Raquel Torralbo, concejala de movilidad en el Ayuntamiento de Ciudad Real, anunciaba esta mañana en rueda de prensa, que desde su concejalía se va a convocar el próximo lunes día 20 de septiembre, el Consejo de Movilidad, con el objetivo de informar sobre las actuaciones previstas para implementar en la Ciudad una zona de bajas emisiones y poder acudir a las ayudas estatales antes de que finalice el mes de septiembre de 2021.
Torralbo, explicaba que con “la entrada en vigor de la ley del Cambio Climático se exige que exista en los municipios una zona de bajas emisiones”, a lo que hay que añadir que “a finales del mes de agosto se han publicado las bases reguladoras para el programa de ayudas a municipios de más de 50.000 habitantes, para la implantación de zonas de bajas emisiones, transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Transformación Urbana y Resilencia”. Por ello, el equipo de gobierno propondrá en la reunión del próximo lunes, que todo el interior de la ronda sea zona de bajas emisiones, con cámaras de control en todos los accesos, peatonalización de nuevas calles en el centro urbano (calles Paloma, Ciruela, Ruiz Morote, Juan II, Postas, en el tramo del mercado, Reyes, Prado y Caballero), además de la creación de un carril-bici que una el Parque Gasset y la Universidad. Esta propuesta se trasladará al Ministerio de Transporte y podrá beneficiarse de los Fondos Europeos con 3.397.680 euros en una primera fase y 2.265.120 euros en el que caso de que hubiera mayor disponibilidad.
La intención del equipo de gobierno es impulsar en nuestra ciudad “la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido y la descarbonización de la movilidad urbana”. Torralbo añadía que “los objetivos marcados son acelerar la implantación de una zona ZBE, fomentar el cambio modal en entornos urbanos hacia modos de transporte sostenible con cero emisiones, priorizando el transporte colectivo y la movilidad activa para mejorar el medio ambiente y la salud”. Con todo ello se pretende obtener “una mayor eficiencia del sistema, y mejorar la accesibilidad del usuario al transporte urbano”.
Estas propuestas tienen la intención final de “mejorar nuestra salud y el medio ambiente en nuestra ciudad”. El Ayuntamiento establecería un calendario para la puesta en marcha mediante una ordenanza, por ejemplo, basada en la clasificación de los vehículos por el año de fabricación. Además, se llevarán a cabo aparcamientos disuasorios y una campaña de concienciación ciudadana. Todas estas actuaciones deberían estar finalizadas a finales del 2024.
