Aprobada por asentimiento de la Cámara la propuesta de creación de una Comisión permanente no legislativa para las políticas integrales de la Discapacidad para esta legislatura presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Podemos.
Francisco Cañizares Jiménez, portavoz del Grupo Popular, Blanca Fernández Morena, portavoz del Grupo Socialista y David Lorente Sánchez, portavoz del Grupo Podemos, de las Cortes de Castilla-La Mancha, en representación de los Grupos Parlamentarios, han solicitado la aprobación del Pleno de la Cámara la creación de una Comisión Permanente no Legislativa, para la Políticas Integrales de la Discapacidad para la IX Legislatura
JUSTIFICACIÓN
La Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2011, revela que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.
En España, el estudio de las características de la discapacidad se ha centrado en la población de 6 o más años, ya que para los menores el pronóstico de evolución es incierto y solo se analizan las limitaciones adaptadas a su edad.
Para las personas de 6 o más años la tasa de discapacidad se sitúa en 89,7 por cada mil habitantes. El 59,8 % de las personas con discapacidad son mujeres. Las tasas de discapacidad, por edades, son ligeramente superiores en los varones hasta los 44 años y a partir de los 45 se invierte la situación, creciendo esta diferencia a medida que aumenta la edad.
En España hay cerca de 4 millones de personas Discapacitadas, de ellas 1,4 millones están en edad laboral y solo 1 de cada 4 trabajan.
España es además parte de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad firmado por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y, ratificado por España mediante instrumento de 21 de abril de 2008, lo cual lo hace de obligado cumplimiento. La Convención reafirma el carácter de Derechos Humanos de los derechos de las personas con discapacidad.
Además, en nuestro país y en la Unión Europea existen reglamentos que controlan y ordenan estos derechos y deberes; LIONDAU 51/2003 “ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, LISMI 13/1982 “ley de integración social de los minusválidos” y hay que hacerlos cumplir.
Lamentablemente existe un incumplimiento claro de estos reglamentos en todos los ámbitos de nuestra sociedad y también una falta de control y seguimiento de las sanciones correspondientes o un escaso respeto a las sanciones por la levedad de las mismas.
En Castilla-La Mancha, si nos atenemos a las cifras, con una población de 2.062.767 habitantes, entre un 9 % y un 10 % de la población es discapacitada, por tanto estamos hablando de unas 190.000 personas afectadas de una discapacidad que tiene un abanico muy amplio, desde física, motórica, intelectual, enfermedad mental y sensorial. Personas a las que hay que sumar su entorno familiar y al que las administraciones públicas están obligadas a dar una respuesta adecuada, integral y transversal, no sólo en la atención, sino también en todo aquello que garantice su inserción social.
El tejido asociativo de la discapacidad supone un potencial social de extraordinario valor para nuestra Región y, por lo tanto, debe ser interlocutor imprescindible ante las administraciones para avanzar en la respuesta que los poderes públicos de nuestra Comunidad Autónoma deben dar a sus necesidades y reivindicaciones.
En la anterior Legislatura se creó a propuesta de la Mesa de las Cortes, la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad, porque los Grupos Parlamentarios entendieron que la discapacidad debe tener su espacio propio y les permitió conocer de primera mano la realidad, necesidades y asignaturas pendientes que aún existen con estas personas.
Hasta que las personas con discapacidad no consigan el acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, el diseño universal y la accesibilidad global a productos, entornos, bienes y servicios, existe una laguna por cubrir.
Por todo ello, las Cortes de Castilla-La Mancha entienden la necesidad de la creación de una Comisión Permanente no Legislativa que sirva para el análisis y evaluación de las políticas integrales de discapacidad, por lo que se propone al Pleno la aprobación de la siguiente
RESOLUCIÓN
- Se crea la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad con el objeto de trabajar en pro de asegurar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
- Al tratarse de una Comisión Permanente no Legislativa los proyectos, proposiciones o asuntos relativos a las políticas integrales de discapacidad que tengan calado legislativo serán asumidos por la Comisión de Asuntos Sociales.
