“El objetivo de las subvenciones es impulsar y extender entre las administraciones públicas y sus empleados una formación que responda a sus necesidades, que mejore su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio y, como consecuencia de ello, contribuya a prestar un servicio público de mayor calidad a la ciudadanía”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido 204.414,29 euros en subvenciones a diversas entidades locales de la provincia de Ciudad Real, a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava y a la Diputación de Ciudad Real.
En concreto, han resultado beneficiados de dichas subvenciones los ayuntamientos de Alcázar de San Juan (17.204,30 euros), Daimiel (21.953,41), Herencia (19.450), La Solana (11.200), Malagón (14.800), Manzanares (2.600), Pedro Muñoz (4.480,29), Puertollano (8.300), Santa Cruz de Mudela (18.150), Tomelloso (29.480,29) y Valdepeñas (18.180), además de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava (20.576) y de la Diputación Provincial (18.040).
Una línea de ayudas que se enmarcan en el Acuerdo para la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y a la que el Ejecutivo regional que preside Emiliano García-Page ha destinado una cantidad total cercana a 860.000 euros y donde se incluyen además otros 250.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM).
Tal y como ha explicado Francisco Pérez Alonso, director provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, “el objetivo de la subvenciones es impulsar y extender entre las administraciones públicas y sus empleados una formación que responda a sus necesidades, que mejore su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio y, como consecuencia de ello, contribuya a prestar un servicio público de mayor calidad a la ciudadanía”.
Pérez Alonso también ha valorado la decisión del Gobierno regional de adelantar la convocatoria y la resolución de estas subvenciones respecto a años anteriores “con la finalidad de dar mayor tiempo a las entidades beneficiadas para ejecutar sus correspondientes planes de formación”, que deben estar ejecutados antes de la finalización del año en curso.
