La líder naranja en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, señala que “detrás de las ocupaciones no hay personas necesitadas, sino mafias y activistas ideológicos que perjudican gravemente a familias trabajadoras”
Ciudadanos ha planteado un paquete de medidas para endurecer la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Mejorar la coordinación entre administraciones, “cerrar el grifo de las ayudas públicas” a quienes hayan sido condenados por este motivo o dar legitimidad a las juntas de propietarios para denunciar son algunas de las propuestas de la formación naranja, expuestas este martes en rueda de prensa por su portavoz, Carmen Picazo.
“Hace falta una legislación adecuada, que vaya por delante del problema, y una justicia ágil que dé respuesta a los propietarios afectados, como ocurre ya en países vecinos, con legislaciones más adecuadas”, ha reclamado la líder de la formación de centro, quien ha pedido que se agilicen al máximo los procedimientos judiciales y que se endurezcan las penas, sobre todo cuando haya mafias implicadas.
Un problema para muchas familias de Castilla-La Mancha
En este sentido, ha afirmado que “no estamos ante un problema de vivienda, pues en muchos casos no son personas necesitadas las que ocupan ilegalmente las casas, sino mafias o activistas ideológicos que perjudican gravemente a familias trabajadoras que con mucho esfuerzo han logrado pagar sus casas”. A este respecto ha lamentado que este “grave problema que angustia a tantas familias de nuestra región” sea utilizado por el PSOE y el PP como “un asunto con el que buscan ponerse una medalla”.
Picazo, ha señalado que se trata de “dos partidos a la carrera por ver quién se apunta un tanto”, recordando que ambas formaciones han gobernado en la región y sin embargo “no han movido un dedo”. No obstante, ha celebrado que por fin se unan a una lucha “necesaria” y ha manifestado que Ciudadanos ya viene reivindicando medidas desde hace meses “tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados, donde en julio presentamos una ‘ley anti okupas’ que proponía, entre otras medidas, endurecer el delito de usurpación y agilizar la expulsión”.
