Artículo de opinión de Mayte Fernández y Miguel González.
La igualdad de todos los españoles y españolas es uno de los principios fundamentales de la Constitución. En un Estado Social, Democrático y de Derecho como el nuestro las normas, reglamentos y leyes deben permitir a toda la ciudadanía el desarrollo pleno de sus vidas, derechos y deberes, sin excepción de ninguna clase.
Para que este modelo de Estado alcance su pleno desarrollo es imprescindible entender que la inclusión y la no discriminación también son parte del proceso, y que es el propio Estado con todos sus mecanismos y recursos quien tiene que velar para que también las personas con discapacidad formen parte de la construcción del país que queremos.
Para ello es imprescindible que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con garantías, en libertad e igualdad, como todas las demás, contando con el apoyo que precisen por parte de su entorno social y familiar.
Hoy entra en vigor en España la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una ley que garantiza lo que cientos de miles de personas con discapacidad han reivindicado durante mucho tiempo: tomar sus propias decisiones, conseguir sus sueños con los apoyos que precisen. Una petición histórica del propio colectivo, de la sociedad civil organizada y también del entorno familiar que por fin se hace realidad.
La Ley 8/2021 se enmarca en la legislatura del avance social para las personas con discapacidad. Como ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta debe ser la legislatura de reconocimiento de derechos para el colectivo. Un nuevo tiempo que se inició con la recuperación del derecho al voto de las personas con discapacidad en 2018, continuando con la supresión de la esterilización forzosa a las mujeres con discapacidad y que hoy cumple un importante hito con la entrada en vigor de esta ley. Un camino iniciado que ha de culminar con la inminente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
A partir de hoy cambia el paradigma de los apoyos establecidos para las personas con discapacidad en la conformación de las decisiones más relevantes de su vida; tales como realizar un contrato, poder acudir a una notaría o ser parte en un proceso judicial o tomar una herencia, entre muchas otras, mediante los apoyos que precise.
El ejercicio de estas acciones, tan sencillas para la mayoría de la ciudadanía pero que suponen un paso de gigante para las personas con discapacidad, se emprenderá mediante la sustitución del actual sistema de incapacitación judicial a un nuevo modelo de apoyos más flexible, voluntario y que atenderá a las necesidades de cada persona.
Hay quien puede decir que esta reforma es demasiado ambiciosa, así también lo entendemos la inmensa mayoría de legisladores que votamos a favor de la misma. Esta es una ley que se pone a la altura de la ambición de las personas con discapacidad para conquistar su autonomía. Para ello será necesario la colaboración y concienciación de toda la sociedad; empezando por los familiares, el colectivo organizado, pero también los operadores jurídicos (personal de la Administración de Justicia, abogados), trabajadores sociales y administraciones públicas. Todos ellos tendrán un papel fundamental en el éxito de la aplicación de esta ley.
Hoy, con la entrada en vigor de esta Ley, la sociedad española da un paso más. Lo hacemos juntos, en sociedad, en igualdad. Hoy, en el siglo XXI, en plena pandemia y entre tanto ruido, las personas con discapacidad avanzan hacia la plena igualdad, contemplando en el horizonte el próximo hito a alcanzar para seguir avanzando. Para nosotros, que sentimos la política con vocación de servicio público, es un compromiso y un honor compartir este intenso camino.
Mayte Fernández. Presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad en el Senado.
Miguel Ángel González. Ponente en el Congreso de los Diputados de la Ley 8/2021.
