Las dos instituciones reconocen la importancia de asegurar los servicios bibliotecarios públicos, haciendo especial énfasis en el adecuado mantenimiento de los servicios bibliotecarios móviles en los municipios de la provincia de Toledo.
Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo, y Ángel Felpeto, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han renovado el convenio de colaboración para asegurar la prestación del servicio de bibliobuses en los municipios de la provincia de Toledo en los años 2018 y 2019.
Las dos instituciones cooperan en la prestación de un servicio que llega a las poblaciones más pequeñas de nuestra provincia, que no cuentan con biblioteca pública y que gracias a los bibliobuses o bibliotecas móviles asegura la lectura para todas las personas interesadas.
El convenio suscrito entre la Diputación y el Gobierno regional confirma el mantenimiento de dos bibliobuses, según atiendan la zona de Talavera de la Reina y las comarcas de la Jara y la Sierra de San Vicente y a los municipios de las zonas de los Montes de Toledo, La Sagra y La Mancha.
El bibliobús de la zona de Talavera de la Reina atendió el pasado año más de 26.000 préstamos, por los más de 28.000 del que atiende la zona de Toledo-La Sagra, lo que define la implantación y aceptación popular de este servicio, que en cada uno de los casos cuentan con más de 12.000 volúmenes a disposición de sus usuarios.
Cada una de las administraciones asume un papel diferente, pero complementario en el convenio firmado, correspondiendo a la Consejería el mantenimiento de los dos bibliobuses, la dotación de una responsable técnico del Red provincial de bibliotecas móviles y dos técnicos bibliotecarios.
Por su parte, la Diputación de Toledo se encarga de proporcionar los dos conductores, un encargado de bibliobús y un auxiliar administrativo, así como un garaje para el autobús que realiza la ruta de La Sagra-Torrijos.
El servicio de bibliobuses responde a la exigencia de la Ley de lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, que establece la obligación de prestar servicios bibliotecarios móviles a los municipios de la región que tengan entre 300 y 1.000 habitantes y no dispongan de biblioteca de uso general.
