Se ha acordado expresar el apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara celebrado este viernes ha aprobado una propuesta para combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social.
De esta forma, y a propuesta del Grupo Popular, se ha acordado expresar el firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero; y reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas.
Esta moción viene al hilo del anuncio del Partido Popular de presentar una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus agentes) podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.
“Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados “alcaldes del cambio”, esta Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a “consentir” una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad”, se dice en la propuesta aprobada.
Cuando hay una ocupación ilegal, se prosigue en la exposición de motivos, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad. Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas “okupadas”, 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas. La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de okupación. Así también, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular.
