En el trascurso de la reunión, todas las partes han coincidido en el acierto que ha supuesto esta medida que, según ha enfatizado la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María de los Ángeles Marchante, “ha contado con un alto grado de satisfacción por parte de los más de 33.000 docentes que se han beneficiado de la misma”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando los trámites necesarios para la renovación, por segundo año consecutivo, de la póliza de asistencia letrada al profesorado, una medida para mejorar la protección jurídica de los docentes, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
María Ángeles Marchante, directora general de Inclusión Educativa y Programas, se ha reunido, recientemente, con Sara García, de OAN; e Inés Moreno de Europ-Assistance, en los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el objetivo de seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos y los procedimientos fijados para la renovación de dicha póliza.
En el trascurso de la reunión, todas las partes presentes han coincidido en el acierto que ha supuesto esta medida, la cual, según ha enfatizado la directora general de Inclusión Educativa y Programas, “ha contado con un alto grado de satisfacción por parte de los más de 33.000 docentes que se han beneficiado de la misma”.
Para mejorar la protección jurídica del profesorado, la Consejería de Educación Cultura y Deportes suscribió, el año pasado, una póliza de asistencia global cuya cobertura afectase tanto al personal docente de centros públicos no universitarios como al profesorado de centros privados concertados.
Esta asistencia, contratada con Europ-Assistance España, Sociedad Anónima de Seguros y reaseguros, por un importe de 29.752,20 euros, para un total estimado de 33.058 docentes, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2019, y de su activación y tramitación se encargó la Unidad de Atención al Profesorado (UAP).
La asistencia, supuso, por un lado, la práctica unificación de procedimientos de solicitud y concesión del servicio prestado al profesorado de centros públicos y de centros privados concertados, así como la posibilidad de realizar consultas puntuales previas a la formulación de denuncias o de haber citación judicial.
Desde su entrada en vigor hasta la fecha, la UAP, así como Europ-Assistance, han venido ajustando los procedimientos hasta conseguir un funcionamiento práctico y fluido de los servicios prestados.
