concretar la importancia de un nuevo modelo de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política, Fiscal y Financiera que tendrá que debatir el coste real de los servicios en los territorios teniendo en cuenta nuevos criterios como la despoblación, el envejecimiento, la geografía, la dispersión, las zonas de montaña, etc.
Todas las comunidades autónomas deben concretar un nuevo sistema de nivelación y régimen común que tenga en cuenta las necesidades y los servicios de competencia autonómica y la evaluación de las necesidades reales de las zonas de manera muy específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales sobre todo en ley de dependencia y gasto sanitario.
En el desarrollo para elaborar una verdadera Estrategia Nacional frente a los retos demográficos y la despoblación tenemos unos claros referentes legislativos que son necesarios tener en consideración a la hora de elaborar el diagnóstico y la estrategia junto con sus objetivos, líneas, indicadores y medidas de acción, me estoy refiriendo a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del año 2007 y cuyo instrumento de planificación sería el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 y Planes de Zona que incorporan al menos cuatro ejes estratégicos básicos para el desarrollo del medio rural: el fomento de la actividad económica y empleo, el garantizar las infraestructuras y equipamientos básicos, el blindar los servicios públicos en las zonas rurales y finalmente conservar y mantener de manera sostenible los recursos disponibles en los territorios de actuación.
En la misma línea de mantener servicios básicos en el medio rural español que puedan contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas efectivas para revertir los problemas de despoblación habría que considerar las conclusiones y propuestas realizadas por el Consejo Económico y Social del año 2018 : “El medio rural y su vertebración social y territorial”; también la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural con medidas específicas para jóvenes y mujeres del medio rural, es un documento que podría ayudar para poder visibilizar el papel fundamental de los jóvenes y mujeres en las zonas rurales, finalmente tengo que hacer alusión al Consejo de Ministros del 29 de marzo del 2019 donde se aprobaron las directrices generales para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográficos y cuya estrategia de acción recoge siete objetivos transversales claves: garantizar la plena conectividad territorial de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020, la prestación de servicios públicos básicos para todo el territorio, incorporar la perspectiva demográfica en leyes, planes y programas de inversión, simplificar la normativa administrativa en la gestión sobre todo de los municipios más pequeños, poner en valor la imagen y reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos, mejorar e incrementar los mecanismos de colaboración público-privada y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2020.
En definitiva, es el momento de afrontar una verdadera Estrategia Nacional contra el despoblamiento desde una perspectiva integral y consensuada con todos los interlocutores territoriales desde las diferentes administraciones públicas y los agentes socioeconómicos más representativos y desde luego contando en todo momento con lo local, de igual modo la Comisión Europea para el próximo período de programación 2021-2027 debe incorporar un nuevo marco legislativo y financiero sobre el despliegue de instrumentos de política de cohesión que reconozca los problemas de las regiones con desventajas demográficas graves y permanentes; ha llegado el momento de mejorar la calidad de vida en el medio rural desde la cohesión social y territorial de manera responsable, sostenible e integral.
Nicasio Peláez
Master Universitario en Investigación y Humanidades.
