Artículo de opinión de Inmaculada Herranz, consejera para la Coordinación del Plan de Garantías
El diálogo acerca de la implementación de los sistemas de garantías de ingresos en condiciones de dignidad ha dejado de ser un debate para convertirse en un claro y convencido clamor desde organismos internacionales, instituciones europeas, organizaciones sindicales, organismos nacionales especializados y el conjunto de entidades económicas, sociales y profesionales.
Por un lado, en el marco europeo, tanto la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, como el Comité Económico y Social Europeo, llevan varios años trabajando en propuestas de resolución del Parlamento Europeo para que se aborden directrices en las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza, contribuyendo además a apoyar la integración social y el acceso al mercado de trabajo para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y para que se constituya como esbozo preliminar de un pilar europeo de derechos sociales . Garantizar a la población europea una renta mínima se encuentra en la agenda política europea, así lo demuestra el debate llevado a cabo el pasado 3 de octubre en el Parlamento Europeo bajo el título “Una renta mínima para una Europa justa: un derecho de los ciudadanos”. Como podemos observar, desde el contexto europeo, se han dado indicaciones concretas al respecto, que han sido desoídas por algunos de los Estados en su implementación desde el ámbito nacional, como es el caso de España.
Dentro del panorama nacional, las voces propuestas y experiencias autonómicas caminan en la misma dirección. Desde organismos especializados como el Alto Comisionado para la Pobreza infantil, el propio Pau Mari-Klose, incide en que el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital, podría llegar a erradicar prácticamente la pobreza infantil severa y reducir los niveles de desigualdad general, siendo que ahora España es uno de los más desiguales, hasta umbrales próximos a la media europea .Esta misma idea queda reflejada en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos mayoritarios UGT Y CC.OO, y apoyada por 700.000 firmas, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados en 2017, tras 19 intentos de veto por parte del Partido Popular. La finalidad de la ILP es la creación de una nueva Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social, y que esté destinada a garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales las personas.
Del conjunto de entidades del tercer sector de acción social que trabajan en la lucha contra la pobreza, destaca el posicionamiento de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que en su ámbito nacional está conformada por 19 redes autonómicas y 16 entidades estatales, y en el caso de Castilla-La Mancha, por 38 organizaciones no lucrativas de toda la región de entre las que destacan sindicatos mayoritarios como CC.OO, UGT; colegios profesionales, asociaciones de vecinos/as, UNICEF, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja y otras entidades de iniciativa social de la región. Conforme a las directrices europeas en la materia, centran una gran parte de sus objetivos en trabajar de forma activa para que se regule una renta mínima como instrumento para hacer frente a las situaciones de pobreza incidiendo en las desigualdades territoriales que existen al respeto.
Sin embargo, dentro del territorio nacional, no solo encontramos voces y propuestas sino realidades. Es en la política autonómica donde encontramos los mayores avances en las políticas de garantía de ingresos como instrumentos para hacer frente a las situaciones de desigualdad social. Si bien resulta paradigmático el caso del País Vasco con una Renta de Garantía de Ingresos que se circunscribe a finales de los años 80, en los últimos tres años un conjunto significativo de comunidades autónomas como Navarra, Valencia, Baleares, Cataluña, La Rioja, el Anteproyecto en Aragón o la modificación del Decreto en Andalucía, han tomado el testigo en la creación de derechos avanzados basados en la dignidad y que, en palabras de expertos como José Antonio Noguera, suponen una nueva generación de rentas mínimas.
En este contexto, Castilla-La Mancha se encuentra en condiciones idóneas para implementar un sistema de garantía de ingresos que recoja el testigo del proceso llevado a cabo en otras comunidades autónomas y que coloque a la ciudadanía de esta región en un nivel avanzado de derechos. El Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone un nuevo sistema de protección social sólido y estable para hacer frente a la precarización de las condiciones de vida en la región.
Inmaculada Herranz, consejera para la Coordinación del Plan de Garantías
