Fue el asunto principal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios e Interventores y Tesoreros de Administración Local de Albacete correspondiente al segundo semestre de 2019. En la sesión se trataron, además, la valoración de los méritos en los concursos de provisión de puestos de los habilitados nacionales y se presentó, finalmente, un nuevo organigrama de puestos y trabajos a desarrollar por la Junta de Gobierno en el segundo semestre de 2019.
Hace unos días, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios e Interventores y Tesoreros de Administración Local de Albacete celebró su sesión ordinaria correspondiente al segundo semestre de 2019.
En el orden del día se trataron, entre otros asuntos, el referido a la situación actual de los puestos de tesorería en los ayuntamientos de la provincia y de las acciones que ha emprendido el Colegio para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que establecía una reserva de los mismos a favor de los habilitados nacionales.
La Junta de Gobierno, consciente de las dificultades que genera la implantación del nuevo sistema, propuso su aplicación progresiva comenzando por los puestos de los ayuntamientos de mayor categoría. En relación con este apartado, pusieron como ejemplo el caso del puesto de intervención de la Diputación Provincial de Albacete, cuya provisión se realiza mediante el sistema de libre designación y lleva años sin convocarse, cuando el plazo legal previsto a estos efectos es de tres meses desde que se produce la vacante.
Para resolver esta situación, el Colegio se ha dirigido en reiteradas ocasiones a la institución provincial poniendo de manifiesto dicha irregularidad. En breve, la Junta espera reunirse con el nuevo equipo de gobierno para abordar el asunto lo antes posible.
En referencia a la valoración de los méritos establecidos en los concursos de provisión de puestos de los habilitados nacionales, la Junta dio cuenta de la propuesta que la Asamblea del Consejo General de Colegios de SITAL, reunida el pasado 30 de marzo, elevó al Ministerio de Política Territorial y Función pública.
Finalmente, se presentó para su estudio y consideración, un nuevo organigrama de puestos y trabajos a desarrollar por la Junta de Gobierno, dimensionado a la realidad del colectivo y sus posibilidades de actuación en el ámbito provincial.
