Esta situación es una dejación de funciones para beneficiar a la mujer de un concejal socialista y que la consecuencia de todo eso, costará a las arcas municipales entorno a un millón y medio de euros.
Amalia Gutiérrez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), ha explicado con todo detalle un nuevo y posible caso de corrupción política del alcalde socialista de la localidad y de su equipo de gobierno.
Ha informado de un posible delito contra la administración pública, en materia de personal, que han podido cometer tanto el alcalde como su concejal de personal, al no defender los intereses del ayuntamiento ni de los ciudadanos, en los juzgados.
La concejal popular ha pasado a relatar la difícil situación económica en la que se encontró el Partido Popular el ayuntamiento en el año 2011, con 52 millones de euros de deuda global, con 12 millones de deuda a proveedores y con más de 4.000 facturas metidas en los cajones sin pagar. Ello obligó al equipo de gobierno que conformó el Partido Popular a despedir a 26 trabajadores municipales, que no eran ni funcionarios ni fijos, ya que no podía pagar y tenía que corregir la ruina económica generada por el gobierno socialista.
Sigue informando de los hechos, diciendo que “durante el mandato del Partido Popular, se celebró el primer juicio por despido, y el abogado del ayuntamiento aportó los informes que había en el expediente del ayuntamiento. El juzgado dio la razón al ayuntamiento, basándose en esos informes técnicos. El trabajador al perder el juicio, seguidamente, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, y nuevamente dieron la razón al ayuntamiento, lo que corroboraba que los informes aportados como prueba eran correctos y se ajustaban a la realidad, y además, justificaban debidamente los hechos. El ayuntamiento ganó el juicio en primera y en segunda instancia”.
Los informes que se adjuntaron y que justificaban la situación del ayuntamiento eran: Informe del servicio de Intervención, que certifica la difícil situación económica en la que se hallaba el ayuntamiento, Certificado del Secretario, que indica el número de trabajadores laborales y el número de trabajadores despedidos.
Cuando en junio de 2015 empieza a gobernar el PSOE, cambian al abogado y contratan a uno que no es especialista en temas laborales. Se celebran seguidamente cuatro juicios, el abogado presenta la misma documentación que en los juicios que se llevaron a cabo con el PP, y el resultado es el mismo. Según el juez correspondiente, los despidos están justificados por insuficiencia presupuestaria y el procedimiento de despido cumple y se ajusta a lo que establece la ley. Por tanto, los cinco primeros juicios los ganó el ayuntamiento.
Con posterioridad a estos juicios, tiene lugar el juicio del despido de la mujer del actual concejal del PSOE, Juan Luis Íñiguez; y es en este juicio que el abogado del ayuntamiento no presenta los informes que sí se aportaron en los cinco juicios anteriores, con lo cual el ayuntamiento pierde este juicio; al dejar de aportar los informes existentes de Intervención, todos los juicios posteriores al de la mujer del concejal socialista, se pierden por no aportar los informes existentes”.
Amalia Gutiérrez ha dejado claro que “esta situación es una dejación de funciones para beneficiar a la mujer de un concejal socialista y que la consecuencia de todo eso, costará a las arcas municipales entorno a un millón y medio de euros”.
La portavoz popular ha incidido en que los informes los tiene el abogado, ya que en los primeros juicios sí se aportaron.
Y a partir de aquí, la edil popular ha formulado unos interrogantes, como “por qué en el juicio de la mujer del concejal socialista Juan Luis Íñiguez no se aportan los informes al juzgado y quién dio la orden de no aportar la citada documentación”.
Gutiérrez ha dicho que “quien diera la orden de no presentar la documentación, haya sido el alcalde, el concejal de personal o el mismo concejal de economía, han cometido un posible delito contra la administración pública, y ha utilizado su cargo político para beneficiar al concejal socialista Juan Luis Íñiguez, a su mujer y al PSOE.”
Según manifiesta la edil popular, “el alcalde socialista de Villarrobledo, ha elegido, presuntamente, anteponer los intereses del Sr. Íñiguez y los del PSOE, a los intereses del ayuntamiento y de los ciudadanos.”
Amalia Gutiérrez, en nombre del PP, ha informado, como considera que es su obligación, de la gestión que está realizando el alcalde socialista con dinero e impuestos de los ciudadanos, para beneficiar a familiares del equipo de gobierno y afiliados socialistas. Y ha afirmado, “que eso solo tiene un nombre, y presuntamente, es corrupción política”.
La edil popular ha insistido en la dejación de funciones que se ha realizado desde el equipo de gobierno al no aportar la documentación existente, hecho que está tipificado como un posible delito contra la administración pública, en este caso contra el ayuntamiento. Y es que la obligación de todo alcalde y concejal es defender los intereses del ayuntamiento y de los ciudadanos.
Amalia Gutiérrez ha dejado claro que “aquel que haya dado la orden de no aportar la documentación, no puede ni debe ostentar ningún cargo público y debe presentar su dimisión inmediatamente”.
Ha recordado la concejal popular que los despidos se hicieron conforme a la ley, con el único criterio objetivo de la antigüedad, según confirman los jueces en sus sentencias; y no hubo persecución política, como ha manifestado en diversas ocasiones el alcalde socialista. Así como recuerda que el alcalde socialista miente cuando dice que se despidió a más del 10% de la plantilla de trabajadores laborales; hecho que se justifica con un informe de Secretaría, en el que dice que había más de 300 trabajadores laborales, y se despidieron a 26. Todo esto confirmado por los jueces.
Amalia Gutiérrez ha dejado probado todas estas afirmaciones con los informes, con las pruebas y con las sentencias, que ratifican que los despidos no fueron políticos y que se despidió a menos del 10% de los trabajadores laborales no fijos, conforme establece la ley. Y ha dejado claro que las causas de los despidos fueron estrictamente económicas, derivadas de la ruina económica en que dejaron sumido al ayuntamiento de Villarrobledo el anterior equipo socialista; y todo ello avalado por los diferentes informes y sentencias.
