Los populares consideran que la institución provincial debe manifestar públicamente su apoyo a un texto que defiende que el Estado destine partidas económicas para infraestructuras, telecomunicaciones, fomentar el turismo o la atracción de inversiones privadas
También pide esta declaración que se frene el continuo desmantelamiento de los servicios públicos en los pequeños municipios, como el transporte de autobús o la atención sanitaria
Además, el PP pedirá el apoyo de los diputados socialistas en una moción que insta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a no negociar su investidura a cualquier precio, plegándose a las exigencias de los independentistas catalanes
El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca llevará al Pleno de mañana viernes 27 de diciembre, último de este año, el conocido como ‘Manifiesto por Cuenca’, un texto que, en esencia, recoge la necesidad de que se adopten medidas concretas y dotadas de presupuesto para hacer frente al grave problema de la despoblación que, lejos de atenuarse en estos últimos años, sigue acrecentándose. Para los populares, la institución provincial debe servir como intercesora y también defensora de las necesidades de los municipios y exigir al Gobierno de España que destine políticas específicas, dotadas de dinero, para revertir esta tendencia que está propiciando que, sobre todo los jóvenes, emigren a otros lugares, al no tener perspectiva de futuro en sus pueblos y la capital. Es por ello, por lo que los diputados del PP consideran que la mejor manera que tiene la Diputación de demostrar que está no solo sensibilizada con este problema, sino que está dispuesta a reclamar ante otras instituciones su apoyo es aprobar este documento como declaración institucional.
Recordemos que, el mencionado texto, hace hincapié en que pese a la estratégica situación que ocupa la provincia de Cuenca en nuestro país, entre dos grandes capitales como son Madrid y Valencia, sus posibilidades de desarrollo no sólo no se han potenciado, sino que, lamentablemente, más de la mitad de las personas nacidas entre sus pueblos y la capital viven fuera, “sólo una treintena de los 238 municipios tiene más de 1.000 habitantes”.
“Los conquenses no hemos contado con muchas oportunidades y no parece habernos favorecido el actual modelo territorial, aunque la Constitución obliga a la igualdad de derechos y a que exista un equilibrio económico adecuado y justo entre los españoles”, recoge el manifiesto, que añade que “sólo con políticas de Estado dotadas del suficiente presupuesto puede revertirse esta situación”. Los diputados populares creen que este punto, el de la implicación del Estado de una manera práctica, es decir, que se traduzcan en cuantías económicas, es fundamental para que Cuenca y sus municipios dejen de perder habitantes.
Los populares insisten en que todos los poderes públicos, entre los que se encuentra por supuesto la Diputación, tienen que tomar medidas reales para frenar la despoblación en Cuenca, lo que supone tal y como reza el texto “compensar de forma extraordinaria a esta provincia”. Continua el manifiesto detallando algunas de estas prioridades como son aumentar la inversión el desarrollo tecnológico, en infraestructuras, el aprovechamiento de nuestros recursos agrícolas, forestales o turísticos y, por supuesto fomentar Cuenca como referente artístico y cultural. Por ello, lo que no es de recibo, y en ello insiste el Partido Popular en la Diputación es que nuestros municipios cuenten cada vez con menos servicios de autobús, por ejemplo, o que no se sustituya a médicos en vacaciones o que no haya servicio de pediatría en determinados pueblos, “debe articularse una estrategia de desarrollo rural que impida el desmantelamiento de los servicios públicos”, señala acertadamente el escrito.
En otro orden de cosas, y dado el convulso momento político que vive nuestro país y que se remonta de manera más intensa a hace ya nueve meses, el Grupo Popular en la Diputación presentará también una moción para que desde la institución se inste al presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a no negociar un acuerdo de investidura con los independentistas catalanes que ponga en peligro la unidad de España, a recuperar el delito de referéndum ilegal y a no ceder en la creación de una mesa de negociación institucional entre España y un supuesto gobierno de Cataluña en las mismas condiciones, como si éste último fuera una nación soberana.
