No es preciso señalar que la Crisis Sanitaria del Coronavirus está afectando, de manera muy drástica, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; ni que las personas que integran dichos sectores y los profesionales que les dan servicio, merecen las medidas necesarias para garantizar su seguridad, su salud y la de sus familiares.
Partiendo desde esta premisa, las empresas que realizan labores sociales, generalmente en nombre (través de conciertos o contratación pública) de las administraciones públicas (responsables y garantes de estas competencias), no pueden ser los únicos responsables de las carencias que en dichas medidas existen, ya que están sufriendo “problemas de procedencia externa”, como la cancelación, por parte de diferentes proveedores de Equipos Personales de Protección (EPI), para poder suministrarlos a los servicios puramente públicos.
Unido a este problema, que podría valorarse como puramente logístico, estas empresas se encuentran ante una total desatención por parte de sus interlocutores de la administración, sintiendo una sensación total de abandono, no sólo hacia las propias empresas, sino también hacia sus trabajadores.
Por tanto, las empresas que prestan servicios sociales, en general, y las que gestionan centros de mayores de la provincia de Ciudad Real (más en particular) están afrontando esta crisis, realizando esfuerzos extraordinarios para prestar el servicio (la otra opción sería desatender a los beneficiarios) en las mejores condiciones, con unos recursos cada vez más limitados.
Es posible que el presidente regional no haya sido informado de estas faltas de medios cuando, en sus declaraciones a una cadena de radio, reconocía el drama de las residencias (algo que, por otro lado, tanto empresas, como trabajadores, usuarios y familiares compartimos) , avisando de que se realizará “una auditoría precisa del funcionamiento de cada una de ellas, esencialmente las privadas, las que han respondido y «las que han buscado escaparse, que de todo hay en la vida»; ni siquiera le habrán mencionado que, dicho control, ya debería estar realizándose desde hace más de 9 años, desde la entrada en vigor de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, donde se recogían una serie de principios, derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, con la finalidad de contribuir a la mejora permanente en la prestación de dichos servicios.
Más concretamente, en su artículo 52, dicha Ley Regional establece que están sometidas a la inspección y control todas las actuaciones realizadas por entidades públicas y privadas, así como los equipamientos de servicios sociales, correspondiendo la inspección y control de los mismos a la Consejería de Bienestar Social. Control que más recientemente se ha articulado con la publicación, este mismo ejercicio, de la Orden 183/2019, de 26 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia para 2020 y se establecen las prioridades en materia de inspección. (Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 02-01-2020).
En consecuencia, no se entiende que, precisamente en estos momentos tan sensibles, se haya anunciado la realización de auditorías, cuando, al menos en teoría, se debe estar realizando labores inspectoras desde hace casi una década. De no ser así, en caso de existir negligencias, se deberá tomar represalias empezando, en primer lugar, con el área de la Consejería competente, encargada de dichas inspecciones.
Las empresas y profesionales de este sector tan fundamental en el Estado del Bienestar conocen sus obligaciones y comparten vocación por el Servicio Social. La misma justificación de la Orden 183/2019 dice que La garantía de calidad y seguridad de los servicios constituye un aspecto fundamental de la política de protección de los derechos sociales. Debido a ello, la prestación de los servicios sociales se rige por los principios de autorización previa que garantiza la competencia y adecuación de los mismos para la actividad para la que han sido establecidos, así como de supervisión del funcionamiento por parte de los servicios de inspección. Pero también continúa diciendo, un poco más adelante, que Estas actuaciones de la autoridad de servicios sociales deben estar alineadas con la política de mejora continua de los servicios sociales, de forma que contribuyan a una mayor seguridad y calidad de los mismos y a una protección efectiva de los derechos de las personas que los utilizan (algo que parece ser que se está obviando en estos momentos).
Por todo ello, desde las empresas afectadas y desde la propia Federación Empresarial de Ciudad Real se solicita, una vez más, que antes de “anunciar adoptar consecuencias, se colabore en la prevención de las causas”, realizando el trabajo y asumiendo las responsabilidades que a cada parte corresponden.
