Ángel Felpeto ha recordado que, aunque los casos no son muchos “sólo con que exista uno es necesario prestar todo el apoyo necesario, porque la escuela nunca debe ser lugar de conflictos”
La póliza garantizará el asesoramiento, la asistencia en juicio, así como el pago de los gastos, tasas u honorarios profesionales, entre otros, a los que tenga que hacer frente un docente como consecuencia de su implicación en procedimientos judiciales, siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o contra él que constituyan un atentado contra la autoridad del profesorado.
Además, atendiendo al compromiso de reforzar el apoyo a los docentes que puedan enfrentarse a procesos derivados de conflictos como consecuencia de su labor, el Gobierno regional autorizó recientemente al Gabinete Jurídico de la Junta a personarse como acusación particular en los procesos penales derivados de hechos y actos producidos contra el personal docente dependiente de la Administración Regional en ejercicio de sus funciones.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte cuenta desde el 1 de enero con un seguro que cubre la defensa jurídica en juicios civiles y/o penales del personal docente de centros públicos no universitarios, reforzando así el apoyo a los docentes que se puedan enfrentar a procesos derivados de conflictos como consecuencia de su labor.
Este seguro, suscrito con la firma ‘Europe Assistance’ tras un concurso público, se suma a la reciente decisión del Gobierno regional de autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta a personarse como acusación particular en los procesos penales derivados de hechos y actos producidos contra el personal docente dependiente de la Administración regional en el ejercicio de sus funciones.
Ángel Felpeto, consejero de Educación, Cultura y Deportes, ha destacado que aunque no son muchos los casos de insultos, amenazas o agresiones, “sólo con que haya uno que se produzca es rechazable y es necesario prestar todo el apoyo al profesorado afectado, porque la escuela es lugar de encuentro y nunca de conflictos. Estos casos tienen mucha trascendencia social y la sociedad necesita visualizar con claridad que la administración valora, respeta y defiende la autoridad y la función del profesorado”.
El objeto de esta póliza de seguros será garantizar el asesoramiento, la asistencia en juicio, así como el pago de los gastos, tasas, honorarios profesionales, entre otros, a los que tenga que hacer frente un docente como consecuencia de su implicación en procedimientos judiciales, siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o contra él que constituyan un atentado contra la autoridad del profesorado, en el ejercicio de su actividad profesional.
Igualmente, garantizará los gastos de reclamación de daños y perjuicios que pueda exigir el profesorado contra terceros responsables por sucesos ocurridos en el desarrollo de sus funciones docentes.
El asegurador asumirá, entre otras cuestiones, gastos derivados de la defensa jurídica del docente, como las tasas y costas judiciales, los honorarios de los abogados defensores, los gastos notariales o la constitución de las fianzas exigidas en casos penales.
Los asegurados tendrán derecho a elegir libremente al procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier procedimiento aunque no pertenezca a la compañía aseguradora.
Hasta ahora la asistencia jurídica a los docentes de la pública la realizaba el Gabinete Jurídico de la Junta y en el caso de la concertada había una póliza ya que cubría la asistencia.
En el caso de la personación como acusación particular viene a plantear una medida adicional a la establecida en la Ley de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha de 10 de mayo de 2012, reforzando la figura del profesorado y garantizando el ejercicio pacífico de su profesión, para lo cual se ha valorado la conveniencia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda actuar como acusación particular en los procesos penales derivados de actos cometidos frente al personal docente en ejercicio de sus cargos.
